Vista Alegre inicia una nueva era: vuelve a la economía privada

En el último siglo es la segunda vez que la gestión de esta Plaza cambia su rumbo. La anterior se dio en 1950, cuando ante las pérdidas ocasionadas por el agosto taurino, la Junta Administrativa de Vista Alegre cedió la gestión primero a don Pablo Martínez Elizondo y luego, de dos en dos años, a la oferta que en concurso privado consideraron más adecuada. Adviértase que al ser entonces una actividad privada, la propiedad de la plaza quedaba con las manos libres a la hora de elegir al gestor.

Lo cierto es que, con aquel cambio, las Corridas Generales pasaron de una entrada media que no superaba el 50% del aforo, a estabilizarse por encima del 80%, especialmente durante el bienio que la gestión corrió a cargo del llamado Grupo Club Cocherito. Luego, tras el concurso celebrado en noviembre de 1957, cuando se presentaron 12 plicas diferentes, la gestión ya quedó en manos de los Chopera, sin necesidad de concurso alguno; en unas etapas con las dos ramas de la familia Chopera, más tarde solo en la que encabezaban los hermanos Manuel y Jesús Martínez Flamarique, los hijos de don Pablo.

Pero la Tauromaquia y la propia afición vivía unos momentos muy diferentes a los que vinieron luego. Al comienzo, porque con dos novilladas con Aparicio y Litri se salvaban las cuentas; luego porque irrumpió “Chamaco” –dos tardes se anunció en agosto para su presentación como novillero– y más tarde Manuel Benítez, que ya andaba apoderado por los propios Chopera. Lejos quedaba la crisis que se abrió a finales de la década de los años 70. Pero hasta que llegó era un verdadero problema encontrar un abono para las Corridas Generales y, a través de una subcontrata, hubo temporadas en la que se dieron hasta 17 novilladas picadas, organizadas por un personaje inolvidable, Joselito Cruz, que marcó toda una época en la capital vizcaína.

Sociológicamente resulta muy curioso comparar fotografías de los tendido en aquella época de los 60 y 70 con las actuales. Desde luego, por la imagen que reflejaban los tendidos repletos; pero también por la elegancia de quienes lo ocupaban: eran días de estreno y de peluquería para la señoras, de traje y corbata para los caballeros.

El inicio de otra etapa

Pero la crisis llegó. El último contrato de la Casa Chopera como empresarios de Vista Alegre concluyó con la temporada de 1980, en la que se pagó un canon de 14 millones de pesetas. Vista la evolución de la asistencia y las cuentas, a partir del año siguiente, la Junta y los Chopera acordaron un nuevo régimen de explotación: la Junta Administrativa  pasaba a ser la entidad mercantilmente responsable a todos los efectos de las actividades taurinas, en tanto los Chopera pasaban a ser los asesores externos –con distintas denominaciones según las etapas– de la Plaza, por lo que se les retribuía con un % variable en función de los ingresos registrados en taquilla, que es la fórmula que heredaron los hijos del gran empresario y que llegó hasta este mismo mes de agosto. 

En paralelo con ese periodo, la propiedad de la plaza pasó a ser semipública, cuando el Ayuntamiento se hizo cargo del 50% del que era titular el Hospital Civil de Basurto, cuando por sus graves dificultades económicas tuvo que pasar a ser de la Administración vasca, a riesgo de desaparecer. La parte sanitaria se integró en el excelente Servicio Vasco de Salud; el inmueble y las responsabilidades taurinas y la Plaza, al Ayuntamiento de Bilbao. La propiedad de Vista Alegre pasaba, pues, a ser en un 50% pública, en el otro 50% de fines asistenciales y benéficos a través de la Casa de Misericordia. Pero el gobierno de la Junta Administrativa también debió cambiar, para dar entrada a la representación municipal; un nueva situación que no ha sido precisamente marginal.

Todo marchó razonablemente bien, aunque afectado por lo que la historiadora Laura del Rey definió con acierto como “el declive social” de la Fiesta en Bilbao.  Coincidiendo –o mejor: como consecuencia de– con la entrada en la última década, el Ayuntamiento bilbaíno decidió iniciar de nuevo el proceso de privatización de la gestión. El proceso, un tanto improvisado, pasó por alto y bajos, en una ocasiones por desconocimiento de algunos responsables municipales; en otros porque la Casa Chopera había atado bien con la Junta su ultimo contrato de servicios profesionales, que por una prórroga consensuada, ha llegado hasta este mismo mes de agosto; es el contrato aquel del que el actual alcalde dijo que no se podía disolver anticipadamente porque no era posible hacerse cargo de las indemnización que fijaba el acuerdo para un caso así.

Convocado con el temor de que no hubiera candidatos, finalmente se convocó el concurso público de adjudicación de la gestión de la plaza, que en unas semanas quedará formalizado. El pliego de condiciones no convenció, porque otros empresarios consideraban que estaba elaborado a la medida de la Casa Chopera. Plantearon recursos y anunciaron demandas; ni los primeros prosperaron, ni las segundas llegaron al Juzgado. Y al final, el único candidato volvió a ser la Casa Chopera, asociado con el multimillonario mexicano Albert Bailleres, aquel que con el que Simón Casas fundó la Fusión Internacional por la Tauromaquia, un proyecto del que el empresario de Madrid se bajó en marcha antes de empezar a rodar.

La unión de los Chopera y Bailleres les permite la gestión conjunta de un buen número de plazas, aunque fracasaron en su intento de hacerse con Las Ventas. Sin embargo, de todas ellas tan sólo dos son de 1ª: Bilbao y San Sebastián, ambas dependientes de los empresarios donostiarras. Casi ninguna de ellas anda por caminos brillantes: Córdoba es una ruina, Almería está en declive pronunciado, San Sebastián tiene la inseguridad de depender de lo que decida su Ayuntamiento, Logroño tiene altibajos…. Total, que al final, la más segura resulta que es una  plaza de 3ª: Olivenza, que ha afianzado su feria como inicio de la temporada.

Precisamente por eso la apuesta que han hecho para quedarse con la gestión de Bilbao les resulta tan importante: es incorporar un mascaron de proa a un grupo, con el que Bailleres quiere crecer en España, sobre la base que aporta la Casa Chopera.

A la espera del tercer sobre 

¿Qué pasará a partir del 1 de octubre? Para poder atisbarlo, primero hay que esperar a conocer el contenido del sobre en el que BFM SL especifica su oferta taurina y extrataurina. Por ahora tan sólo conocemos la parte económica: los 250.000 euros como canon.

Pero en esto hay unas incógnitas importantes: ¿mantendrán la política conservadora que hasta ahora han aconsejado a la Junta o se lanzaran a mayores? Claro que en este punto nos encontramos con lo que es más que un matiz: hasta este 2019 se jugaba con dineros prácticamente públicos y/o de beneficencia, que  deben manejarse con extremo cuidado. Sin embargo, ahora ya los riesgos pasan a ser exclusivamente privados, como para todos los que trabajan a pérdidas y ganancias, sin el paraguas de lo público.

¿Se recuperará la corrida del aniversario, antes llamada de la Prensa?, ¿volverán las novilladas a Vista Alegre?, ¿tendrán un colaborador externo –un nuevo José Cruz– para los festejos menores?, ¿servirá la nueva etapa para que Bilbao pueda ver alguna vez a Diego Ventura? ¿se recuperará realmente el “toro de Bilbao”? Las preguntas pueden ser muchas. Las respuestas están dentro de un sobre, que ahora estudian los técnicos del Ayuntamiento

Lo que en ese sobre no encontraremos es respuesta al papel que le corresponderá  jugar en el futuro la Junta Administrativa, una vez que ya no tiene actividad mercantil. Antiguamente la Junta era como un supervisor de la gestión del empresario; podría decirse que buscaba ejercer de garante de los intereses de los aficionados de Bilbao, aunque no siempre lo hicieran a satisfacción de todos.

Ahora, dejando al margen el mal clima de opinión que se está fraguando entre sectores de aficionados, hay un pliego de condiciones y una plica ganadora, cuyos contenidos son de obligado cumplimiento. Los derechos y obligaciones están tasados.  Su supervisión pudiera pensarse que corre a partes iguales entre los dos propietarios: el Ayuntamiento y la Casa de Misericordia. ¿La Junta será el instrumento que utilicen para semejante tarea? Pueden abrigarse algunas dudas de que sea así, siquiera sea porque sus componentes políticos tienen que dar cuenta publica, a través de la corporación municipal, de sus actuaciones en esa Junta y del desarrollo de una adjudicación.