Se ha formado ahora un justificado alboroto con la llegada al poder institucional de los que gustan denominarse como “los gobiernos de la gente”, como si los anteriores lo formaran extraterrestres. En estos días sanfermineros hemos visto, por ejemplo, como los toreros hacen cada día el paseíllo descubiertos, como una forma de llamar la atención acerca de la inquietud que provoca en la Tauromaquia la reacciones antitaurinas de algunas formaciones políticas de esta nueva izquierda emergente, amen de la falta de criterio en algunos partidos convencionales.
Sin embargo, la complicada convivencia entre política y toros no es cosa de hoy, sino que hunde sus raíces en los mismos orígenes de la Fiesta. No precisamente para bien, eso que podríamos englobar como el poder civil ha tratado reiteradas veces de poner su mano sobre cuanto representa el toreo. Así nació, sin ir más lejos, esa cadena de prohibiciones que a lo largo de los últimos siglos sobrevoló la Fiesta. Sin embargo, no es menos cierto que ninguno de todos aquellos intentos llegó a consolidarse por la simple razón que el pueblo llano –eso que ahora gustan de denominar con términos tan poco elocuentes como el de “gentes”– lo impidió, obligando a los prohibicionista a rectificar sus decisiones, incluso a quienes eran Reyes y Papas.
Y lo primero que salta a la vista para quien relee la historia es que las situaciones de conflicto entre el poder civil y la Tauromaquia [1] no es cosa de hoy, ni mucho menos arranca con el franquismo, algo que sólo desde un profundo desconocimiento de la Historia puede afirmarse. En realidad, lo único que ha cambiado en el transcurso de los siglos han sido los motivos de esas intromisiones, aunque siempre tuvieron el denominador de un falso sentido proteccionista, que en unas ocasiones tomaba causa de las diferencias sociales –la fiesta de la aristocracia frente a la fiesta del pueblo– y en otros nacía de equivocados criterios de mil formas de paternalismos –la protección frente al riesgo, la protección de la infancia, la protección de los animales, etc.–.
En el fondo, se trata de unas tensiones sociales que nacieron, precisamente, de las profundas raíces populares que de siempre han caracterizado al mundo del toreo: una vez tras otra, han sido las firmes reacciones del pueblo las que han hecho rectificar al poder civil, cuando se ha extralimitado en sus funciones. Hoy no tiene por qué ser diferente. Tan sólo hace falta que, como en el pasado, se produzcan esas reacciones frente a la intromisión indebida de la mano política en parcelas para las que no fueron elegidos, sino que integran nada menos que una parte sustantiva del patrimonio histórico y cultural de España, algo que queda muy por encima del día a día de la vida y la confrontación política. Como dice la vieja sentencia, “los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”.
Pero, por más antecedentes que se cuenten, quienes hoy en su pueblo natal se ven con la espada de Damocles de un nuevo Ayuntamiento que, en la hipótesis menos agresiva, pretende un referéndum en torno al “toros si, toros no”, dirán con toda razón que la historia está muy bien para leerla, pero que lo suyo, lo que les afecta directamente, es si a la plaza de su pueblo le van a bajar la persiana o no. Y se comprende que así sea. Sin embargo, también para esos casos, de la historia aprendemos que cuando el pueblo llano decide con firmeza oponerse, al final siempre han ganado la partida a los prohibicionistas. Hoy no tiene por qué ocurrir de manera distinta, si los aficionados no permanecemos indifirentes, mirando hacia otro lado.
Dicho todo lo anterior, a cuento viene alguna observación complementaria, acerca de un tema que nuestra época contemporánea crea no pocos equívocos, por la profunda desorientación que se viene dando en la nueva clase política, por ignorancia o porque así conviene a sus pretensiones. Me refiero la errónea interpretación histórica que se hace de de la expresión “Fiesta Nacional” aplicada a la Tauromaquia, que más de una ocasión subyace en las argumentaciones de los detractores de la Fiesta.
No han sido pocos los autores que, con muy diversa intencionalidad –y casi ninguna buena– ha tratado de considerar ese concepto de “Fiesta Nacional” como un sinónimo de españolidad, siempre muy ligado al régimen politico de turno. Sin embargo, históricamente no es cierto. Es más, tuvo un origen casi contrario, en la medida que tal denominación nació precisamente frente a los absolutismos reales del siglo XIX y para dotar a la Fiesta en un contexto civil muy diferente y mucho más amplio. No deja de ser curioso que cuando se adopta la definición de “Fiesta Nacional” se haga simultáneamente con el cambio de denominación de instituciones de profunda raigambre en España, como el Museo del Prado o la Milicia. Me va a permitir el lector que llegados a este punto traiga aquí un testimonio a mi entender de especial importancia.
Documenta un estudioso tan solvente como José Aledón[2] como desde la instauración de la monarquía constitucional en la persona de Isabel II, todo pertenece a la Nación, incluso la Corona, justo lo opuesto a lo que sucedía en el Antiguo Régimen. Es en ese contexto en el que el toreo pasó de ser un privilegio real o aristocrático a una ”función nacional”, esto es, propiedad de la Nación. Como puede observarse, esta otra acepción rectifica sustantiva y acertadamente la acepción más frecuente que se da a la expresión "Fiesta Nacional".
Para mayor precisión, esa expresión de “Fiesta Nacional” aparece por primera vez en un escrito dirigido el 12 de octubre de 1846 por el entonces alcalde de Valencia, José Campo, al ministro de la Gobernación. Pues bien, con éste y otros documentos por delante, la bien fundada opinión de Aledón no deja lugar a equívocos: “Aunque ya Jovellanos usara el término nacional en un sentido geográfico [la llama diversión nacional] [3] y la mayoría de autores posteriores mantienen esa acepción [el Conde de las Navas con "El espectáculo más nacional", etc.], es de capital importancia señalar esa otra vertiente, tan importante desde la instauración del liberalismo en España, que nacionaliza y, por ende, democratiza, hechos e instituciones hasta entonces inexistentes o pertenecientes al Real Patrimonio, (Biblioteca Real / Biblioteca Nacional; Real Museo de Pintura y Escultura / Museo Nacional de Pintura y Escultura / Museo del Prado; Milicia Nacional, etc.).
Y Aledón añade: “Ello, para disgusto de aquellos que, malévolamente, asocian toreo y Antiguo Régimen , e incluso, con evidente ignorancia o mala fe, con el franquismo, demuestra que, a diferencia del toreo caballeresco, el toreo a pie, nuestra actual corrida de toros, tiene un origen netamente democrático por ser precisamente nacional, hasta el punto de que coinciden plenamente en el tiempo la Tauromaquia Completa de Paquiro (1836) en la que se sientan las bases del toreo moderno, con su interesante capítulo "Reforma del espectáculo", y la Constitución Española de 1837.”
En suma, la corrida de toros que conocemos hoy, con los cambios que el transcurso del tiempo exige de todo lo vivo, fue creada por el pueblo –siendo su expresión política la Nación— para el pueblo. Sólo así se entiende en su verdadera acepción esa expresión de Fiesta Nacional: la fiesta que es propiedad del pueblo, de la gente, no de ninguna clase de casta.
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[1] Juan Manuel Albendea: "La Iglesia y el Poder civil ante la Tauromaquia".
[2[ José Aledón. Comentarios a "La cultura del toro y la cultura del Arte del toreo".
[3] "Escritos políticos y filosóficos". Ed. Orbis, Barcelona, 1982, p. 29.
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