Urgencia y necesidad de un plan de rescate para la novillería, el sector del futuro para la Fiesta

“Es imperiosamente necesario que la fiesta de los toros afronte una rebaja de costes". “Tiene que haber un profundo proceso de transformación para el mantenimiento de los espectáculos taurinos". “Todos deben renunciar a parte de lo que les corresponda, todos tienen que revisar sus costes o, en las actuales condiciones, el espectáculo no se podrá permanecer así mucho tiempo".

Desde el sentido común, no se puede estar más que de acuerdo con los anteriores diagnósticos. Los realizó hace unos días en Logroño Juan Antonio Gómez-Angulo, al que quizás por una confusión terminológica se le presentó como Director del Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia –cargo insistente–, cuando en realidad lo que hizo fue presidir y coordinar la Comisión de expertos, que por mandato del BOE se extinguió el pasado 3 de enero al entregar su Informe, que por cierto contenía con muchísimos  elementos a tener en cuenta.

Pero disquisiciones al margen, resulta incontrovertible que las reglas por las que se rige el negocio y la actividad taurina están fuera de la realidad económica y hasta social de hoy en día. Cada vez parece mas urgente ir al rescate de una actividad que hace aguas se mire por donde se mire. Por eso, en esta materia encuentran un amplio e importante campo de trabajo quienes tratan de hacer realidad el Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia.

Ese rescate, que hoy resulta indispensable, afecta a todos los estamentos de la Fiesta. Como matizaba el propio Gómez-Angulo, hasta ahora los que más sacrificios han hecho, por voluntad propia o impuestos por la realidad, ha sido los ganaderos, que difícilmente consigue el objetivo de mínimo de cubrir sus costes de producción.

El rescate de la novillería

Pero como ocurre en otras muchas actividades económicas, tal necesidad resulta más imperiosa en el estamento más débil y frágil de la Fiesta, que es la novillería. Si no se comienza a arreglar las cosas desde abajo, cualquier otra actuación quedará tocada del ala.

Aunque algunos taurinos miren hacia otro lado, al amparo del recurso manido del “siempre ha sido así” –extremo que no responde a la verdad–, la realidad es que hoy tratar de abrirse camino como novillero, sin caballos y con ellos, constituye una auténtica “travesía del desierto”. Sólo así se explica, por ejemplo, que no pocos, incluso los que han sido punteros en su escalafón, lleguen a la alternativa endeudados hasta las cejas y con escaso margen de salida.

Pues bien, este problema es, ante todo, una cuestión estructural, algo mucho más trascendente que la propia y abundante picaresca que en ocasiones rodea a quienes quieren ser toreros. Como tal, exige un verdadero plan de rescate, que no tiene por qué diferenciarse de otros muchos que se han hecho para distintas actividades económicas y profesionales. Pero un plan tan profundo que debiera contener incluso modificaciones normativas específicas.

En este sentido,  bueno sería comenzar por clarificar las actuaciones de las corporaciones locales en esta materia, entre otras cosas porque son las que un mayor número de festejos promueven, y además en progresión creciente hoy en día en esto que ha venido en llamarse la Fiesta de base.

Y así, si se opera con datos reales, no tiene sentido alguno que los condicionantes, que acaban por ser económicos, que requieren para la organización de un festejo sin caballos distan muy pocos de los exigidos para una corrida de toros. Salvo en lo que se refiere a la seguridad, tanta tasa y tanto certificado resultan innecesarios.

En cambio, mucho más importante sería que los Ayuntamientos se cercioran debidamente a quienes encargan la organización de los festejos, precisamente para romper con una picaresca que tanto daño hace: empresarios que exigen el consabido 30%, por ejemplo. En esto la Federación de Municipio debiera ser garante y juez de la limpieza de que aquellos a los que contratan.

Cambios normativos

Pero si nos atenemos a la normativa en vigor, la práctica totalidad de la novillería recibe a todos los efectos la conceptuación de profesionales, con la salvedad de lo que se han denominado “clases prácticas”.

Cuando se trata de poner un poco de sensatez en la materia, la solución pasa por una régimen especial para los novilleros, tanto en cuanto a seguros sociales y condiciones laborales como a la fiscalidad en razón de su singular estatus. Pero si trata de materializar este cambio, tan sólo cabe confiar en una modificación específicamente diseñado en la propia normativa por los ministerios de Trabajo y de Hacienda, y de forma consecuente en los pactos sociales del sector.

Si en otros campos, en especial para promover la creación de empleo, se hacen estas excepciones, incluyendo bonificaciones de todo tipo para quienes contratan a los jóvenes, no se da ningún motivo fundado para que lo mismo se haga con la novillería.

En este sentido, la incorporación a todos los efectos de las Escuelas Taurinas al régimen común de la Formación Profesional puede abrir nuevos campos, que permitan y faciliten que esa etapa de verdadera formación, como son las novilladas, cuenten con un régimen específico y propio.

El caso de las cuadrillas

Pero no menor es el cambio que tiene que operarse en el régimen seguido por estamento de los cuadrillas, cuyos costes con las actuales estipulaciones sindicales resulta prácticamente imposible de cubrir, salvo que se haga a pérdidas. 

Debe reconocerse que lo actual ha quedado obsoleto. Baste recordar como incluso matadores de toros de primera fila se suelen incluso caer de  carteles de finales de la temporada para no traspasar ese rubicón de los 43 contratos, que les catapulta al Grupo especial. Cuando se repasa el escalafón de 2013 quedan pocas dudas. Si esto ocurre, lo único cierto es que la normativa exigible se ha quedado desfasada.

Puede ser comprensible que sindicalmente los interesados se resistan a perder hipotéticos puestos de trabajo, que en este caso en son realidad hipotéticas actuaciones, porque su trabajo es discontinuo por naturaleza. Pero frente a ese criterio está la realidad: las exigencias actuales en cuanto a composición de las cuadrillas no cuadra con las circunstancias que se viven. Es cosa de hacer números, para ver que es lo que más adecuado. Pero, por ejemplo, las exigencias que hay que cumplir para torear en un festival, en las actuales circunstancias económicas están fuera de lógica.

Si esto resulta evidente en el caso del escalafón superior, con mucho más sentido se cumple en la novillería. ¿Es de absoluta necesidad que un novillero con caballos tenga que contratar a cinco subalternos por actuación?, ¿no tendría más lógica que la cuadrilla la formaran tan sólo tres? Hay mil formulas para hacerlo posible, sin que afecte a la lidia y a su seguridad. Desde la vieja figura del “picador de tanda” que ponían las empresas, a la del “tercero” que corre a cargo de la empresa para todo el festejo.

Y aunque las figuras se resistan a aparecer a efectos legales como los empleadores de sus cuadrillas, se trata de una singularidad hoy se sitúa fuera de los limites de la normalidad en las contrataciones. Da igual que operen como sociedades mercantiles que si se acogen al régimen de autónomos, que los costes sociales de sus auxiliadores deban correr por cuenta de las empresas, es un hecho que no se da en ninguna actividad profesional. Tampoco en la novillería.

Por eso, como romper con esta singularidad no tiene por qué suponer inseguridad alguna para los afectados, no habría por qué tener miedo a los cambios. En ultimo extremo, el Estado tiene medios más que suficientes para garantizar que sus derechos sociales estén garantizados, los pague quien los pague.

El claroscuro de las empresas

Por puro sentido de lógica económica, mayor rigor debería exigirse cuando la mismas novilladas se incluyen en plazas y ferias de primer orden. Aunque resulte increíble, pueden citarse demasiados casos en los que al novillero, o a sus patrocinadores, les cuesta dinero actuar en este tipo de plazas.

Pero ando por supuesto la lucha contra los fraudes  debe estar garantizada por las autoridades competentes, la hipótesis de determinados casos de fraude no debiera impedir que el empresario taurino pudiera acogerse a las medidas que con carácter general rigen en las actividades económicas. Y así, por ejemplo, si lo que hacen cuando promueve novilladas es, en el fondo, abrir nuevos campos a la formación, ¿por qué razón no pueden ser beneficiarios de las ayudas que otras empresas sí obtienen por este mismo concepto de formación para el empleo?

Se dirá incluso que es una exageración, pero no es cierto. En un sector socioeconómico que resulta importante –baste comparar los ingresos que genera por IVA en relación, por ejemplo, con el cine– carece de sentido que empresarios y ganaderos, por citar dos casos, no puedan ser beneficiarios de regímenes más beneficiosos, que sí se les reconocen a otros sectores.

A propósito aquí no se citan las voluminosas subvenciones que recibe la industria del cine, como medida de protección para potenciar la producción española, aunque luego esas películas interesen poquísimo en la mayoría de los casos, como demuestra el taquillaje vendido. Demos por bueno el dinero que se gasta el Estado. En nuestro caso las medidas de protección, como necesita con urgencia en especial la novillería, no pasan de modo necesario por las subvenciones; pero al menos deben venir de un régimen laboral,  social y fiscal más beneficioso y atractivo.

Cuando eso ya se hace con otras actividades, no puede aportarse ni una sola razón para que el Estado también las dicte en el caso de la Tauromaquia. Al igual que en todos los demás sectores, con todo ello en nada se entromete el Estado en una actividad que se rige por el criterio del libre mercado. Simplemente establece las normas específicas que requiere un sector singular en unas circunstancias excepcionales.  Y menos ahora, que la Tauromaquia forma parte del Patrimonio Cultural, que ese mismo Estado viene obligado a proteger y promover.