La tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular (ILP) para declarar la Fiesta de los toros como bien de interés cultural, que lleva tres meses de prórrogas del plazo de presentación de enmiendas, sigue sin tener fecha de comienzo, según se deduce de la información facilitada por fuentes parlamentarias del PP a la agencia Europa Press.
Como se sabe, esta iniciativa legislativa popular llegó al Congreso a finales del pasado año con más de medio millón de firmas de ciudadanos –entre ellas las del propio Mariano Rajoy– y en sesión plenaria celebrada en febrero de este año el texto fue tomado en consideración por el Pleno del Congreso con el apoyo de PP y UPyD y la abstención del PSOE.
Sin embargo, desde entonces se ha venido ampliando el plazo de presentación de enmiendas semana tras semana sin que todavía haya podido iniciarse su tramitación en la Comisión de Cultura.
Como las fuentes citadas han informado a la agencia Europa Press, las sucesivas prórrogas de los plazos de enmienda, se deben a que el Ministerio de Educación y Cultura está preparando una redacción más completa de la iniciativa ciudadana que espera cerrar en unas semanas. Además, se ha decidido dar vía libre a celebrar una ronda de comparecencias de expertos que ofrezcan sus puntos de vista sobre la iniciativa.
Con este tipo de actuaciones preliminares, las fuentes del PP afirman que dan por descartado que la futura Ley pueda entrar en vigor durante el presente año.
Las dificultades de fondo
Como en su día informó taurologia.com, el problema de fondo que vienen encontrando en las áreas correspondientes del Gobierno estriba en la complejidad de la legislación, tanto de carácter nacional como la propia de las Comunidades Autónomas, entorno al concepto de BIC, como también en lo referente al Patrimonio Cultural e Histórico.
Para que la ley nacida de la ILP tuviera una cierta carácter de normativa común para el conjunto de la nación, habría que acudir a la Ley del Patrimonio Histórico de España y dentro de ellas al capítulo que se refiere al “patrimonio etnográfico”, que es el único resquicio posible, dado que la definición más propia que hace esta ley se refiere siempre a bienes materiales que deben ser protegidos.
Sin embargo, no hay unanimidad entre los juristas a la hora de encontrar la fórmula mediante la cual ese concepto de “patrimonio etnográfico” se aplique con criterios de seguridad jurídica a la Fiesta de los toros.
Entre las conocidas, la opinión mejor fundada puede ser la del profesor Hurtado González, de la Universidad de Sevilla, quien entiende que el caso de la Fiesta de Toros tiene su encaje en el artículo 46 de la Ley de Patrimonio, que se refiere a "las actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales". Por tanto, con esta Ley como fondo, lo que haría falta es otra que diga expresamente que los toros son una de esas actividades contempladas en este art. 46; en suma, que los toros son Patrimonio Cultural de España.
En esta misma línea, algunos expertos consideran que este caso podrían tener otra vía de solución, si se acudiera a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de Naciones Unidas, aprobada por la UNESCO en octubre de 2003 y ratificada por el Estado español, previa autorización del Congreso de los Diputados en octubre de 2006.
Entre otros aspectos aplicables a la Fiesta, de acuerdo con esta Convención de Naciones Unidas, se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
Pero en otro orden de cosas, algunos responsables políticos consideran oportuno posponer la tramitación de la futura Ley hasta conocer el fallo del Tribunal Constitucional en el recurso planteado por senadores y diputados del PP contra la ley del Parlamento de Cataluña por la que se prohibió la celebración de espectáculos taurinos.
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