No ahora sino desde hace mucho tiempo, causa asombro el desmadre que se vive en las redes sociales, que constituyen una herramienta de enorme interés, pero a las que han instalado entre muchos en la ley de la selva, sobre la base de actuar en demasiados casos de forma anónima e irresponsable. La desgraciada cornada de Teruel, que se llevó por delante a Víctor Barrio, nos ha dolido de una manera muy especial, porque era uno de los nuestros. Pero antes ya se dieron otros casos parecidos.
Incluso desde las Fuerzas de Seguridad se han creado unidades especiales para el seguimiento los posibles delitos cometidos online, tan es así que de esos seguimientos han nacido operaciones policiales importante, por ejemplo frente a los radicalismos.
Los insultos execrables a la memoria de Víctor Barrio que algunos malnacidos han ido esparciendo en las redes sociales, van mucho más allá de eso que podríamos denominar “delitos de opinión”; por el contrario, encajan más ajustadamente en figuras delictivas que se contienen en nuestro actual Código Penal, especialmente a partir de su ultima reforma. Pero no es diferente el caso de las agresiones –que eso son– que se dirigen contra la generalidad de la colectividad taurina, amparada como está por nuestro ordenamiento jurídico.
Una observación colateral: desde un absoluto respeto a la libertad de expresión, las empresas sobre las que se soportan las redes sociales actúan con razonable frecuencia cuando los contenidos que se vierten en ellas, cuando van más allá de la ética y de las leyes. No es la primera ni la última vez que, por ejemplo, han borrado a iniciativa propia mensajes por contener imágenes pornográficas, o por incitar a la violencia. Dicho muy burdamente: hay que evitar una señora exhiba sus pechos, pero no es necesario actuar cuando se incita a la violencia. Algún día llegará en el que tengan que autorregularse de forma más profunda y realista; o al menos, si no quisieran actuar en este campo, deberán admitir que tendrán que asumir responsabilidades jurídicas y económicas cuando en sus plataformas se incurra en delitos contra víctimas inocentes.
Decía días atrás, si no recuerdo mal era “El Juli”, que el mundo del toro vive desamparado en situaciones como éstas. Rigurosa verdad. Por un miedo reverencial en unos casos, por rastreras conveniencias políticas en otras, la clase dirigente de este país se inhibe de forma sistemática frente a ella cuando de la Tauromaquia se trata. Por eso asistimos a situaciones verdaderamente bochornosas.
Algunos dicen que eso ocurre por la falta de una reacción proporcionada por parte del mundo del toro. Puede que sea verdad, que en este sector una mayoría no se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena, de tal forma que tiene que darse un hecho totalmente excepcional, como fue el de Teruel, para que se active unas posiciones de estricta defensa. Pero eso no quita para que quienes deben velar por la convivencia lo hagan.
Como lo que viene sucediendo en las redes sociales excede incluso al caso de una persona concreta –en este caso, Víctor Barrio–, lo que más asombro me causa es que la fiscalía no haya actuado ya de oficio, mientras unos y otros se meten en el debate de si lo que procede es la vía penal o la vía civil, de si que tiene que actuar es la familia o puede ser otro.
Lo de la vía jurisdiccional no es pequeña cuestión. Caben tanto la civil como la penal; por la naturaleza de los presuntos delitos la lógica impone que lo más adecuado es la penal. Pero mucho antes que ese debate, que al final es cosa de los expertos en leyes, lo que verdaderamente asombra es que, mientras que se pierde en matices, la fiscalía siga cruzada de brazos, sin instar a la investigación correspondientes de los presuntos delitos, para llevarlos luego ante el juez.
En cuestiones mucho más baladíes e incluso infundadas, cuando se dieron determinadas conveniencias políticas, la fiscalía actuó con una gran diligencia. Y se podría presentar una lista de casos, muchos ellos fallidos porque lo que se trataba, en el fondo, era de tener un impacto en la opinión pública. Ahora, a lo que se ve, a la Tauromaquia y a todo su rico mundo la clase política y los dirigentes sociales la han convertido en un “patito feo”, sin advertir que lo hacen de una forma intelectualmente grosera. Y por eso, se dedican a mirar hacia otro lado, dejándonos en el absoluto desamparo.
Ahí está el lamentable papel del Tribunal Constitucional, que lleva ya seis años escondido detrás de una mata para no tener que decidir en el recurso contra la ley prohibicionistas de Cataluña. Lo hacen amparados en su estatus institucional, sin querer advertir que de su desidia nacen daños muy importantes, incluso en el orden económico, para terceros,.
En suma, esta triste y lamentable realidad no puede llevar al mundo del toro ni al desistimiento, ni menos al improductivo lamento por la soledad en el que unos y otros nos dejan a millones y millones de ciudadanos. Hay que levantarse y actuar. Los servicios jurídicos de la Fundación del Toro, que es la rama mas eficiente de esa organización, se debiera encargar de decirnos de qué forma y por qué vías hay que caminar. Pero el objetivo es tan claro como único: llevar ante el juez a quienes han delinquido de manera cruel y profundamente injusta, sin respetar ni los derechos humanos y constitucionales más básicos y elementales.
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