Hay que ser muy conscientes que los efectos de la ILP en defensa de la fiesta, que el martes inicio su tramitación parlamentaria, puede ser limitados. Pensar, por ejemplo, que a los pocos meses de su entrada en vigor la Monumental de Barcelona va a abrir sus puerta, es tanto como soñar despiertos. Cuando con reiteración la Generalitat catalana ha incumplido leyes y sentencias del Constitucional –por ejemplo en materia educativa–, creer que la futura ley la van a acatar y poner en práctica a la mañana siguiente de ser promulgada, carece de todo sentido realista. Por eso, será un recorrido costo y largo el que habrá de seguirse para restablecer la normalidad taurina en aquella Comunidad autónoma.
Pero esta realidad, que tantas veces se ha comprobado en los últimos años, no resta un ápice de importancia a que la Fiesta sea declarada por ley Bien de Interés Cultural de España. Eso está muy por encima de la coyuntura concreta y circunstancial de quien gobierne en cada momento.
Y es importante, en primer término, porque siempre resulta relevante que el marco institucional de la Fiesta esté adecuadamente definido. De hecho, con esta futura ley se completa su entramado legal básico. Es un hecho en sí mismo relevante.
Pero esta ley, además, debe facilitar y encarrilar más fundadamente la aceptación por la UNESCO que la Fiesta tenga la consideración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una definición en la que coinciden todos, tanto a éste como al otro lado del Atlántico.
Pero es importante, igualmente, porque tomando fundamento de este nuevo marco institucional para el arte del toreo, pueden ir adecuándose a la realidad actual todos los aspectos relativos a la Fiesta. Y así, por ejemplo, con la declaración como BIC se despeja toda duda acerca de su incardinación en Cultura dentro de la Administración del Estado y, consecuentemente, en los diversos Estatutos de Autonomía.
No resulta menos relevante, porque se trata algo mucho más importante que lo meramente testimonial, que sean las Cortes Generales de la nación –es decir, la primigenia institución de la soberanía popular– las que realizan un pronunciamiento a favor de la Fiesta como el que supone esta ley. Lo es en el orden institucional y hasta en el contexto histórico. Pero tampoco hay que echar en saco roto que sea precisamente una ILP sobre la fiesta de los toros una de las pocas iniciativas de esta naturaleza que sale adelante en la historia reciente de las Cortes Generales.
Por añadidura, para los profesionales y para los aficionados fue extremadamente clarificador conocer de forma fehaciente qué posición adopta cada grupo político frente al hecho taurino. En un lugar tan incontestable como en los Diarios de Sesiones queda ya constancia permanente. Y eso tiene un valor que supera con mucho el valor de cualquier género de declaración que ocasionalmente se haga. En suma, tenemos todos constancia inequívoca y solemne de a que lado de la raya se sitúa cada cuál.
Si en las Cortes Generales se ha adoptado una posición concreta, como el martes se hizo, de nada vale ya que tal o cual líder autonómico, por ejemplo, venga ahora poniendo paños calientes para eso que coloquialmente todos conocemos como “salvar los muebles”: la doctrina oficial de cada partido es la que figure en los Diarios de Sesiones; lo demás son irrelevantes cantos de sirena, cuando no meros oportunismos.
Y así, por ejemplo, las posiciones adoptadas tibiamente por los dirigentes socialistas, no dejan lugar a dudas. Cuando en el Congreso se posicionan en la duda permanente y dejan en evidencia la ausencia de un criterio concreto, que no venga ahora el Presidente de la Junta de Andalucía colgándose medallas sobre lo mucho que apoya a la Fiesta. Si de verdad la quiere apoyar tanto que, como presidente que es de las filas socialistas, hubiera realizado las gestiones pertinentes para que la posición de su partido fuera nítida y clara. Para malos ejemplos en la memoria tenemos todos la actitud que adoptaron en el Parlamento catalán ante una decisión de enorme trascendencia; ella fue, con su tibieza y sus miedos, la verdaderamente responsable de que saliera adelante la prohibición. El martes no hicieron algo muy diferente.
Concluido, en fin, este primer debate, nos tenemos que raafirmar en lo ya dicho en estas páginas y que hoy repetimos. El camino que marca esta ILP merece ser recorrido, más allá de si sus efectos concretos y a plazo corto sean éstos o aquellos. Que la Fiesta sea, finalmente, declarada Bien de Interés Cultural de España supera con mucho los episodios circunstanciales, que como tales son pasajeros.
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