Que el negocio taurino necesita cambiar no lo discute nadie. Basta comprobar el desajuste que se está ampliando de año tras año entre los gastos y los ingresos. Las razones ya son muy conocidas. La gran cuestión se centra en localizar la solución. Y más ahora, cuando el ministro Montoro aleja en sede parlamentaria toda esperanza de una rebaja en la presión fiscal.
Se han dado en las últimas semanas movimientos empresariales, que en el fondo, se diga o no, responden a esta necesidad de cambio. No deja de ser muy llamativo, por ejemplo, que para acudir al concurso de adjudicación de la Malagueta se reúna casi medio ANOET, para repartir los riesgos: la Empresa Pagés, Simón Casas –con su UTE con Nautalia–, Manuel Martínez Erice –sin Taurodelta– y la Casa Matilla. Sólo con los toreros que entre los cuatro dirigen, ya tienen hecha la feria, a falta de llegar a un acuerdo con los tres grandes: Ponce, Morante y El Juli. Conviene no perderse lo que sobre el caso de la Malagueta escribe Zabala de la Serna en El Mundo, bajo el título "
No mucho antes, comenzaron a verse las primeras consecuencia de la entrada del grupo BAL –cabecera de las inversiones de Alberto Bailleres– en la empresa Martínez Flamarique SL, los Chopera. Por lo pronto, el empresario mexicano cuenta ya con la mayoría de control en Salamanca, aportando de paso liquidez a los Martínez Uranga, tras el fracaso de Taurodelta en el concurso de Madrid.
Ha sido la primera consecuencia de lo que se presentó como una alianza, pero no será la única, sobre todo porque parece claro que la empresa donostiarra necesita de una inyección financiera, tras unos años de repliegue a sus cuarteles de invierno: dejaron Málaga, renunciaron a Córdoba, han tenido en mucho riesgo la continuidad en Almería… Se entiende menos el caso de Vitoria: si la FIT no quiso continuar por razones económicas en la plaza de la capital alavesa, ¿cómo la alianza pide luego la plaza fuera de la vía del concurso? Por más que el Ayuntamiento vitoriano no haya sido claro desde el principio en sus intenciones, la solicitud suena un poquito a razones de imagen. De hecho, si al presentar su solicitud extra concursal anunciaron que de no obtener la plaza irían a los Tribunales, luego eso de pleitear ha caído en el olvido.
En una coyuntura de negocios con riesgos crecientes, como la que hoy se atraviesa, ¿la solución a futuro camina por la senda de las macroempresas? La respuesta necesariamente es compleja, en la misma medida en la que en esta cuestión confluyen aspectos muy diversos.
Los procesos de concentración empresarial suelen traer de la mano no pocas restricciones a la competencia. Y más en un Sector como el taurino, que históricamente se ha basado en el individualismo, diríase propiamente que en el minifundismo. Si ya de por sí que un torero independiente, o un ganadero, o un empresario, consiga un contrato resulta complicado, la dificultad se incrementa cuando tantas plazas están en manos de tan pocos. No es fácil eludir la tentación de planificaciones en bloque, primando a los que ya están en sus respectivas organizaciones, a costa de los que viven en la soledad de la independencia.
Es cierto que en la Tauromaquia los vasos comunicantes siempre han sido bastante relativos en cuanto a sus efectos. Antes, cuando competían en pie de igualdad cinco o seis empresas, era evidente que cada cuál iba a lo suyo, a colocar a sus toreros, con o sin intercambio de cromos. Ahora, cuando trabajar al por mayor puede aportar una reducción de costos, la cosa resulta más peliaguda.
Pero en la práctica luego las cosas no son siempre tan lineales, porque igualmente es verdad que cuando un torero pega fuerte en la taquilla, todo el mundo se olvida de quien es su gestor: se hace indispensable contar con él, hay que pactar sí o sí. Más complicado resulta el caso de los concursos de adjudicación de las plazas. Ahí sí que las concentraciones dificultan en mucho que otros que no sean los muy grandes puedan concurrir con éxito. En la práctica, se ven condenados a orientarse hacia el tercer circuito. Pero, además, esta política de concentraciones aumenta el riesgo de dificultar los relevos generacionales.
Sin embargo, en los toros y fuera de ellos, no necesariamente la concentración resulta igual a peligro. Todo depende de cómo y con qué criterios se gestionen los grandes conglomerados empresariales. Y así, si no se incurre en prácticas restrictivas que impidan el acceso a terceros, no tendría por qué llevar consigo consecuencias siempre negativas. La cuestión se centra en eludir la sobreactuación de poderes.
Aquí el mayor problema probablemente lo afronten los toreros. Con la fórmula vigente según la cual el empresario es además apoderado y ganadero, todas las cartas de la baraja quedan en las mismas manos. De esta forma, para abrirse paso en los escalafones encuentran una dificultad más, y no la más pequeña, quienes aspiran a ser figuras del toreo. Pero objetivamente nada impide –salvo los intereses particulares– para que la macroempresa se abran a todas las opciones que hay entre los que visten de luces; todo depende de la voluntad de colaboración que tengan.
Pero la realidad plantea otra derivada más compleja. Viene siendo demasiado habitual que las liquidaciones de las empresas con toreros –en menor grado con los ganadero– se retrasen de modo injustificado y que no siempre se ajusten a lo acordado. Hoy es el día que quedan muchas liquidaciones por hacerse, si nos atenemos a lo que se dice entre los profesionales, incluso en caso de ferias relevantes.
Se han dictado normas para penalizar a empresas que se retrasan en sus pagos. La verdad es que con carácter general se trata de disposiciones que tienen poco éxito en la práctica. Lo que está claro es que en el mundo del toro esos propósitos se cumplen escasas veces. Pero ese pequeño detalle de los pagos a tiempo no es cuestión baladí.
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