Si nos fijamos en el curso de los acontecimientos últimos, no pueden menos que llamar la atención algunos hechos concretos que no deben dejarse pasar por alto, dado que guardan estrecha relación con el conflicto laboral que está en ciernes para el comienzo de la temporada. Ninguno de ellos parece que responda a la estrategia más adecuada, porque un problema laboral conviene siempre tomárselo en serio, que en otro caso suele derivar hacia situaciones imprevisibles, de las que todos salen perdedores. Pero ahí están, esperando que alguien imponga cordura y buen sentido.
La experiencia dice que en una situación de conflicto laboral no conviene empezar a juguetear con asuntos colaterales, con el propósito de condicionar los pasos que separan del acuerdo. Estamos ante una materia que exige de ese criterio que señala literalmente la ley: el principio de la buena fe entre las partes. Y eso no es sencillamente un modo de decir, o un simple criterio recomendable; es un precepto de orden legal que obliga a las partes de conflicto. Mal se comienza si se trata de incumplir este principio, como parece que se está haciendo, por desconocimiento o por frivolidad.
Como mal se comenzaría si todos los taurinos, tan dados a restar importancia a cuanto ocurre, no se ponen en serio a resolver el conflicto. Creer que el tiempo todo lo soluciona y que en los diez últimos minutos todo quedará resuelto, constituye, entre otras cosas, una falta de respeto hacia la Fiesta y hacia los aficionados, una verdadera temeridad.
Los derechos del consumidor
En proceso de venta están hoy los abonos de la tres ferias que podrían verse afectadas por la huelga y que, por tanto, están bajo la importante interrogante de si llegaran o no celebrarse, ya sea en parte, ya en su integridad.
Frente a ello, un caso evidente: Si uno ha tenido que comprar el abono completo de Sevilla, por ejemplo, para garantizarse una buena localidad en las tardes principales, ¿quien le resarce del daño económico causado cuando son precisamente esas corridas estelares las que no se celebren?, ¿qué ocurre con las localidades que ha tenido que adquirir a la fuerza, aunque en circunstancias normales no habría comprado?, ¿quién se hace cargo de sus gastos de viaje y alojamiento?. Por ejemplo: cuando un pasajero por huelga no puede volar, Iberia le paga el hotel de turno, ¿no tendría que hacer lo mismo el señor Canorea?
Frente a esta incertidumbre de la huelga y ante los derechos de los aficionados que quieren adquirir tales abonos, ¿las autoridades –autonómicas o del Estado– a las que corresponde velar por el interés de los consumidores no tienen nada que decir?, ¿acaso se trata de una materia que no les afecta? Hay silencios clamorosos y dejación de obligaciones que no se pueden comprender.
Estrategias manifiestamente mejorables
En otro orden de cosas, no hay que ser adivino para darse cuenta que hasta ahora la estrategia de la patronal, incluso desde antes de oficializarse el actual conflicto, pasa por ir demorando sine die la negociación del futuro convenio, a ser posible hasta concluya el año legal establecido para su renovación. Pueden aducir a su favor, incluso fundadamente, que la fórmula tripartita hasta ahora vigente tiene que adaptarse a lo que el Estatuto de los Trabajadores establece como norma que rige para todas las relaciones laborales y que define claramente quién es la parte empresarial y cuál la social.
Pero ese punto, que es el núcleo duro de la cuestión, no se resuelve dejando pasar el tiempo; como tampoco se resuelve envolviéndose tan sólo en medidas de fuerza, como es una huelga. Muy al contrario, se solucionará si todas las partes lo afrontan por derecho y con propósitos de alcanzar acuerdos. Y en caso de imposibilidad absoluta de conseguir esa meta, acudiendo a las fórmulas, públicas o privadas, de mediación y arbitraje establecidas en las leyes. No utilizar todas las vías ya establecidas no hace otra cosa que quitar la razón que pueda asistir a cualquiera de las tres partes.
Una observación nada marginal en este punto. Los hechos llevan a pensar que los denominados “jefes de cuadrilla” tratan de ponerse de perfil, como si este conflicto no fuera con ellos. Si eso es lo que pretenden, se equivocan de medio a medio. En primer término, porque en la ultima asamblea de la Unión de Toreros hicieron públicamente causa común con el sindicato de banderilleros y picadores en cuanto a la fórmula tripartita. Pero, además, porque se quedan sin razón alguna para incumplir el contrato firmado con las empresas, por el que se comprometen a hacer el paseíllo en determinados y días y determinadas plazas; eso de aducir luego lo de “yo querría actuar, pero sólo no puedo hacerlo”, no pasa de ser lisa y llanamente una sinrazón.
Lo que dicen los asesores
Cuando la realidad discurre por caminos como los antes descritos, está de más –cuando es no contraproducente– la utilización interesada que las dos partes en conflicto han hecho de unas simples líneas contenida en el informe de la Comisión de los asesores. Básicamente de los contenidos de su página 41, en la que al referirse a la conveniencia de contar con una legislación básica se refiere, entre otros aspectos, a la necesidad de aplicar el derecho común a las relaciones entre los profesionales y de éstos con las empresas, cuando en párrafos anteriores se ha referido específicamente a la redefinición del régimen de relación laboral o de servicios entre los “jefes de cuadrilla” y las empresas organizadoras y entre los "jefes de cuadrilla" y sus subalternos.
Ante estas sugerencias, los empresarios se han apresurado a afirmar que los expertos vienen a consagrar su postura contraria a la actual negociación tripartita; los banderilleros, picadores y demás auxiliadores, en cambio, lo interpretan como un peligro en ciernes y, aunque no lo dicen, se intuye que consideran que es consecuencia de las presiones de los empresarios sobre los comisionados.
Si se lee el Informe en su integridad y en su contexto, se comprueba que ambas son interpretaciones interesadas y que, en el fondo, vienen a utilizar estas recomendaciones como arma arrojadiza en un momento de desacuerdo entre ambas partes.
En realidad, lo que la Comisión recomienda, porque no puede hacer otra cosa, es que en el conjunto de relaciones que se producen en las actividades taurinas –ya sean de orden laboral, civil o mercantil– se aplique el derecho común que está vigente en nuestro país. En el fondo, lo que viene a plantear es algo tan simple como decir “aplíquese la ley”. ¿Qué otra cosa podían decir?. De ahí a pretender que le dan la razón a unos y se la quitan a otros media un abismo, el abismo que se abre cuando los textos se sacan de su contexto y se reinterpretan tan libremente que pierden todo su sentido verdadero.
El acuerdo de los derechos audiovisuales
Por otro lado, tampoco parece de inocente candor que cuando ANOET se ha plantado tan firmemente frente a la posición de los cuadrillas y de sus jefes, entre otros motivos, por los derechos audiovisuales, una empresa tan significada, dentro y fuera de la patronal, como Taurodelta haya suscrito un acuerdo con la Asociación de Profesionales Taurinos Independientes (ASPROT) precisamente para el cobro –incluso con efecto retroactivo a 2012– de los derechos de televisión.
Como se sabe ASPROT, que hoy lidera Luis Miguel Calvo, ha sido excluida de la Mesa de negociación del futuro convenio colectivo y, según sus propias manifestaciones, hasta ahora sus asociados se habían visto imposibilitados del cobro de tales derechos, que a partir de ahora recibirán al menos en el caso de Madrid.
Pero cuesta demasiado trabajo creer en la inocente normalidad de los urgentes deseos de Taurodelta por abonar los derechos de televisión a los que nunca los habían percibido –según declaran–. Con independencia de que el acuerdo es muy justo, ¿no será que Taurodelta –afectada por la posibilidad de huelga– trata de mandarle un mensaje a la Unión de Banderillero y Picadores sobre sus reclamaciones y su plante? Concédasenos al menos el beneficio de la duda razonable.
Pero incluso aunque el anuncio de este acuerdo tan sólo sea una coincidencia por pura casualidad, resulta fuera de dudas que es muy justo que quienes integran ASPROT, o quienes sencillamente no quieran estar afiliados a ninguna organización, cobren los derechos audiovisuales que les corresponde, dado que se trata de derechos personales e intransferibles; a las organizaciones sindicales –sea UNBPE o sea cualquier otra–, como a las propias gestoras de derechos, les correspondería por delegación –si es que el interesado libremente delega en ellos– como mucho la gestión administrativa; pero siempre dejando claro que los derechos son de las personas, no de las organizaciones.
En ésta como en cualquier otra materia, discriminar entre a afiliados y no afiliados, sería tanto como pretender imponer el sindicato único y llevarse por delante el principio constitucional de la libertad sindicación, que comienza por elegir uno si quiere o no sindicarse. ¿Si a los toreros, sean o no de la Unión de Toreros, se les liquida individualmente, por qué no se hace otro tanto con los componentes de sus cuadrillas?
Un dato al margen
Y una nota final un poco al margen: al hilo de su acuerdo con ASPROT, Taurodelta ha venido a reconocer que aún no ha liquidado con los interesados, al menos, los derechos audiovisuales devengados en la temporada de 2012. Como se trata de una empresa solvente, hay que suponer que esta anomalía se deberá a que, a su vez, la empresa propietaria de Digital Plus no le ha liquidado aún las cantidades que fueron acordadas en el contrato de las retransmisiones. Tanto si se da esta hipótesis como si se da su contraria, el síntoma no es precisamente bueno para nadie.
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