Tauromaquia: Nueva ley, ¿nuevos tiempos?

A expensas del trámite final parlamentario en el Senado, estamos a semanas de contar con la nueva ley sobre la Tauromaquia. El camino ha sido largo y muchas veces difícil. Pero se ha culminado con bien. Ahora queda lo más complejo y problemático: que las Administraciones Públicas y los sectores taurinos acierten a rentabilizar todas las posibilidades que se ahora se abren.

Frente a quienes todo lo reducían a unos criterios del corto plazo y con la mirada puesta exclusivamente en Barcelona, siempre hemos mantenido que esta ley constituía en sí misma un hito relevante en la trayectoria de la Tauromaquia, en la medida que era un reconocimiento con el máximo rango legal de nuestra realidad cultura.

Pero además de ese reconocimiento, nos encontramos con dos herramientas importantes. De un lado, el compromiso del Gobierno de dictar las medidas de fomento y protección de la Tauromaquia, que corresponden al Estado,  aunque los socialistas hoy renieguen de todo ello, por más que sea precisamente lo que el actual líder de la Oposición ya escribió en el BOE como ministro del Interior en el Real Decreto de transferencia de las competencias taurinas.

Pero, por otro, la importante enmienda del diputado de UPN, Carlos Salvador, permite la constitución de la Comisión Nacional Taurina, que supera con creces las posibilidades que hasta ahora ofrecía la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos y que, si el ministerio de Educación, Cultura y Deportes acierta en su desarrollo normativo, puede convertirse en una pieza capital para la ejecución del anunciado Plan Nacional de la Tauromaquia.

Si todo discurre como debiera, antes de fin de año nos encontraremos con un programa de trabajo a favor de la Tauromaquia y con una herramienta con suficientes capacidades ejecutivas para implementarlo. Quien estudie mínimamente la historia de su desarrollo normativo comprueba que nunca hasta ahora se habían dado unas condiciones tan favorables. Ojalá entre todos sean capaces de aprovechar la ocasión. Como en tantas otras cuestiones, todo va a depender de la altura de miras y del grado de colaboración que sean capaces de alcanzar.

Probablemente porque no les quedaba otro recurso dialéctico, los grupos opositores a la nueva Ley insisten un día sí y otro también que el texto aprobado ya en el Congreso es una especie de fraude y engaño, porque no respeta en su literalidad la ILP tal como 600.000 ciudadanos la avalaron en su día.

Sin duda, les habría gustado mucho más que la ILP se mantuviera como un  texto estático e inamovible. Pero no precisamente por respeto a los 600.000 ciudadanos  –¿si no respetan los derechos de los 40 millones que van a las plazas van a respetar a 600.000 firmantes?– , sino porque de esa forma la nueva norma decaería ante el primer recurso que se interpusiera, porque en puntos esenciales no concordaba con leyes vigentes.

Precisamente por respeto a los 600.000 firmantes y para mantener vivo su espíritu y  atender a tan mayoritaria petición, era por lo que se necesitaba modificar la ILP, para perfeccionarla en el orden jurídico, que es lo que se ha hecho, pese al incomprensible obstruccionismo socialista.

Mirando hacia el futuro, se concluye que estamos ante la mejor Ley que hoy era posible. Lo es, desde luego, en el terreno de los conceptos; pero lo es también porque brinda fórmulas ajustadas al ordenamiento jurídico para que el Estado actúe en aquello que le compete, que no es poco. Y en todos los casos, se ha dado un salto cualitativo hacia delante.