En su recurso el grupo parlamentario popular en el senado hace hincapié tres grandes factores: el hecho competencial de las autonomías, el hecho cultural de los Toros y el hecho empresarial de la Fiesta como actividad económica.
El primer aspecto, referido a la materia de competencias ha girado sobre la ilegalidad de la decisión del Parlamento Catalán al no disponer de las necesarias competencias para prohibir este espectáculo, sino únicamente para regularlo.
Sobre el hecho cultural, el texto presentado hoy matiza que se vulneran hasta cinco artículos de la Constitución Española: Art.20, que recoge la libertad de expresión, libertad de creación artística, libertad de cátedra y libertad de comunicación; el Art. 27, sobre el derecho a la educación; Art. 44, en el que se dice que los poderes públicos promoverán el acceso a la cultura; Art. 46, que establece que los poderes públicos garantizarán y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico español, y el Art. 149.1.1º que indica que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones que garantizan la igualdad entre todos los españoles.
Por último, y en lo relativo al hecho empresarial, el Partido Popular observa la vulneración de otros cuatro artículos: El Art. 38, que reconoce la libertad de empresa y se asegura de que los poderes públicos garanticen y protegen su ejercicio; Art. 40, que dice que los poderes públicos promoverán el progreso social y económico; Art. 128, que establece que la riqueza del país está subordinada al interés general, y el Art. 149.1.13º, que fija como competencia exclusiva del Estado el establecimiento de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
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