Hace días se recordó en estas páginas un viejo dicho a propósito del concurso para la adjudicación de la Plaza de Zaragoza: “Lo que mal comienza, peor acaba”. Y cada día que pasa se hizo más realidad, hasta llegar primro ahora a la suspensión cautelar del procedimiento administrativo por orden judicial, luego a laadjudicacñon por sorteo y, al final, a la suspensión de la feria de San Jorge.
Desde casi el inicio del proceso administrativo los grandes poderes taurinos hicieron causa común contra el pliego de esta adjudicación, por entender que constituía “una amenaza irresponsable e incuestionable para su viabilidad y sostenibilidad económica”. Palabras muy duras, pero ciertas. De hecho, a aquella llamada a arrebato tan sólo se le pueden poner dos peros puramente formales: no era elegante que uno de sus promotores fuera, en nombre de ANOET, el empresario al que la Diputación de Zaragoza acababa de denegar la prórroga del contrato de arrendamiento, cuando la patronal pudo estar representada por otro profesional; pero tampoco era precisamente oportuno que en este lio se metiera la Fundación del Toro de Lidia que, por más activo que esté su nuevo Presidente, no se creó para enfangarse en las disputas internas de los sectores que integran al mundo del toro.
Quizá aquella llamada de atención, que en realidad fue un legitimo acto de lobby, llegó tarde, en tiempo o en forma.. O quizá la Diputación de Zaragoza prefirió hacer oídos sordos. Pero la realidad es que los convocantes del concurso siguieron adelante, para luego descubrir que tan sólo dos empresas localistas se presentaron y con plicas más que dudosas.
Y así, por ejemplo, no puede considerarse normal que una empresa cuya propiedad está dividida por pleitos familiares, como el caso de Circuitos Taurinos SL, acabara aportando a cada una de las partes confrontadas en el concurso lo que no podían cumplir: los requisitos previstos en cuanto a experiencia empresarial. Pero, además, por más que mercantilmente pueda ser correcto, no deja de ser llamativo que uno de los concursante se presentara bajo tres plicas diferentes, cada una de ellas a través de sociedades que tan acababan de adquirir que ni siquiera había dado tiempo a inscribir tal cambio en el registro.
No ha sido un factor menor que, conociendo que el primer compromiso taurino era la Feria de San Jorge, a celebrar a finales de abril, la Diputación convocara su concurso con tan poco plazo de tiempo, en el que no siquiera se tenían en cuenta que cualquier recurso que se plateara se comería las fechas necesarias para su organización.
Con todo lo cual, el despropósito de la Diputación de Zaragoza en este concurso ha sido mayúsculo. Con toda razón los taurinos, aunque luego no hagan nada efectivo en la práctica para acabar con esa cuestión, se quejan de las formas de hacer de no pocas de las Administraciones publicas propietarios de plazas de toros. Unos, porque se pasan muchos pueblos en sus exigencias económicas, cuando en la Fiesta los dineros están tan contados; otros, porque ponen tales condiciones que hasta predeterminan quien puede ser el ganador. Y mientras tanto, nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato de pactar con la Federación de Municipio y Provincias un acuerdo marco para estos concursos, como en su día se trataba de hacer desde la Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos.
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