Ha llegado el momento de dejar a un lado los complejos. Si se hace algo de memoria, desde hace mucho tiempo en el mundo taurino, sus protagonistas, parece que actuamos con un especial empeño a la hora de dejar muy claro que la Fiesta no vive de los dineros públicos. Y es cierto que así ocurre, en una situación que constituye un verdadero agravio comparativo en relación con otras actividades culturales y artísticas, incluso con aquellas de mucha menor relevancia pública y social.
Piénsese, por ejemplo, en el voluminoso dinero que la Administración del Estado dedica a subvencionar el cine de producción nacional, con el lícito propósito de proteger una actividad que sin esos apoyos económicos estaría hoy renqueante.
Sin ir más lejos, el pasado 1 de enero leíamos en el Boletín Oficial del Estado como el ministro Wert, el ministro oficialmente de la Tauromaquia, concedía hasta 3,74 millones de euros en subvenciones a los editores de libros y revistas culturales. Y eso a pesar de que estamos en un año de restricciones presupuestarias.
Actividades como éstas, sin duda tienen su importancia cuando se trabaja con el noble propósito de potenciar la cultura propia y singular de nuestro país. Pero, ¿acaso no hemos convenido todos –incluido el ministro– en que la Tauromaquia forma parte del patrimonio cultural y artístico de España? Siendo así, carece de toda lógica que el mundo de los toros no tenga acceso a los dineros públicos ni pueda beneficiarse de algunas medidas fiscales.
Sin embargo, hasta en una cosa presupuestariamente tan nimia como, por ejemplo, esa Comisión que asesoró al ministro en la elaboración de su Plan de Promoción y Protección de la Tauromaquia, casi antes que poner en valor el cometido de este grupo de trabajo en lo que hizo hincapié es que no costaría un solo euro al erario público.
Los propios aficionados y los profesionales taurinos hemos sido los primeros en hacer hincapié, precisamente, en esta ausencia de todo dinero público, cuando hemos tratado de defendernos de los ataques inmisericordes de los grupos anti, no poco de los cuales luego andan del brazo de sectores subvencionados. El caso de destacados representantes de los llamados popularmente el grupo de la ceja pueden ser un buen ejemplo: a la vez que cobran para poder hacer sus películas, ponen el grito en el cielo ante unas inexistentes aportaciones públicas al mundo del toreo.
Ha llegado la hora de repensar si esa estrategia que hasta ahora hemos seguido es justa y conveniente. Más bien parece que estamos en una coyuntura en la que ya resulta indispensable perder todo tipo de complejos y reclamar aquello a lo que tenemos derecho.
Naturalmente, todo resultaría más fácil y más asequible si de una vez por todas el Estado hubiera abordado definitivamente la declaración de la Fiesta como Bien de Interés Cultural y formáramos oficialmente parte del Patrimonio Cultural, dos asuntos que pasan de mesa en mesa y nadie termina de poner su firma al pie de la correspondiente norma.
Nos parece evidente que por esos caminos no se puede ir en el futuro. ¿Para qué queremos, por ejemplo, que se nos apruebe un Plan de Promoción y Protección si el mismo no va acompañado de su correspondiente dotación económica? Será una bonito e incluso acertada declaración de principios, que pasará a engrosar las estanterías de la bibliotecas, pero poco más.
Si de verdad se cree, como en su día dijo en foro parlamentario el actual ministro, siguiendo la estela de pronunciamientos parecidos anteriores, que la Tauromaquia es parte de nuestro patrimonio cultural y artístico, la coherencia exige que todo ello tenga una segunda parte en la elaboración de los Presupuestos públicos.
Es algo que nos corresponde por justicia. Pero es, además, una iniciativa que hoy resulta indispensable frente a una coyuntura de graves adversidades económicas.
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