El próximo miércoles, 6 de noviembre, está previsto que el Pleno del Senado incluya en su orden del día el debate y aprobación de la proposición de ley sobre la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, una vez que la Comisión de Cultura de la Cámara alta ha dejado dictaminada la propuesta.
La mayoría absoluta del Grupo Popular garantiza por sí sola su aprobación, manteniéndose inalterable el texto que ya fue aprobado en el Congreso. Con lo cual, se hace innecesario que el texto legal vuelva de nuevo a la Cámara baja, sino que pasará directamente a la sanción por el Rey y a la correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado. Concluye así un largo camino, iniciado en marzo de 2011 por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, que alcanzó un notable respaldo popular.
A lo largo de todo este proceso el texto ha ido adaptándose al conjunto normativo que en la materia rige en nuestro país, hasta acabar siendo una proposición que mejora y completa las pretensiones iniciales. El propio hecho de cambiar el concepto de Bien de Interés Cultural por el de Patrimonio Cultural constituye un elemento muy sustantivo, como han puesto de manifiesto distintos expertos jurídicos, que por sí sólo justifica la iniciativa legal.
La práctica certeza de que el Pleno del Senado va a aprobar la Ley no puede considerarse que estamos ante un simple trámite. Una sesión plenaria en el Parlamento nunca es un trámite, en la misma medida que es un ejercicio práctico de la soberanía popular. En nuestro caso, además, la sesión plenaria del próximo jueves marcará un hito en la historia de la Tauromaquia.
En este caso, va permitir dejar ya fijadas definitivamente las posiciones que frente a la Tauromaquia mantienen los distintos grupos políticos. Si semanas atrás en el Congreso se definieron de forma nítida, y en algunos casos profundamente decepcionantes –como ocurrió con la bancada socialista–, ahora tienen la última oportunidad para matizar sus discursos.
Pero, lamentablemente, a la vista de lo oído en la Comisión de Cultura del Senado, no parece probable que tal ocurra, sino que volveremos a asistir a unos planteamientos idénticos a los ya conocidos. Será la última oportunidad perdida por quienes no aciertan a comprender el profundo arraigo social que la Tauromaquia tiene en España, ultima oportunidad frente a la que luego ya no cabrán pronunciamientos matizadores, que no serán más que muestras de oportunismos.
El incomprensible silencio, salvo muy contadas excepciones, con el que los sectores taurinos han recibido a la nueva Ley, se hace ya clamoroso. O no saben ver cuántas posibilidades de futuro se contienen en la nueva norma legal, o es que andan enzarzados en sus propias batallas personales, ajenos por completo a la realidad social, institucional e histórica de la Tauromaquia en el siglo XXI. En cualquier caso, no deja de ser la demostración palpable de una ceguera preocupante, que además les invalida en gran medida para futuras reclamaciones, a las que son tan dados.
Sin embargo, incluso a pesar de los taurinos, la Ley resulta trascendente, desde luego mucho más que lo que ellos mismos hubieran soñado en los comienzos de la ILP. En primer término, porque formaliza de manera solemne el carácter de la Tauromaquia como disciplina de la Cultura y del Patrimonio de España. Y eso por sí sólo es muchísimo más que una simple declaración de principios.
Pero, además, porque abre un camino, que ahora hay que ir explorando con buen tino, que permite normalizar la presencia institucional de la Tauromaquia, con todo lo que ello supone. Ya no es tan sólo una forma de espectáculo en el que la Administración Pública tenía encomendadas casi exclusivamente labores de policía y de control. Con la nueva ley pasa a ser un patrimonio común de todos los españoles y como tal debe ser objeto de protección por parte de los poderes públicos, una responsabilidad muy superior a la que hasta ahora tenían.
Se solemniza, además, su carácter de disciplina de la Cultura, con el mismo rango y condición que otras disciplinas. Y esto también es mucho más que una mera consideración administrativa, en la medida que conlleva deberes y derechos, tanto públicos como privados.
Con una visión exclusivamente práctica y finalista, de cortos vuelos por cierto, algunos profesionales de lo taurino se preguntan: ¿y ahora qué?, una interrogante de la que esperan una repuesta inmediata y concreta a sus problemas, reivindicaciones e inquietudes específicas.
Sin embargo, la respuesta debiera ser, lo va a ser en la práctica, muy diferente. Ahora será lo que entre todos seamos capaces de realizar. Se cuenta ya con una herramienta incluida en el ordenamiento legislativo, cuya puesta en práctica compete y compromete por igual a los poderes públicos y a los ciudadanos. Las leyes, de por sí, no contienen la solución mágica e inmediata de los problemas concretos, sino que son instrumentos que permiten adoptar decisiones, precisamente para solucionar tales problemas. Y a ello toca ahora ponerse.
Por eso, el verdadero baremo de las metas por las que están dispuestos trabajar va a venir dado, por ejemplo, por el grado de colaboración e implicación que los sectores taurinos demuestren para la puesta en práctica de las medidas que la ley propone, cuya concreción primera será el Plan Nacional de Tauromaquia. No es que sea utópico, es que carece de todo sentido, pensar hoy y en las actuales circunstancias que dicho Plan será en sí mismo la panacea de todas las panaceas y, además, con cargo al erario público; será, por el contrario, el fruto del compromiso, también en lo económico, que cada cual desde su parcela profesional sea capaz de asumir.
Es en función de ese grado de compromiso e implicación de todos cómo se van a medir los efectos sobre la Tauromaquia de la nueva Ley. De ahí que frente a esa pregunta del “¿y ahora qué?, necesariamente hay que responder que ahora la pelota está en el tejado de los propios taurinos, de ellos dependerá la hondura y amplitud de la respuesta, la efectividad práctica de la propia Ley. Tras las reivindicaciones, hoy llega la hora de trabajar.
0 comentarios