El ministro Rubalcaba ha abierto el proceso de traspaso de las competencias taurinas al Departamento de Cultura, atendiendo las peticiones de las gentes del toro. Si los expertos en Derecho Administrativo que ha consultado taurologia.com no se equivocan, realizar este tránsito dentro de la estructura administrativa es competencia del Gobierno, que la ejerce autónomamente; o lo que es lo mismo, no requiere que en su tramitación intervenga el Parlamento., salvo cuando haya que modificar normas superiores al derecreto-ley.
Sin embargo, tratándose de una cuestión que hoy está en la escena política, con dos debates pendientes de celebración en el Pleno del Congreso y con unas elecciones en la comunidad autónoma que ha prohibido los toros, resulta inevitable que los partidos políticos expliciten sus posiciones al respecto.
Y por si fuera poco, el PSOE ha iniciado en el Congreso un acercamiento al PP para llegar a un acuerdo en el plan de actuación que pueda seguirse con la Fiesta a efectos de blindarla contra posibles o futuras prohibiciones regionales.
En este doble sentido, la pelota de las reivindicaciones taurinas se encuentra hoy en el tejado del Partido Popular. Lo está, en primer término, porque es el único partido del arco parlamentario con capacidad y decisión de influir en esta cuestión. Pero lo está, además, porque ha sido quien ha encabezado en el área política el apoyo a la Fiesta.
Ahora deberá pronunciarse, oponiéndose o facilitando, sobre la nueva situación. Carecería de sentido que los populares, que ya han dicho que el traspaso es una buena noticia, se opongan al paso hasta Cultura. Solo se entendería como un mero propósito obstruccionista, que difícilmente comprendería los profesionales y los aficionados a la Fiesta.
Sin embargo, mucho mas relevante es la posición que adopten los populares ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno y el PSOE sobre cuestiones más de fondo, como las que se han puesto encima de la mesa. Y en esta materia oponerse no es sólo negarse a acordar lo que corresponda; oponerse es también ir a una negociación con planteamientos maximalistas que de antemano todos sabemos que son imposibles de acordar. Por ejemplo, si optan por poner como condición indispensable y previa a todo acuerdo que se derogue la ley catalana, estaremos ante un mero brindis al sol, porque todos sabemos que ni eso se hace en un día, ni resulta tan fácil llevarlo a cabo, si es que jurídicamente es posible.
Pero debe reconocerse que no toda la responsabilidad va a recaer en el PP, porque también al Gobierno y su partido le corresponda su cuota de responsabilidad, que debiera llevarles a ir a la negociación con una posición abierta.
Por ejemplo, el PP tiene en trámite parlamentario una proposición de ley para modificar la Ley 10/1991, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos. Sin entrar ahora sobre si tal proposición es o no perfectible, tal como está planteada este proposición legislativa constituye una medida de blindaje que puede ser eficaz. ¿Estarían los dos partidos mayoritarios dispuestos a establecer un acuerdo en esta materia?
Otro ejemplo. El día 8 de noviembre, si los cálculos están bien hechos, concluye el plazo para recurrir la ley catalana ante el Constitucional. En las conversaciones PP-PSOE, ¿cabria un acuerdo para facilitar que 50 diputados o senadores suscribieran ese recurso?
En suma, el primer paso hacia una solución razonable está dado y hay que reconocer que se lo ha apuntado Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahora es la hora de los expertos, para realizar bien ese traspaso, y la hora de los políticos para consensuar un acuerdo de bases que sirva de protección y promoción a la Fiesta.
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