Concluidas todas las comparecencias en la Comisión de Cultura del Congreso, que han aportado mucho más de lo que algunos esperaban, se inicia ahora el proceso propiamente parlamentario de dar forma definitiva a la futura ley que declare a la Tauromaquia como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
Dado que la distribución de fuerzas parlamentarias garantiza que va a ser aprobada, el centro de atención se desplaza de forma necesaria de ese “si” o “no” a la iniciativa, para situarse en el “cómo” y en el “qué” contiene dicha ley.
Como conviene siempre ser realista, en el actual trance parlamentario debiera dejarse al margen los hipotéticos efectos de la futura Ley en lo que se refiere a la restauración tauromáquica en Cataluña. Eso está en manos del Tribunal Constitucional, que cuando tenga tiempo disponible nos dirá si la ley catalana se ajusta o no a la Constitución.
Pero no ya por respeto a cuanto compete al Constitucional, sino por la propia naturaleza de la materia que trata de abordar la nueva Ley, los efectos jurídicos de la declaración como BIC no incluye de modo obligatorio ninguna medida derogatoria, que en todo caso sería materia para el alto Tribunal.
Esta realidad a algunos les podría parecer, y en su derecho están, como insuficiente y hasta deprimente, sobre todo en comparación con las expectativas que en algún momento se crearon. Sin embargo, si desde este juicio se concluye, con el viejo refrán, de que “para este viaje no necesitábamos estas alforjas”, nuestra opinión es que podríamos estar equivocándonos.
La declaración de la Tauromaquia como Bien de Interés Cultural Inmaterial, que se integra en el Patrimonio Histórico de nuestro país, es un hecho importante, muy importante incluso, con independencia de los efectos prácticos que en una coyuntura política determinada pueda tener. Y desde luego constituye un paso adelante como nunca se había dado antes. Por eso, precisamente, siempre hemos sido partidarios de centrarnos en lo verdaderamente medular, dejando de alguna forma al lado los demás aspectos de la cuestión, sin que ello quiera decir que los consideremos irrelevantes; sencillamente, hoy no es su momento.
Si se comparte este modo de ver y valorar la iniciativa legislativa, y además se hace en el contexto de la actual desunión taurina y en el contexto del clima social y de opinión que se ha creado, también se podría estar de acuerdo con nuestro siguiente razonamiento: en la actual situación, puede resultar más beneficioso aprobar la ley que sea posible consensuar con más grupos parlamentarios –en especial, con el mayoritario de la Oposición–, que una ley más perfecta pero aprobada tan sólo por la mayoría gubernamental.
Y en este juicio no se tienen en cuenta cuestiones de orden político, porque sabido es que una Ley aprobada por la mayoría de Gobierno cuenta con tanta legitimidad como otra que sea asumida por una mayoría mucho más amplia. Nos referimos exclusivamente a conveniencias, de presente y de futuro, para la Tauromaquia. Una cuestión medular, como constituye esta declaración como BIC, saldría siempre reforzada en función de contar con mayores apoyos parlamentarios, a la vez que se tendrían unas ciertas garantías de mantenerla al margen de posibles derogaciones y cambios a la baja como consecuencia de la alternancia política.
Bajo este punto de vista, sumar a la mayoría de Gobierno al Grupo Parlamentario Socialista es especialmente oportuno, aunque también sea problemático conseguirlo. Si es para sumar sus apoyos, nada pasaría si el proyecto de ley resultara modificado, con tal de que su aspecto esencial, no sea desvirtuado. Ya es conocida la permanente tibieza socialista en esta materia, que hoy vota una cosa y mañana su contraria. Lo que habría que pedirles es algo muy sencillo y asequible: que asuman la exposición de motivos de aquel Real Decreto 1151/2011, de 29 de julio, que aprobó el Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero y firmó en el BOE el hoy líder de la Oposición para transferir al ministerio de Cultura las competencias taurinas.
Bajo nuestro particular punto de vista, sumar apoyos constituye hoy una tarea más prioritaria que mantener estrictamente la ILP tal como llegó al Parlamento. Por ello, al Gobierno y a la mayoría parlamentaria que le sustenta habría que pedirle que tuvieran la dosis necesaria de flexibilidad para conseguirlo; por su parte, del grupo mayoritario de la Oposición, como de otros que quieran sumarse, debería esperarse la altura de miras necesaria para dejar a un lado las estrategias diarias de la política y apoyar un proyecto de ley que por su propia naturaleza trasciende con mucho la legitima pugna política parlamentaria.
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