En estos días Zabala de la Serna se hacia en su blogs del diario El Mundo una pregunta importante: ¿Podría Tomás Entero llevar adelante la Feria coruñesa de María Pita sin la subvención municipal de 50.000 euros? Como se sabe, ese dinero público ha sido unas de las razones para que, aprovechando que “el Pisuerga pasa por Valladolid”, la Marea Atlántica gobernante cerrara las puertas del Coliseum para la Fiesta, cuando el ciclo ya estaba organizado.
No es cosa de ponerse aquí a hacer las cuentas, para ver si de alguna manera se cuadran sin ese dinero público, que con el esfuerzo de todos –empresa, ganaderos, toreros y afición– es posible que así sea. Pero aprovechando lo que escribe Zabala de la Serna puede ser interesante plantearnos la cuestión de fondo que subyace en toda esta oleada de propósitos intervencionistas y abolidores.
Sobre la base de hipotéticos criterios –o prejuicios, por mejor decir– ideológicos y animalistas, un argumento que se repite una y otra vez para justificar esas ansías de prohibir la Tauromaquia, hay una que bien puede considerarse su denominador común: ni un euro público para la Fiesta.
Se trata de una motivación que aducen los que van directamente a la prohibición y los que, por las razones y circunstancias su entorno social, no se atreven a ir tan lejos, aunque les gustaría hacerlo: “ya que aquí no podemos prohibir, porque nos hundimos en las urnas, al menos quitemos el dinero público”, vienen a decir éstos últimos.
Colateralmente dejemos constancia que el otro elemento básico de las argumentaciones discurre por el camino de “convoquemos un referéndum”, “dejemos que el pueblo se exprese”. Claro que es un argumento peliagudo: hasta ahora, donde se le dio la voz al pueblo resulta que la ciudadanía votó contra sus gobernantes. Pero, además, no deja de ser una dejación de quienes han sido llamados a gobernar ese tan actual recurso a la consulta. Los políticos fueron elegidos para que ejercieran el poder y, por más que consulten, la responsabilidad de las decisiones siempre será suyas, que son los que firman al pie de todo acuerdo municipal o del nivel que sea. En esto de las responsabilidades públicas no caben fuenteovejunas.
Pero también colateralmente recordemos una vez más que la Fiesta no vive enchufada al erario público, del que es contribuyente neto y en medida importante. Como hay que recordar también lo mucho que aporta a las economías locales de manera directa e indirecta. De hecho, los dineros de origen público que llegan a la Fiesta son escasos y muy circunstanciales, cuando, además, acaban siendo recuperados por las arcas institucionales. Todo lo cuál no es óbice para que las instituciones públicas constituyan un factor de importancia para el negocio taurino; basta recordar a título de ejemplo que a ellas corresponde fijar las condiciones económicas de los arrendamientos de las plazas, partida sustantiva del negocio taurino.
Cerremos el paréntesis y volvemos a los dineros. Y volvamos ello para plantear lo que bien puede considerarse como un arma mucho más que defensiva frente a las prohibiciones. Hoy mucho más que ayer, la Fiesta tiene que ser económicamente autónoma en sí misma; con ser un factor importante que los número cuadren, ya no es sólo un sano propósito empresarial, sino que sobre todo ha pasado a ser un factor de pura subsistencia.
Y esta realidad no es sólo una cuestión aplicable a lo que conocemos como “la Fiesta de base”, que esa que se celebra en miles de pueblos de España, sino de las plazas de primer nivel. Veamos algún que otro caso.
Con ilusión para los aficionados, Illumbe vuelve a ser plaza de toros en la capital guipuzcoana. Pero tanto para que los que desde el Ayuntamiento ha apoyado este regreso, como para la empresa de los hijos de Manolo Chopera que han asumido los riesgos económicos, que las corridas de la Semana Grande constituyan también un éxito supone un factor de supervivencia en el futuro. El paso adelante que han dado, necesita del referendo incontestable de la aceptación en la taquilla, para convertir la decisión en irreversible.
Otro caso también del Norte. Las Corridas Generales de Bilbao, con toda la importancia y la tradición que encierran, andan rozando los límites de la viabilidad económica. De hecho, no muy buenas debieron ser las cuentas de 2014 cuando aún no las han dado a conocer. Hasta ahora, el Ayuntamiento adquiría dos palcos para atender a sus compromisos sociales; en 2015 ya han dicho que comprarán sólo uno: reducen a la mitad el único dinero público que entraba en la plaza. Si es cierto, como dicen sus detractores, que las ganancias de 2014 empataban con el importante de las localidades adquiridas por la Corporación, ya estamos mas cerca de los número rojos.
Pero Bilbao no puede entrar en número rojos. Sería muy grave para la Tauromaquia. De un lado, el 50% de la propiedad de la plaza es de titularidad pública, y el otro 50% de una entidad benéfica. Ni una ni otra pueden soportar una actividad en pérdidas. Por eso, mantener en alto la bandera taurina de Bilbao exige de un negocio saneado, en el que al menos empaten ingresos y gastos. Y ya sabemos quienes son los principales responsables de una y otra partida.
En esta lista de posibles riesgos hay más nombres de lo que resulta prudente asumir en el futuro. ¿Qué se hace, por ejemplo, en Alicante, con unas fuerzas políticas apretando el acelerador y con una adjudicación de arrendamiento en puertas?. Pero se llamen como se llamen, lo que el toreo no debe hoy hacer es que la Fiesta muera por inanición, como ocurrió por la desidia de unos y otros con la históricamente florecientes plazas de Barcelona.
En este contexto, que las circunstancias políticas y sociales han reactivado de forma preocupante, es en el que hay que volver a plantearse, hoy como mucho más realismo que en el pasado, la necesidad de establecer unas nuevas fórmulas empresariales y económicas para la Fiesta. En el pasado, era una necesidad de racionalidad económica; en el presente, resulta además una urgencia política.
No hace tantas semanas decía Manuel Martínez Erice en la revista “Forbes” que en estos momentos para los empresarios “el objetivo es no perder”. Y unos meses antes la Asociación de Jóvenes Empresarios Taurinos hacía un llamamiento a la unidad del sector para reducir unos costes de producción, que los jóvenes gestores califican de “casi utópicos”; sus datos eran demoledores a la hora de exigir ese abaratamiento. Y aunque los términos en los que se expresó fueran discutibles, va a resultar cierta la repetida sentencia José A. Martínez Uranga, cuando dijo aquello de que “el mundo del toro está en quiebra”.
Y es que, como hace meses se escribía en estas mismas páginas, la conclusión de todo esto parece cada día más evidente: el modelo actual del negocio taurino se ha quedado obsoleto y no responde a la coyuntura económica del siglo XXI. Y no solo por causas de las graves consecuencias de la crisis económica general en la que hoy anda España; antes de estos duros años también ocurría algo similar, aunque no fuera tan llamativo, o tan sangrante, según se quiera.
Sin embargo, en esa racionalización del negocio, hoy indispensable, se tropieza tozudamente con una realidad, que Martínez Erice definía con pocas pero certeras palabras: las reacciones frente a las llamadas de atención de los empresarios, “el sector respondía con desconfianza, como diciendo que no sería para tanto; no se lo acababan de creer”. Hoy semejante desconfianza ya no tiene, no debe tener, sitio en el toreo, si se piensa en un futuro inmediato y, además, se pretende alcanzar unas cotas de estabilidad y de viabilidad. Ya carece de sentido eso de que yo defiendo lo mío y tu lo tuyo; sólo cabe administrar lo nuestro. Y exige de todos una altura de miras que hasta ahora ha brillado por su ausencia.
En otras palabras, racionalizar el negocio taurino ya ha dejado de ser una necesidad económica. Hoy representa, sobre todo, el arma más poderosa frente a los ataques exteriores desde los ámbitos políticos. Dicho en otras palabras: hay que alcanzar un negocio taurino en sí mismo viable, ajeno a los comportamientos que puedan tener las corporaciones públicas. La Fiesta ya no puede depender de que un Ayuntamiento rebaje un canon, por justa que sea esa reducción; ni mucho menos puede acabar siendo dependiente de una subvención.
Como en tantas y tantas actividades de la Sociedad, nada más seguro que establecer las bases de un negocio con independencia de las instituciones públicas, porque la experiencia nos dice que hoy mantienen una cosa y mañana su contraria: ese cambio al final supone pasar de número negros a números rojos. Un precio demasiado alto a pagar por unos hipotéticos apoyos, que al final sea adivinan efímeros y cambiantes.
Si este es el marco más realista en el que hoy se tiene que desenvolver la Fiesta de orden mayor, lo más peliagudo se presenta el caso de la fiesta de base y los festejos populares. Cuando al Ayuntamiento de un pequeño pueblo acceden los prohibicionistas, los aficionados tienen muy escasas armas para defenderse y hasta para hacer oír su voz. Antes podían contar con unas autoridades autonómicas dispuestas a intervenir; ahora, mucho menos.
Sin embargo, la fiesta de base resulta imprescindible. Su primera justificación nace de estar en la misma entraña de las tradiciones y el patrimonio común de los españoles. Pero, además, resulta esencial para la continuidad misma de la fiesta. Como se viene demostrando que tales argumentos resultan irrelevantes para los prohibicionistas, sólo aduciendo la historia no se salvará el problema; hacen falta actuaciones concretas y palpables de cuantos integran el toreo.
Nos encontramos ante una necesidad a la que hay que echarle tanta imaginación y realismo. Pero, para qué engañarnos, o la sacamos adelante entre todos –profesionales y afición–, o no saldrá. No sé si la fórmula es que del negocio rentable se detraigan unos dineros específicos para apoyar estas otras actividades, como ocurre en el futbol: el equipo grande mantiene a su propia cantera; o si lo que procede es que todos los intervinientes reduzcan sus ingresos para minimizar los costes. A lo mejor, tienen que ser las dos cosas a la vez.
Sea como fuere, la prudencia aconseja ya mirar poco hacia los agentes públicos. Donde tenga la fortuna de contar con unas autoridades dispuesta a colaborar, estupendo; en los demás casos, sería un grave error dejar en la soledad a los más desfavorecidos, porque la suerte que ellos corran también será la nuestra.
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