Primero fue Córdoba, donde la casa Chopera se dio tal grado de trastazo que acabó por renunciar la gestión. Luego vino Málaga, donde un pliego incumplible provocó un agujero de 700.000 euros. Ahora son los Matilla quienes renuncian a Linares, porque resulta imposible cumplir las exigencias de la propiedad. Y en medio, los problemas graves de Zaragoza y Alicante, entre otros. Y esto sólo citando los casos más notorios. Los movimientos empresariales se suceden y todo lleva a pensar que se trata de una noria que no puede darse por concluida: acabaran cayendo más.
En todos los casos, o por lo menos en una gran mayoría, los problemas surgen del mal maridaje que se produce entre la crisis económica y las exigencias de los pliegos de adjudicación. Cuando a mitad de camino del cumplimiento de una adjudicación cambian las circunstancias, la solución no puede ser exigir su cumplimiento sin más alternativa. Es evidente que donde antes cabía cinco o seis festejos, hoy esa política no se sostiene. Y mucho menos, como pretendía la Diputación de Málaga, el convertir una plaza que sólo admite a duras penas ciclos de feria en una plaza de temporada.
Pero como se ha comprobado, no se trata tan sólo de un problema surgido por las exigencias de las Corporaciones locales o autonómicas; también se da cuando se trata de plaza de propiedad privada.
No cabe marginar, por otro lado, la política poco prudente de algunas empresas, que con tal de sumar una plaza más a su grupo de gestión, plantearon ofertas que se vienen comprobando que han resultado ser un tanto suicidas. De hecho, no puede menso que resultar llamativo como tras el fracaso de una empresa, hay un enjambre de ellas que se lanzan a sobre la plaza que ha quedado libre, cuando además lo que ofrecen es más de lo mismo.
Plantearon los expertos que asesoraban al ministro Wert la necesidad de flexibilizar los pliegos de condiciones en los concursos de adjudicación de plazas de toros, como planteaban la conveniencia de revisar el conjunto normativo que regula estos procedimientos administrativos. A la vez pedían a los empresarios y a los demás sectores que promovieran una política de reducción de costes.
Sin embargo, nada de estos consejos tan prudentes se han llegado a implementar. De una parte, porque aún quedan lejos la elaboración de una normativa más acorde con la realidad actual. Pero también por la ausencia de una firme voluntad de cambio por parte de los propios protagonistas.
En su día se crearon algunas esperanzas en la capacidad de negociación y acuerdo en torno a la Mesa del Toro, como organismo unificador de intereses. Pero aquello fue una nube de verano: los propios interesados se encargaron de neutralizar cualquier intento de progreso en ese camino. Ahora todos acabarán por pagar las consecuencias de aquella oportunidad perdida.
Pero lo mismo que al valorar la situación crítica que atraviesa la cabaña de bravo, tan desasistida de apoyos por parte de la Administración del Estado, el conjunto de la Fiesta en su globalidad exige hoy el tratamiento propio de un sector en crisis. Si se hace, por ejemplo con el cine, que tiene una proyección económica y social sensiblemente inferior a los espectáculos taurinos, no hay ninguna razón sólida que impida la actuación de los organismos públicos.
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