Revista de Prensa: Explicaciones y críticas sobre la decisión

►Las razones de la prohibición

En un articulo publicado en el diario “El Tiempo”, Eduardo Noriega de la Hoz, como  Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, explica de forma detallada las razones en las que fundamentan la decisión abolicionista. Aunque se trata de un texto algo extenso, conviene leerlo con atención, para así comprobar como las argumentaciones no nos resultan lejanas, ni novedosas.

El texto íntegro de su explicación es el siguiente:

“Fue oportuno y necesario que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), mediante la resolución 280 del 14 de junio de 2012, revocara el contrato 411 de 1999, suscrito con la Corporación Taurina de Bogotá, es decir, diera por terminada una relación jurídica contractual después de un claro proceso en el que se llamó al diálogo y la concertación y que cumple con todo un ordenamiento jurídico estudiado a profundidad y con precisión. (Lea aquí: Toreros anuncian demanda por su derecho a trabajar)

Quiere decir, ni más ni menos, que a partir de esa fecha, en la plaza de toros de Santamaría no habrá más corridas ni espectáculos en los que se programe algún tipo de maltrato contra los animales como venía sucediendo.

Y no se trata de un hecho que haya sido motivado por la improvisación o el capricho, ni siquiera por orientaciones ideológicas o de estricto carácter administrativo, como se señala sin fundamento desde ciertos círculos. Todo proviene de las mismas propuestas de gobierno que planteó el alcalde Gustavo Petro en su campaña y que, para el caso de las corridas de toros y el maltrato animal en general, fueron producto de reuniones y acercamientos con asociaciones protectoras de animales.

Igualmente, de lo ya definido y aprobado mediante un gran pacto social, en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, cuyo artículo 31 prevé todo lo relacionado con la protección animal y desarrolla aspectos del más alto nivel jurídico como la sentencia C 666 del 2010 de la Corte Constitucional.

Al respecto existe un ordenamiento incuestionable y que no puede desconocerse con retóricas propias de la propaganda o ajustadas a terminologías que solo sirven para exaltar los ánimos sin aportar al mismo debate o al conocimiento de los hechos.

En Colombia está prohibido que las administraciones municipales destinen recursos públicos a la promoción y publicidad de las corridas de toros, algo que además es parte de una tendencia mundial que señala la superación de este tipo de prácticas del siglo pasado.

Países de tradición taurina como España están en la línea de eliminar cualquier forma de maltrato animal, o lugares de igual característica, como Ciudad de México, que se han adelantado en comportamientos similares. Y ahora Bogotá, donde no se ha hecho por medio de mecanismos de prohibición, sino por la vía de declarar un monumento nacional, que es propiedad pública, no apto para la presentación de corridas de toros.

Es cierto que hubo un juicioso análisis en la Corte sobre el reglamento taurino y que, con una buena cantidad de salvamentos de voto, se establecieron unas excepciones relacionadas con el lugar de las corridas o sus aspectos tradicionales. Pero se insistió en la prohibición de promocionar estos espectáculos con recursos públicos, y eso es exactamente la plaza de toros de Santamaría. Entonces, estamos cumpliendo.

Igualmente, se habló de ingresos económicos que surgían de este espectáculo. Nuestra posición siempre ha sido que el mandato jurídico internacional y nacional de protección de los animales no es intercambiable por suma de dinero alguna, pequeña o grande.

Del cambio de actividades en la plaza de toros de Santamaría se ha dicho que implica perjuicios económicos para la gente, los empresarios y el Distrito. No hay tal.

Sobre la Corporación Taurina, hace dos o tres meses se consultó acerca de los compromisos económicos para la siguiente temporada y no hubo respuesta. La venta de abonos ha estado suspendida y, por tanto, no hay lugar a reconocimientos o indemnizaciones.

Cabe señalar que en los contratos de mandato las normas prevén que hay pleno derecho a revocarlos en cualquier momento y que, para el caso, el vencimiento en el 2015 no significaba una imposibilidad legal de darlo por terminado.

En estos contratos, un elemento principal es la revocabilidad sin limitaciones tanto en lo civil como en lo comercial. Es, por tanto, una decisión sólida desde el punto de vista jurídico que está bien sustentada y que, por supuesto, puede ser cuestionada ante los tribunales correspondientes por parte de quienes consideren que deben reclamar en un proceso.

Las personas vinculadas económicamente al espectáculo taurino tendrán, en la perspectiva de los actos culturales que se llevarán a cabo en este escenario, más oportunidades, pues pasarán de temporadas o de trabajos estacionales a vincularse a una programación más estable y permanente. Otro fundamento de las políticas distritales es el apoyo a la economía popular y en esta área también tienen cabida y encontrarán apoyo.

Gran centro de cultura

En consecuencia, se ha convocado a la ciudadanía para que utilice la plaza como un gran centro cultural, en actividades diversas y de alta participación, sin exclusiones y aclarando que los aficionados taurinos, como una parte de la población, también han sido llamados a concertar en torno a sus preferencias.

Pero, en esta ocasión, cuando a sus voceros se les planteó que se morigerara el maltrato contra el animal, por ejemplo desde la Corporación Taurina se respondió que "la muerte del toro era esencial para la fiesta brava".

La determinación de dar un giro hacia expresiones culturales vigentes, contemporáneas, a la cultura de la evolución del pensamiento, no puede limitarse a una discusión jurídica, legal o procedimental, tiene un arraigo político que viene de la misma campaña electoral del Alcalde y de ese gran compromiso de la humanidad que se abre paso en cuanto a la protección de los animales.

La plaza estuvo vinculada históricamente a una actividad que fue aceptada hasta el siglo XX, pero hoy se ha decidido que será un gran centro para la cultura y eso es irrevocable.

En conclusión, es bueno reafirmar que existe el deber constitucional de la protección de los animales y, en este sentido, la Corte ha considerado que las corridas de toros, las tientas, las corralejas, las becerradas, el rejoneo, el coleo o las riñas de gallos son formas de maltrato que nadie debe tolerar.

La emblemática plaza del centro de Bogotá conservará su nombre, precisamente en memoria de esa actividad del pasado”.

►Prohibir  las corridas es una de las ´alcaldadas´ de Petro

Por su parte, el periodista Antonio Caballero se opone a la prohibición, en un artículo publicado en las páginas de opinión del diario “El Tiemp”, cuyo texto es el siguiente:

A principios de junio el alcalde Gustavo Petro decidió llevar a la práctica su anunciado propósito de acabar con las corridas de toros en Bogotá y convocó a los directivos de la Corporación Taurina que regenta la plaza de Santamaría para informarles del asunto.

Primero invocó la ley: la 916 del 2004, que dicta el Reglamento Nacional Taurino. Pero le hicieron ver que, justamente, la ley reglamenta las corridas, no las suprime; y no prohíbe tampoco la suerte de matar, sino que la define como una de las tres etapas o tercios en que se divide la corrida. Tras mencionar veinte veces la muerte del toro como parte integrante del ritual del espectáculo, la ley concluye en su artículo 85 diciendo que, en las ciudades en donde hay plazas permanentes, "el alcalde será el encargado de velar por el cumplimiento estricto de todas las disposiciones contenidas en este Reglamento".

Petro citó entonces la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero esta tampoco elimina la culminación del rito, que es la muerte del toro, sino que le reconoce su lugar en la tradición cultural. Sin darse por vencido, Petro tentó finalmente la posible ansia de notoriedad de sus invitados sugiriéndoles que podrían "pasar a la Historia" si suprimieran en la plaza de Santamaría que manejan la llamada "suerte suprema": la muerte del toro en el ruedo. (Leer: Distrito no les teme a las demandas por prohibir las corridas de toros).

(Un inciso. La eliminación de esta suerte -como se hizo en las corridas de Portugal a partir de una sentencia judicial de l928 que confirmó un real decreto de mediados del siglo XIX- es en la práctica una falacia hipócrita. Al toro no lo matan en presencia del público, pero sí un poco más tarde, en la penumbra de los corrales, como matan en los mataderos al ganado de carne. Así sucede en las plazas portuguesas y, más recientemente, en la de Quito).

Se negaron los representantes de la Corporación Taurina, alegando que esa propuesta "desnaturaliza la fiesta brava". Ante lo cual el Alcalde echó mano del último recurso de la autoridad, que es su propio capricho: lo que en los tiempos del despotismo, ilustrado o no, se llamaba "la real gana". Y el miércoles 13 de junio anunció la rescisión unilateral del contrato suscrito por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con la Corporación Taurina para el arrendamiento de la plaza. Lo explicó así:

"Es un contrato entre el mandante, que es el Distrito, y un mandatario (la Corporación), para hacer un mandado (dar corridas). Como el mandante dijo que las corridas dejarán de tener actos de crueldad, incluida la muerte del toro, y el mandatario no hizo caso, pues habrá un cambio". Y añadió: "La plaza de Santamaría es propiedad de los bogotanos y seguirá al servicio de la ciudad, tal y como ocurre con el teatro Jorge Eliécer Gaitán, la plaza de Bolívar y la red de museos del Distrito".

(No sé si esas comparaciones sean válidas. ¿Puede el Alcalde cerrar la plaza de Bolívar porque le da su real gana? ¿Puede destinar las salas de los museos a canchas de microfútbol?)

La reacciones no tardaron. Cita este periódico a Felipe Negret, gerente de la Corporación Taurina, quien afirma que al imponer sus "preferencias personales" el Alcalde "está violando la imparcialidad que debe tener todo funcionario público". Petro, dice, "no está por encima de la ley. Tiene que gobernar como alcalde y no como capataz".

Pero lo cierto es que sí está gobernando como alcalde, así sea en el peor de los sentidos. Existe en la lengua española una palabra derivada de alcalde, ´alcaldada´, que el diccionario define como atropello propio de los alcaldes: "Acto inconsiderado realizado por un alcalde abusando de su autoridad". Y es de alcaldada en alcaldada como ha venido actuando Gustavo Petro en los seis meses que lleva de gobierno, cualquiera que sea el asunto en el que pone el dedo: transporte público, uso del agua, fiestas.

No solo son abusos de autoridad sus decisiones destructivas, como esta que borra de un plumazo la antigua y arraigada tradición de los toros en Bogotá, sino que también son alcaldadas sus propuestas en apariencia constructivas, como la que se sacó de la manga de prestidigitador para sustituir las corridas abolidas: "La plaza -dispuso Petro- hará parte del sistema de educación distrital, en el que los mejores poetas y escritores se reunirán cotidianamente con los estudiantes de nuestros colegios públicos para dictar clases de literatura y letras". ¿Quién se atrevería a criticar tan virtuosa y enjundiosa iniciativa?

Tal vez se atrevan los escritores y poetas mencionados por Petro, a quienes no se les ha consultado su opinión y que a lo mejor no tienen vocación pedagógica. Tal vez también los estudiantes de los colegios públicos, a quienes Petro parece querer arriar como ganado manso pero que a lo mejor no tienen ningunas ganas de recibir cotidianamente cursos extracurriculares de literatura y letras en los graderíos de cemento de la plaza de toros. Es decir: tal vez se atrevan a oponerse los directamente afectados por la alcaldada de Petro.

Como se oponen a la supresión de las fiestas de toros todos los interesados en ellas. Los profesionales que viven de que las haya: se calculan en unos treinta y cinco mil en el país, entre ganaderos de bravo y sus dependientes, toreros de toda índole y categoría, de a pie o de a caballo, empleados de la plaza, fotógrafos y periodistas taurinos, etc. Y los aficionados que las sostienen con su entusiasmo y su dinero (que pueden sumar en Colombia unas sesenta o setenta mil personas). Una minoría, una pequeña minoría: apenas la décima parte de los votantes que tuvo Gustavo Petro en las elecciones para la alcaldía de Bogotá (721.308). Pero la democracia no consiste solamente en inclinarse ante la fuerza de las mayorías, sino igualmente en respetar y defender los derechos y los intereses de las minorías, aunque sus gustos no se compartan.

Sin embargo, el que avisa no es traidor. Y hay que reconocer que Petro avisó. En la primera entrevista que le dio a EL TIEMPO como alcalde electo, le hicieron una pregunta:

¿Va a ser un alcalde conciliador?

Y la enigmática respuesta fue:

–Vamos a construir una democracia de multitudes.

►Manifiesto en defensa de las corridas

Por otro lado, un grupo de escritores y periodistas difundió el pasado mes de enero un “Manifiesto” en defensa de los toros en Bogotá, cuyo texto era el siguiente:

"Las corridas de toros, como las conocemos hoy, datan en España y en la América española de la época de la Ilustración (l750-l850). Los señores de a caballo de las antiguas fiestas son sustituidos por los peones, y se escriben los primeros reglamentos taurinos, que buscan tanto proteger la vida del torero como preservar la integridad del toro hasta el momento ritual de su muerte. Son normas que, al ser observadas, permiten que el juego del toreo se transforme en arte. Un arte específico que contiene los ideales de la cultura hispánica: el sentido trágico y heroico de la vida. El toreo es así una gran metáfora sobre la vida y la muerte.

Como todo arte, el del toreo no es comprendido por todo el mundo.

Pero esa no es una razón para atacarlo y pretender prohibirlo con el argumento de que es cruel, detrás del cual se esconde el simple afán de prohibir los gustos y aficiones de los demás.

Nosotros, aficionados a la llamada fiesta brava, reclamamos y defendemos nuestro derecho a gozar de una tradición artística pacífica. Reclamamos nuestro derecho a la libertad de opción cultural, como se respeta la libertad de conciencia. El ataque a las corridas es una manifestación violenta de intolerancia cultural y social. Así como no pretendemos imponerle a nadie nuestra afición, exigimos respeto absoluto por nuestros gustos y sentimientos.

También nosotros somos defensores del medio ambiente y de la conservación de las especies, que incluyen la del toro bravo, y en consecuencia las condiciones que hacen posible su crianza y su existencia."