“Análisis y rediseño de la estructura de los espectáculos taurinos, especialmente desde el punto de vista laboral, fiscal y administrativo. Entendemos que para garantizar la viabilidad de los espectáculos es absolutamente necesaria la liberalización reglamentaria y administrativa que haga posible la autorregulación del sector”.
Así reza el punto 5 de las “Medidas para la reactivación del sector”, planteadas al Gobierno por la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Todo en esta vida es reinterpretable, según a la meta que se quiera llegar. Pero que, junto a otras reivindicaciones llenas de lógica y sentido, se saque a pasear ahora como solución a nuestros problemas la fórmula de la autorregulación de la Tauromaquia contiene un riesgo nada pequeño. No descartamos que esa solicitud se haya hecho de manera imprecisa, sin matices, que siempre son necesarios. Pero si nos acogemos a la literalidad del escrito, resulta muy preocupante.
Es cierto que en el caso del deporte, como de otros muchos sectores de ocio y de cultura, son los interesados y sus practicantes los que optan por la autorregulación por cada sector de sus propias reglas del juego, sea fijas u ocasionales. También en momentos críticos como los actuales. Bien que de una forma muy matizada, porque luego tienen que pasar determinados filtros administrativos y corporativos.
Pero no es éste el caso de la Tauromaquia. En nuestro caso, como en varias ocasiones ha recordado el profesor Luis Hurtado, de la Universidad de Sevilla, se encuentra una diferencia fundamental. “En los toros, existe un motivo constitucional: son (lo declara la Ley 18/2013) "patrimonio cultural"; luego, el legislador puede dictar, imponer y exigir las reglas en cuestión para (y sólo para) garantizar la "conservación y preservación", en toda su pureza e integridad, de este "patrimonio cultural". Y como quiera que éste es indiscutidamente "nacional" (lo recuerda la Ley 18/2013), la competencia para ese dictado es (sólo puede ser) del Estado”.
Escribiendo de memoria, en el fondo, no es este planteamiento doctrinal muy diferente de las tesis fundamentales en la que se basó el Tribunal Constitucional para anular las partes más dañinas de la propuesta que en su día hizo el Gobierno autonómico de Baleares.
En consecuencia, resulta muy complicado justificar que sean las partes interesadas quienes tengan las competencia de establecer las normas por las que se rige este “patrimonio cultural”. Por eso, probablemente no es eso lo que pretenda ahora la UCTL, en la medida que exigiría la previa derogación de la ley 18/2013, que declaró a la Tauromaquia “patrimonio cultural”. Eso supondría una desprotección gravísima para la Fiesta de los toros y cuanto representa, dejarla sin la más importante cobertura jurídico-constitucional que nunca hasta ahora había tenido.
En los toros, las reglas las dicta el legislador, o el Gobierno en normas de rango menor, y siempre a través de las páginas del BOE. ¿Por qué? Porque son esas instancias superiores las quien tienen por Ley el deber constitucional de proteger la Tauromaquia, manteniendo su esencia, sus rasgos, sus reglas –las de siempre, las que hacen que los toros sean lo que son y no otra cosa–, impidiendo así que se desfiguren. En otras palabras, las partes taurinas carecen de libertad y de competencia para entrar en esas materias.
Probablemente en la UCTL advierten de todas estas circunstancias. Y que en realidad cuando piden la desregulación, lo que solicitan es que sea el Estado quien realice esa desregulación, cambiando las normas que se fijan en la Ley 18/2013 y/o en el vigente Reglamento. Pero eso ya no es autorregulación: por más que los sectores taurinos puedan “ser oídos”, eso es conceder carta blanca al Gobierno y a los legisladores para redefinir la Tauromaquia. Si se miran los intereses y la trayectoria de quienes hoy los componen, sería como ponerles en bandeja convertir en realidad lo que quisieron para Cataluña o para Baleares, luego desmontado por el Tribunal Constitucional, como en otras muchas demarcaciones locales también abortadas por los tribunales ordinarios.
Pero si este escollo se salvara –hipótesis muy arriesgada, porque habría que incumplir las leyes–, si acudiéramos directamente a la autorregulación por la vía de los hechos –esto es: todo por decisión unilateral de ganaderos, empresarios y toreros–, comprobamos las enormes dificultades que históricamente se han dado para que haya consensos amplios entre los distintos estamentos taurinos. Salvo cuando se produce una tragedia, que ahí sí: “todos a una”, en todos los demás casos resultó siempre inviable. No hay más que recordar lo sucedido cada vez que a lo largo de la historia se ha promovido, por ejemplo, un cambio en el Reglamento Taurino.
Para comprobar las dificultades reales de un consenso intrataurino y de trabajo en común recodemos aquel intento fallido de la Mesa del Toro, que acabó siendo un esperpento. Y ahora tampoco es que se avance precisamente mucho con la Fundación del Toro de Lidia, que por lo visto en el terreno de lo concreto sólo sirve para pleitear, pero para nada más[1]. De hecho, si se repasa la hemeroteca de los último años lo único relevante de su trayectoria, además de su batalla en los Tribunales, fue la comparecencia de su Presidente en el Senado hace unos años.
Entre otras materias, en los últimos años más de una vez han propuesto dirigentes de ANOET [Ramón Valencia o Manuel Martínez Erice, por ejemplo] que era necesario sentarse todos en una mesa a estudiar y negociar el replanteamiento del conjunto de la economía taurina, porque no se sostiene en los términos actuales. Naturalmente nadie les siguió, no hubo ni intentos de sentarse para hablar. Todo quedó en puras palabras, que parecía que a nadie le interesaba escuchar.
Con más motivo los consensos hoy son aún más complicados en momentos como los actuales, cuando la magnitud de la crisis nacional por el covid-1 incrementa enormemente los distintos intereses que a cada estamento taurino le toca defender. En el fondo están en la situación límite de la supervivencia.
Ya sea bajo el prisma jurídico-constitucional, como por la imposible vía de los hechos consumados, venimos a concluir con unas palabras del profesor Hurtado: “La desregulación es otra cosa: es el fin de los toros. Así de claro. Porque dejar a los intereses concurrentes el poder para adulterarlos y degradarlos (con reses a la carta, toreando cualquiera, sin tiempos ni avisos… y sin presidente), es abocarlos a su segura extinción: sin sus reglas de siempre, la Fiesta al poco desaparecerá por inanición”.
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[1] El actual Presidente de la FTL, Victorino Martín, dijo en la Cadena Cope el pasado mes de enero: “Sentimos que no tenemos la respuesta que esperábamos. Ser socio de la Fundación cuesta 50 euros de forma inicial y después Hacienda te devuelve el 75%, así que solo cuesta 12,5 euros al año. Y solo tenemos 2.500 amigos. E incluso no están todos los profesionales integrados. Quizá no estemos comunicando bien. O también es el espíritu español, que nos quejamos mucho pero luego arrimamos poco el hombro. La Fundación es cosa de todos, la mejor herramienta que tenemos para defender nuestra cultura y aglutinar al mundo taurino”.
[2] Dias después de publicarse este comentario editorial, el presidente de la UCTL, Carlos Núñez, ha hecho unsa declaraciones al diario "El País" en las que modifica de hecho el ya citado punto 5 de su escrito al Gobierno. Según esta nueva version, se trata de lo siguiente: “Lo que queremos como sector es revisar el espectáculo taurino de arriba abajo, en el más amplio sentido, para conseguir uno nuevo que, en interés de profesionales y aficionados, sea viable para el futuro, más interesante, atractivo y, sobre todo, asequible para todos. Se trata de regenerar, rediseñar y revitalizar el mundo del toro como garantía de supervivencia para generaciones futuras”.
“No es un problema normativo, sino económico; un problema de estructura y de coste de producción. No pretendemos que se deroguen los reglamentos, sino que el espectáculo se diseñe de modo diferente de tal manera que sea posible su celebración”.
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