No es que se les haya ido un tanto la mano, es que se han pasado bastantes pueblos. Tanto la Diputación de Zaragoza como el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María han organizado sendas subastas –que es lo que son– para la adjudicación de sus plazas de toros. Y con el argumento de defender los intereses de la afición, han tratado de cuadrar un circulo no precisamente virtuoso: suben la cuantía del canon a pagar, incrementan las obligaciones de programación taurina y no taurina de quienes resulten arrendatarios y priman cuanto suponga reducir el importe de la localidades y otros beneficios paralelos.
Se comprende perfectamente que tanto ANOET como los jóvenes de ASOJET hayan saltado como trigo en albarda al leer los respectivos pliegos. Las corporaciones públicas –vienen a decir– crean un marco taurina y económicamente insostenible. Pero ambas patronales tienen un problema serio, como se aprende de experiencias anteriores. Insostenible era para ANOET el pliego con el que se adjudicó Las Ventas y luego concurrieron las dos casas más fuertes, que además mandan en la patronal. Con lo cual, nada tendría de extraño que pese a unos posicionamientos tan firmes y rotundos, luego todo quede en una nube de verano: ambas plazas contarán con aspirantes.
La realidad abunda en la cabezonería: pese a que vivimos unos tiempos en los que el negocio taurino se ha hecho impredecible, cuando ni el anuncio de las figuras es garantía de una gran entrada, cuando las situaciones económicas son las que son, en algo deberá reinventarse el negocio taurino, porque es que algo falla en quienes asumen el papel promotor en la Fiesta. Que se lo pregunten, por si hay dudas, a la pelea que se trae Ramón Valencia para levantar infructuosamente el abono de Sevilla.
No se trata precisamente de una ocurrencia que el limitado tirón de los toreros ante la taquilla, guarda bastante relación con dos elementos: el vertiginoso descenso del porcentaje de aficionados con respecto al total de los asistentes y unos precios que andan fuera de mercado. Por ejemplo, eso tan taurino históricamente de feria en feria detrás de éste o de aquel torero, como hacían décadas atrás no pocos aficionados, ya se ha hecho económicamente insostenible. Y por tanto sólo se asume en unas muy determinadas circunstancias, la principal de las cuales se llama José Tomas.
Esta realidad coexiste con otro hecho evidente, como ha demostrado en reiteradas ocasiones el profesor Juan Medina, de la Universidad de Extremadura: la Tauromaquia en si misma tiene en el siglo que vivimos un espacio de viabilidad y fortaleza tanto económica como social. Por eso, cuando la gestión no cuadra habrá que mirar, antes que a otro lugar, al propio negocio taurino, que pretende vivir pensando casi en el siglo XIX.
Todavía son tímidas las apuestas por un marketing más eficaz, el sentido originario de los abonos ha perdido buena parte de su sentido, no existe un verdadero intento por fidelizar a la clientela habitual –en su ciudad de origen en toda la geografía–, los propios hábitos sociales han sufrido un vuelvo importante… Con elementos de esta naturaleza andan en juego, pensar que aquí “no ocurre nada” es tanto como jugar a la gallinita ciega.
Su tanto de culpa tienen, como es obvio, las Administraciones Públicas, que controlan el mapa de la propiedad de las plazas. En unas ocasiones por esos reparos sociales que de pronto les han entrado con el nuevo marco del populismo, en otros porque siguen consideran a sus respectivas plazas básicamente como una fuente de ingresos. En nada concreto quedó, por ejemplo, aquel intento de la Comisión Nacional Taurina de armonizar la normativa vigente en la materia, un tema que también hizo suyo sin mayores frutos concretos el plan PENTAURO.
En suma, en tanto no se actualice el negocio taurino, de acuerdo con los que hoy impera en cualquier actividad de empresarial, nos seguiremos moviendo en estas arenas movedizas.
Las críticas patronales
Las patronales tienen razón. Como ha dicho ANOET, pliegos como los que comentamos “atentan contra viabilidad económica de la actividad empresarial y perjudican directamente a los intereses del sector impidiendo su continuidad y supervivencia” y representan “una notoria falta de garantías de calidad, promoción y respeto a la tauromaquia, e igualmente resultan temerarios y lesivos para el sector”.
Y no se queda atrás ASOJET cuando denuncia que se trata de medidas “intervencionistas y contrarias al principio jurídico de libertad de empresa”
Pero las instituciones hacen oídos sordos. O es que viven en una realidad puramente virtual. La Diputación de Zaragoza sacó a concurso-subasta su plaza ha fijado con canon mínimo de 150.000 euros y un máximo de 300.000, y la reducción del precio de las entradas, junto a un rosario de condiciones suplementarias que al final afectan a las cuentas. Al Ayuntamiento portuense lo fija en un canon mínimo de 70.000 euros al alza –el pliego anterior tenía un canon variable al alza de un 3% al 6% del importe bruto de taquilla de cada festejo–, a lo que hay que sumar los 52.000 euros del Impuesto de Bienes Inmuebles y los gastos de mantenimiento y la aportación a la escuela.
En el caso de Zaragoza quien más puje económicamente recibirá 45 puntos; en el caso del Puerto, supondrán 20 puntos. Lo de la capital aragonesa entra de lleno en el carácter de subasta. Pero, al menos, no engañan; como ha dicho el alcalde de la localidad gaditano su corporación lo que busca con el pliego es obtener una "mayor rentabilidad".
Los comunicados de las patronales
Como elemento de documentación, se incluyen a continuación los textos íntegros de los respectivos comunicados patronales:
►COMUNICADO DE ANOET
►COMUNICADO DE ASOJET
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