Si no fuera por la sólida argumentación que expone, que no es como para tomarla a broma, sería como para recordarle el viejo refrán: “A buenas horas, mangas verdes”. Nos referimos a las declaraciones del consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santiago Vila i Vicente, que en su edición dominical recogía el diario “ABC”.
Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Girona, demarcación por la que además ha sido cabeza de lista de CIU en las ultimas elecciones autonómicas, el consejero Vila i Vicente ha declarado sin rodeos: “El Parlamento catalán se equivocó al prohibir la Fiesta”. Y ha añadido una gran verdad al recordar que antes “los catalanes tenían la libertad de ir o no a los toros”. Como colofón otra gran verdad: “¿Quienes somos nosotros para prohibir una tradición de hace 150 años?”.
Según su tesis, en la Cámara catalana “el debate se ensució de apriorismos políticos”, que luego se tradujeron “en muchas incoherencias”. Y a título de ejemplo cita el caso de los correbous, un festejo popular en el que –si se le aplican los criterios animalistas– el toro también sufre y sin embargo está sobreprotegido por la ley.
En sus declaraciones a María Jesús Cañizares, en las que reconoce que “en mi postura es más compartida de lo que parece en CiU”, Santiago Vila recuerda sus tiempos de alcalde de Girona: “tiene plaza de toros y para mí se convirtió en una costumbre, igual que ir al fútbol. Ir a las corridas era algo transversal, no era algo de derechas o e izquierdas pero ahora el debate se ha ideologizado”.
La última vez que ha ido a los toros, según reconoce, fue en la pasada feria de Ceret, en Francia. Como tantos otros catalanes que no pueden hacerlo en su tierra, al estar prohibidas, rompiendo así la larga tradición liberal que siempre caracterizó a Cataluña.
Pendiente de las indemnizaciones
En estas declaraciones no se hace referencia para nada –tampoco es tema de la competencia del consejero Vila i Vicente– a las indemnizaciones que ahora deberá pagar la Generalitat, cuando está sumida en un mar de deudas y ni siquiera cuenta con mayoría suficiente como para poder aprobar sus Presupuestos, en los que debiera incluirse la partida correspondiente para estas indemnizaciones.
Pero conviene recordar que, a expensa de lo que finalmente se revuelva en la vía jurisdiccional, la Generalitat contempla que debe abonar una indemnización de en torno a los 20 millones de euros a las Empresas Balañá –propietaria del coso de Barcelona– y Matilla –gestora de los espectáculos taurinos–, como compensación por no desarrollar sus actividades.
Se supone que por razones económicas, la Generalitat no contempla la posibilidad de expropiar la Plaza Monumental, entre otras cosas porque a precio de mercado supondría un gasto no inferior a los 50 millones de euros.
Sin embargo, la Generalitat tiene pendiente los recursos correspondientes de otros 27 reclamaciones, de las cuales en vía administrativa ya ha rechazo 24, de sectores que se consideran afectados por la prohibición. En este sentido, la Generalitat considera que a los distintos profesionales taurinos la prohibición “solo limita la práctica profesional en Cataluña y no afecta al libre ejercicio de su actividad en el resto del Estado ni en cualquier otro en que las corridas están autorizadas”.
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