Es más que posible que el Gobierno que ahora camina hacia unas nuevas elecciones generales haya materializado incumplimientos en sus propuestas electorales. En unos casos, provendrán de causas de orden mayor, como la bancarrota en la que se encontraron las cuentas públicas; en otras, se deberán a razones de índole puramente política.
En lo que el Gobierno no ha incumplido, sino que incluso ha ido más allá de lo que decía tan escuetamente su programa electoral, ha sido en la protección y promoción de la Tauromaquia. Y salvo para quien no quiera ver la realidad, lo cierto es que el equipo comandado por el subsecretario Fernando Benzo en el ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha trabajado más que cumplidamente para materializar el programa de trabajo que el ministro Wert expuso ya en su primera comparecencia programática en el Congreso de los Diputados.
Y así, antes de concluir el actual periodo de sesiones, se ha culminado un proceso legislativo como nunca se había dado en la España contemporánea. Se trata de un procedimiento parlamentario que ha tenido como uno de sus grandes valedores al diputado sevillano y Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, Juan Manuel Albendea.
Primero fue la Ley 18/2013, nacida a partir de la ILP y que tomó por título definitivo el de “regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural”, que entre otros extremos establecía la primera definición de la Tauromaquia en términos jurídicos: “se entiende por Tauromaquia el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Por extensión, se entiende comprendida en el concepto de Tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma”.
Ahora, en estos últimos días, el Congreso ha dado su aprobación definitiva a la ley sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que resulta de aplicación a la Tauromaquia como tal PCI y a todos “los bienes materiales asociados”, así como a cuanto se refiere a su “transmisión, difusión y promoción”. Cuando se lee con cierto detenimiento el texto final aprobado se observa la muy amplia gama de opciones que la nueva ley ofrece para cuanto se relaciona con la Tauromaquia.
De esta forma se ha cerrado un círculo jurídico de particular importancia y valor para cuanto supone y representa esa amplia definición de la Tauromaquia que hacía la Ley 18/2013. De hecho, puede afirmarse que nunca como en la actualidad la Tauromaquia ha tenido un contexto de protección legal como el que ahora se ha completado.
Entre otros asuntos, se dan hoy las circunstancias más adecuadas para que se pueda instar a la UNESCO a la declaración de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un proceso que, de acuerdo con todos los expertos, resultaría relevante que se hiciera en unión del resto de los países con tradición taurina.
Por otro lado, con mayor o menor grado de cooperación por parte de los sectores profesionales, se ha venido desarrollando la nueva Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, cuyo programa de trabajo conocido como PENTAURO. Tan criticado como ha sido en ocasiones por la ausencia de una financiación pública, la realidad es que al concluir esta legislatura podrá presentar un balance positivo, incluso inimaginable cuando se revitalizó esta Comisión.
No sería mala cosa que antes del otoño electoral se hicieran públicos todos los estudios y trabajos que se han ido elaborando en torno a esta Comisión. Se comprobaría, entre otras cosas, que si en ocasiones no se ha podido ir más allá ha sido como consecuencia de la desunión y la ausencia de mínimos consensos entre los sectores profesionales.
Para poner en valor, en fin, ese nuevo marco en el que hoy se ha situado a la Tauromaquia de modo necesario hay que recordar todo el camino recorrido lo ha sido en medio de un clima social con no pocos escollos, por no decir directamente que adversos, marcado por la hiperactividad de grupos contrarios a la Tauromaquia y de formaciones políticas que han sobreactuado mucho más allá de los que son criterios culturales e históricos.
Pero este balance positivo necesariamente tiene que concluir con una importante objeción: la incomprensible lentitud con la que viene trabajando el Tribunal Constitucional, que pasa ya de los cuatros años sin decidir a resolver el recurso que tiene sobre la mesa sobre la Ley prohibicionista aprobada en su día por el Parlamento autonómico de Cataluña.
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