Ha sido, con mucho, la noticia de este comienzo de temporada. El desembarco del grupo empresarial del multimillonario Alberto Bailleres en el mundo del toro en España, es lo cierto que no ha dejado indiferente a nadie. Incluso hoy, cuando la FIT ya no es tanta FIT, que falta el imaginativo y entusiasta Simón Casas, que se arrepintió antes de formalizar la unión.
En la Fiesta no es que estén ausentes las inversiones, sino que en la práctica estamos en una etapa de recortes. Se dan incluso casos paradójicos: la Casa Lozano decide retirarse de la gestión de la plaza de Albacete por entender que es un negocio ruinoso. Luego, cuando el Ayuntamiento remodela muy a la baja el pliego de adjudicación, de nuevo se les despierta un gran interés por estar en la ciudad manchega.
Con lo cual se llega a una especie de conclusión, comprobada en otros procesos de adjudicación: por el momento aquí quien está realmente haciendo recortes –en este caso, en sus propios ingresos– son las corporaciones públicas, mientras que la estructuras del negocio taurino no mueven fichas relevantes para reconducir la economía del toreo.
Cuando, además, hasta en las plazas consideradas como más ruinosas nunca faltan aspirantes que ofertan por la adjudicación, entonces ya queda uno desconcertado y con serias dudas de quienes tienen la razón y el sentido económico.
En un contexto como éste, que viene ya de años atrás, que alguien esté dispuesto a invertir sus dineros en el mundo del toro debiera ser bienvenido. Sin embargo, ahora que lo trata de hacer a gran escala una de las grandes fortunas de México, se multiplican los recelos y las suspicacias.
En la historia taurina contemporánea la presencia de empresarios –en el fondo: inversores– españoles al otro lado del Atlántico han estado a la orden del día. Y por lo general nunca hubo problemas. Por sí solos, o en unión de algún socio minoritario local, se han organizado grandes ferias americanas. El ejemplo más evidente, aunque no el único, lo personificaba Manolo Chopera, que levantó en el continente hermano todo un imperio taurino, ganadería propia incluida.
Luego, cuando las reconversiones de las monedas comenzaron a dar quebraderos de cabeza, comenzó una paulatina retirada. Ya, como mucho, quedaban algunos asesorando a los empresarios locales que se responsabilizaban ya de sus ferias.
Por razones del convenio vigente desde comienzos del pasado siglo, la excepción a esta dinámica siempre estuvo en México, que es el único país de habla hispana que mantiene restricciones al libre intercambio de actividades con España. Un proteccionismo que llega a situaciones absurdas: no permitir –salvo una aprobación expresa del comité mixto– que en España se puedan anunciar dos toreros mexicanos en un mismo cartel, cuando a lo mejor en unas determinadas circunstancias es lo que tiene interés para el aficionado.
Pues bien, ahora llega a España dinero de México, dispuestos a invertir. Cumpliendo las normativas nacionales y europeas para las relaciones económicas y empresariales extracomunitarias, cualquiera de las aspiraciones profesionales que ese Grupo pretenda desarrollar en nuestro país resultan legítimas, así sea gestionar la Maestranza –supuesto expresamente desmentido–, como si quieren competir en 2016 por hacerse con la gestión de Las Ventas, por poner dos casos emblemáticos.
Lo que ocurre es que una actividad puede ser legítima y legal, pero ambas condiciones no garantizan que, además, sean oportunas y bien recibidas. Es el caso de Alberto Bailleres y su sociedad “Espectáculos Taurinos de México SA”: que podrán cumplir las normas mercantiles, pero que taurinamente tienen demasiados “pero….”.
Como es de toda lógica, nadie duda ni de la solvencia ni de la capacidad de gestión financiera de Bailleres, por la simple razón que sin ambas circunstancias jamás habría podido levantar el gran imperio empresarial que dirige en México. Dicho de otra manera: nadie abriga dudas acerca de la validez de los dólares que pueda aportar al negocio taurino en España. Bienvenidos sean.
Sin embargo, en el mundo del toro, como en otras actividades profesionales, no todo radica en la dimensión de la inversión que alguien está dispuesto a realizar. Tan importante como la cuantía resultan el para qué y el cómo se realizan dichas inversiones. En nuestro caso, los recelos cabría resumirlos principalmente en tres.
En primer término, en la posibilidad de que, junto a los dólares, se trate de traer a España el modelo taurino imperante en México, en un régimen prácticamente monopolístico y que, además, deja en el camino elementos sustanciales de la Fiesta, como por ejemplo la integridad del toro. A lo mejor es un modelo que allí les resulta rentable; para la Fiesta en España constituye un grave, muy grave, paso atrás. Es como volver a la etapa más negra del taurinismo español de mediados del pasado siglo. Naturalmente, para ahora caer en esta marcha atrás no se han dado tantas batallas por devolver a la Fiesta su verdadera razón de ser y de existir.
El segundo elemento radica –dicho sea con absoluto respeto a las personas afectadas– en la escasa credibilidad de la que gozan los gestores propiamente taurinos del Grupo Bailleres. Al menos, los que se mueven por España. Por más que en ocasiones se les critique, los empresarios españoles están a años luz de distancia.
El tercer factor, en fin, radica en la falta de una estructura empresarial adecuada en España como para entrar a toda máquina en el mundo del toro. Pasarse el día pendiente del auditor que pueda llegar de México, o de conseguir el visto bueno de la central de compras, todo eso no es más que convertir al planeta taurino español en una especie de sucursal o de franquicia. Sin ir más lejos, aquellas bonitas palabras que se dijeron en la ostentosa puesta de largo de la Fusión Internacional por la Tauromaquia –que al final no es fusión, sino compra– según las cuales cada una de las partes integradas seguiría gestionando sus plazas de acuerdo con su propia ideosincracia, resultó ser “un bello sueño” mientras duró, que fue literalmente un suspiro.
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