El armazón gestor de la Fiesta de los Toros se residenció desde sus orígenes en las cercanías del poder político por razones conocidas de titularidad pública de las plazas, motivos de orden público, o la puesta en juego de la vida del hombre y del sacrificio animal en un duelo con implicaciones morales que llaman la intervención de la autoridad para legitimar un acontecimiento – que a diferencia de otras manifestaciones culturales, libres de censura – ha sido y es cuestionado por un sector significativo de la sociedad.
Esta intervención pública, que fue gestionada desde principios del siglo XX por el Ministerio de Gobernación o Interior, aparece hoy fraccionada de manera mimética e ineficiente en diversas administraciones territoriales que reproducen el esquema administrativo anterior.
Hablo de ineficiencia, pasada y presente, porque hay que caer en la cuenta de que el sector taurino careció siempre de una estructura que más allá de producir unos reglamentos, más virtuales que operativos, equilibrara los intereses en juego, protegiese y fomentase la Fiesta, controlase su autenticidad y asegurara su futuro ante los problemas y requerimientos que los nuevos tiempos iban planteando.
En España no ha existido nunca una instancia nacional, ni pública ni privada que personifique el sector. El propio Ministerio del Interior careció siempre de servicios propiamente taurinos. Las unidades encargadas de los asuntos taurinos, prácticamente limitados a la vigilancia y la sanción, la mayor parte de las veces de una inoperancia evidente, eran los Gobernadores Civiles y los funcionarios del Cuerpo de Policía. Sólo en un breve período se intentó paliar este modelo con la Comisión Nacional Consultiva de Asuntos Taurinos, de corta vida, hoy en hibernación y de naturaleza exclusivamente consultiva.
El mundo del toro ha vivido desvertebrado con un raquitismo institucional que, como decíamos al principio, ha impedido enfocar los problemas, abordar su progresivo ostracismo social, y hoy en día dar respuesta a las crecientes amenazas externas.
Estimamos que este vacío institucional no se ha producido sólo espontáneamente sino que ha sido también aprovechado por quienes supieron establecer relaciones informales privilegiadas como empresarios, concesionarios, propietarios de plazas, apoderados de figuras o ganaderos que, simultanean con frecuencia estos papeles, detentan de facto el poder taurino, y disfrutan de las ventajas de una posición de oligopolio imperfecto que aspira al gobierno en la sombra de la Fiesta.
La triple crisis que padecemos: económica (de recesión y modelo productivo) política ( e desnacionalización y desarticulación territorial), e ideológica (de ataque al humanismo en nombre de la igualdad animal) ha obligado a tocar a arrebato al sector taurino que, por ahora, se encuentra desarmado sin el baluarte de una corporación que le integre y en la que se reconozca sin una Autoridad pública nacional que lo apoye y proteja al haber dimitido el Estado de estas responsabilidades.
Se tantean líneas de acción y se buscan fórmulas para salir del impasse, y llenar el vacío en un momento potencialmente semi-constituyente del sector al estar replanteada su ubicación en la Administración del Estado.
Como contribución a esta reflexión, me atrevo por mi parte a sugerir las siguientes propuestas que van de menos a más, en cuanto a cronología y calado:
En primer lugar, actuar para que haga efectiva la promesa hecha hace cinco meses por el Ministro del Interior, hoy Vice-Presidente 1º del Gobierno, de trasladar las competencias taurinas al Ministerio de Cultura, velando que se haga como mínimo con el bagaje de las personificadas por el Ministerio del Interior en la última o penúltima etapa, es decir, las residuales de los registros profesionales más las correspondientes a la Comisión Nacional Consultiva de Asuntos Taurinos.
Como la reubicación ha de hacerse mediante Real Decreto, a propuesta de los Ministerios de Interior y Cultura, entendemos que el proyecto debe ser informado por el Consejo de Estado, y previamente someterse a consulta de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos.
También parece conveniente que la recomposición de la Comisión Nacional, la revitalización de su funcionamiento y el diseño de un programa de trabajo acorde con las necesidades actuales, sea una tarea a asumir sin pausa, pero tampoco sin prisas excesivas por la nuevo titular de Cultura.
En segundo lugar, la asignación de los asuntos taurinos al Ministerio de Cultura implica la consideración de la lidia como un arte y de la Fiesta de los Toros como Patrimonio Cultural que, como los demás componentes materiales e inmateriales del mismo, debe ser fomentado y protegido por los poderes públicos contra su expolio, degradación y banalización.
Al ser una Fiesta Nacional, estos deberes alcanzan prioritariamente al Estado que ha de actuar en coherencia con su naturaleza promoviendo su declaración como Bien Cultural y su reconocimiento dentro de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.
Aunque la lidia es una manifestación libre de creación artística e iniciativa empresarial, sometida a las normas civiles y mercantiles, la Fiesta en cuanto Bien Cultural pertenece al patrimonio espiritual colectivo de los españoles, encarnado en una tradición gloriosa.
En esa dimensión, goza de la cobertura protectora del derecho público, que la teoría de los Bienes Culturales predicó para los monumentos artísticos, desde sus orígenes en la Italia de los años sesenta, en la pionera Comisión Franceschini, y que a partir de entonces ha ido extendiéndose al vasto campo del patrimonio cultural material e inmaterial.
Además en cuanto servicio cultural prestado por las entidades públicas, titulares de buena parte de los cosos taurinos, tiene especial incidencia el régimen jurídico-administrativo en las diferentes formas que puede adopta su gestión.
El ejercicio de estas obligaciones requiere el replanteamiento de la actual distribución de competencias autonómicas para que el derecho necesario en materia de ordenación básica de la Fiesta corresponda a quien tiene la responsabilidad de garantizar su preservación e identidad, dado que no sólo es una manifestación cultural local o regional sino esencialmente española, reconocida como tal universalmente.
A mi juicio resulta ineludible la promulgación de una Ley Taurina que sustituya a la casi autoderogada Ley de 1991, vacía de contenido por efecto de su Disposición Adicional 1ª. Consistiría la nueva Ley en una Ley Coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia taurina.
Pensamos que, en tanto se pronuncia el Tribunal Constitucional sobre el recurso contra la Ley antitaurina de la Generalitat de Cataluña, al Ministerio de Cultura le corresponde gestionar los problemas generales del mundo del toro, resolviendo en lo posible las disfunciones creadas por la distribución actual de competencias y tratando de ganar de facto una mayor capacidad de acción, buscando en lo posible la cooperación de las Comunidades Autónomas.
Pero, además, el Ministerio de Cultura, por medio de la Comisión Nacional Consultiva de Asuntos Taurinos, debe ya trabajar dentro de una perspectiva de resolución favorable del pendiente recurso de inconstitucionalidad — otra hipótesis resultaría catastrófica – preparando los estudios e informes que servirán de antecedentes para madurar el anteproyecto de la Ley Taurina de Coordinación con las Comunidades Autónomas.
El tercer paso habrá de consistir a medio plazo en el establecimiento de un centro de ordenación y representación del sector al que atribuir y exigir la responsabilidad de la política taurina. Una institución integrada, de un lado, por la representación de los grupos sociales implicados en la Fiesta y de otra por las instancias públicas que gozan de la legitimación política y de la potestad de reglamentación e intervención social.
El modelo podría inspirarse en alguna medida, mutatis mutandis y a otra escala, en el Consejo Superior de Deportes. Se puede también traer aquí a colación, en cuanto a personificación de un sector cultural, a la Agencia Estatal de Artes Escénicas, Musicales y la Danza, transformación del actual INAEM, que está autorizada por la Ley de Agencias de 18 de julio de 2006 y pendiente de ejecutar en esta legislatura.
El Consejo Superior de Deportes, a pesar de su naturaleza como Organismo Autónomo presidido por una autoridad política, dispone de una estructura participativa sui generis en la que se refleja esa doble vocación de ser un instrumento del Estado y al mismo tiempo una instancia de representación de otras administraciones centrales y territoriales y de la red federativa del deporte español.
La idea de crear un Organismo público para los asuntos taurinos no es tan reciente como pudiera parecer. Antonio García Ramos postulaba en los años sesenta el paso de los toros al Ministerio de Información y Turismo – precedente del de Cultura-, al modo de una Dirección General de Cinematografía y Teatro y por aquél entones Vicente Zabala Portolés predicaba la adopción de una estructura organizativa similar a la del deporte, en el epílogo de su gran obra “ La entraña del Toreo “ oportuna mente reeditada por la Peña “ Los José y Juan “.
Más recientemente, el 10 de septiembre de 1984, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó una proposición de Ley que tras subrayar la “discriminada preferencia de los poderes públicos con otras manifestaciones culturales y deportivas, que gozan del apoyo de los poderes públicos”, en que se encuentra la Fiesta de los Toros y propone la creación de un organismo rector autónomo de carácter estatal que desarrollaría con unidad de gestión, las siguientes funciones: establecimiento de los principios básicos de los espectáculos taurinos, fomento de la Fiesta a través de medidas fiscales, promoción y ayuda a las escuelas taurinas, promoción de las asociaciones taurinas y de las organizaciones profesionales que inciden en la Fiesta, promoción y ayuda para los aficionados jóvenes, estudiantes, tercera edad, minusválidos etc. y (la muy estrámbotica) de una apuestas mutuas benéficas en la Fiesta de los Toros . Proposición de Ley de la que el PP que cayó en olvidó durante sus 8 años de Gobierno.
El que les habla trató de desarrollar un proyecto en esta línea en un trabajo titulado “Hacia un nuevo marco institucional para el sector taurino” presentado a las Jornadas organizadas en 2002 por la Unión de Abonados en el Colegio de Abogados de Madrid.
Para un posible esquema de organización se sugería la creación de un ente con personalidad jurídica diferenciada dentro de la Administración General del Estado, con estructura participativa adaptada a las funciones descritas. Su diseño no viene predeterminado por una tipología concreta de organismos ya que la Ley Taurina que lo habría de crear tendría el poder de adoptar un modelo adecuado a la representación y gestión del sector.
Esta Autoridad Taurina sería la sucesora de la Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos, convertida ya en un órgano de gobierno sectorial, con una composición parecida a aquellas entidades, es decir, una Presidencia, un Consejo Directivo, un Consejo Consultivo, un Comité de Vigilancia de la Integridad de la Fiesta, y una Secretaría General.
El Consejo Directivo podría tener una composición limitada a un máximo de doce Consejeros, siendo designados también por el Gobierno. Seis lo serán a propuesta de Comunidades Autónomas, tres en representación de los sectores de la Administración del Estado con competencias que incidan en la materia, y tres entre personas relevantes en el mundo taurino. Las Comunidades Autónomas de mayor proyección taurina podrán estar representadas permanentemente y las restantes de forma rotatoria. El Consejo ejercería las funciones ejecutivas, de informe o propuesta que la Ley Taurina y los propios Estatutos le asignen.
El Consejo Consultivo estará formado por 40 representantes de los Uniones de Aficionados y Abonados y de los sectores profesionales y empresariales interesados, organizándose en Pleno o en las Secciones que estatutariamente se fije. Cumplirá funciones asesoras y de representación de intereses, de forma análoga a la de la actual Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos, y trasladará propuestas al Consejo de Dirección para posible adopción de directivas, circulares o modificaciones de la normativa vigente.
El Comité de Vigilancia de la Integridad de la Fiesta Taurina, compuesto por seis miembros designados por el Consejo Directivo, tendrá a su cargo la supervisión de los sistemas de control de la pureza de la fiesta, el ejercicio de las facultades en materia sancionadora que las normas y los estatutos le encomienden y la coordinación y revisión de los órganos sancionadores de instancias descentralizadas o de alcance más limitado.
El nuevo organismo tendrá que afrontar los dos grandes peligros que acechan a la Fiesta: El externo de su creciente falta de relevancia social y en algunos sectores su indiferencia y hasta rechazo militante. Y el peligro interno de la progresiva desafección del aficionado por un déficit de credibilidad en un sistema que no asegura, a su entender, la pureza e integridad del espectáculo.
La Fiesta precisa de tres exigencia indispensables : a) la emoción del toro encastado, b) la transparencia de un espectáculo limpio, y c) la competencia entre los toreros acomodando su categoría a la dificultad de las reses lidiadas. Hoy, con razón o sin ella, el aficionado pone en duda que estos valores presidan la Fiesta y es por ello que la Autoridad Taurina debe reconquistar la confianza y ganar la batalla de la credibilidad.
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