Por su propia naturaleza, al debate político no se le exige de suyo que se ajuste a la realidad, ni casi a la verdad. Aunque no se entiende muy bien por qué se aceptan estas licencias, lo cierto es que la tribuna parlamentaria parece permitir un amplísimo margen para hacer divagaciones imaginativas –en ocasiones, también ocurrentes– que quedan en el aire como si fueran casi verdades absolutas, cuando en realidad se apartan kilómetros de ellas.
Un ejemplo evidente de todo ello se localiza en el debate que el martes se ha celebrado en el Congreso, para la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular sobre la Tauromaquia. Se hicieron allí afirmaciones rotundas y redondas, que luego se desvanecen cuando se busca dentro de ellas su propia realidad. Por eso, tampoco es cosa de pasarlas por alto, sin al menos tratar de poner de manifiesto que son falacias y lo seguirán siendo por más que se repitan con toda solemnidad.
La primera de ellas fue puramente circunstancial. Con su punto de demagogia y como argumento descalificador, varios de los oradores hicieron una contraposición desgarrada entre el apoyo del grupo mayoritario de la Cámara a un ILP taurina y su rechazo a la ILP de los desahucios. Bastó que diez minutos después la mayoría parlamentaria hiciera un juego de cintura para dejarles en evidencia. Pero nadie se inmutó, ni hizo una rectificación a sus equivocadas y descalificadoras palabras. Si su argumento opositor era ese, su discurso cayó en el vacío.
La segunda perla, también reiterada, no resultó tener mayor grado de certeza. La enarboló la portavoz de CiU y le siguieron otros. Resulta que la Fiesta de los toros es un elemento de división entre los ciudadanos y, además, es cuestión “no pacífica”. Que eso lo diga quienes nos han llevado a una de las coyunturas más complicadas y difíciles de las últimas décadas con sus planteamientos rupturistas, cuando menos resulta un sarcasmo. Si la Tauromaquia es motivo de división civil, ¿cómo habría que calificar a sus planes secesionistas? Pero es que, si escarbamos un poco, su propia reflexión sobre la Fiesta se desmorona. ¿En cuantas ocasiones los partidarios de la Fiesta han actuado de forma no pacífica frente a los que defienden su abolición? ¿No será más cierto exactamente todo lo contrario? Si repasamos las hemerotecas encontramos el por que sus palabras no se tienen de pie.
Escuchamos una tercera que es del todo inadmisible. Resulta que, si le hacemos caso al portavoz de los independentistas catalanes, la Tauromaquia es “una fuente de educación en la violencia”. Y se quedó tan ancho. ¿Se habrá preocupado este diputado de leer un poco la historia social de España y hasta de lo que él considera su propio y exclusivo país? O más fácil todavía: ¿ha tenido la curiosidad de seguir los contenidos de tantas televisiones en horarios infantiles? Más bien parece que ese libro no lo tiene en su biblioteca y la televisión se le ha estropeado. Pero los demás no podemos pasar por alto tan graves y desafortunadas palabras. La libertad de expresión, que en el Parlamento es y debe ser completa, lleva implícita que se puedan decir falsedades como esas, pero que por más que las repitan no pasaran a ser ciertas, sino que tan sólo desacreditan a quienes las sostienen, por ignorancia o por manipulación de la realidad.
La cuarta ya es de aurora boreal. Resulta que los taurinos no queremos otra cosa que meter la mano en las arcas públicas; todo lo demás es una especie de excusa para llevarnos hasta donde están los dineros de todos. Sin recurrir al comentario fácil acerca de quienes son los que de verdad se llevan los dineros públicos, pueden quedarse en esa ensoñación, pero la realidad demuestra que están en un error pleno. El dinero público no se dirige a los toros, sino que exactamente sigue el camino inverso. La Fiesta –como recordó oportunamente la Unión de Criadores de Toros de Lidia– aporta a los erarios públicos sólo por concepto de IVA seis veces más que cine español y tres veces más que el teatro, pero además no recibe ninguna de las voluminosas subvenciones que para estas otras actividades artísticas se establecen en los Presupuestos públicos, incluso en años de crisis. Sólo por este impuesto, es la actividad cultural y artística que más aporta a la Hacienda del Estado y de las comunidades autónomas. Además, la celebración de las ferias taurinas aportan a las economías locales –a esa economía real que representa la hostelería y el turismo, por ejemplo– casi 1.000 millones de euros al año. Y si sumamos los cánones que cobran las Administraciones públicas por el arriendo de las plazas nos sale otra cifra relevante; sólo en Madrid les deja por encima de los 2,5 millones netos, y eso en año de restricciones.
Y así se podría continuar, por ejemplo con el canto animalista que protagonizó ERC y que fue atinadamente contestado por UPyD, con su recurso al discurso de Fernando Sabater. Tan preocupado como parece el diputado Bosch por este tema, se ve que no ha tenido la misma curiosidad por enterarse de los valores ecológicos que encierra, por ejemplo, toda la actividad ganadera de bravo, ni lo que supone el mantenimiento y la preservación de una raza animal absolutamente singular. [Por cierto, bueno sería que leyera las sesiones del Parlamento europeo cuando se debate la partida que, entre otras razas animales a preservar, dedica en sus presupuestos una pequeña partida al ganado de lidia. La promueve una parlamentaria francesa de la izquierda y su argumentación no puede ser más rotunda].
Cuando los políticos hablan con preocupación –porque, en efecto, resulta preocupante– de su pérdida de credibilidad en la Sociedad, que no miren demasiado lejos; el descrédito les viene de actuaciones de este porte: decir primero lo que después resulta ser falso y no inmutarse siquiera, ni mucho menos rectificar. Todas las opiniones son, naturalmente, legítimas. Pero cuando se instalan en la intolerancia y en la demagogia, la verdad –que es implacable– pasa arrolladoramente por encima de ellas. Con la Tauromaquia pasa igual.
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