Los toreros se han tomado en serio el ejercicio de sus derechos en relación con la explotación de su imagen en actividades mercantiles. No iban de farol cuando contrataron a la empresa All Sports Media. Y por lo pronto, embarrancada tienen la organización de las Fallas, a la espera de resolver el tema de la televisión.
Se producen, desde luego, algunas faltas de sintonía. Como todo lo que se pone en marcha por primera vez. El caso más claro es la conjunción de las responsabilidades que en este tema corresponden a los apoderados. En estricto sentido legal, no le corresponden ninguna, porque su papel se ciñe específicamente a la contratación y administración de los intereses de su torero en lo que se refiere a las actuaciones en el ruedo. Si el torero, que los hay, quiere ser luego modelo publicitaria para Armani, eso excede a sus competencias como apoderado. El mismo tratamiento hay que dar a cuanto se refiere a sus derechos de imagen en el caso de la televisión.
Y es así porque se trata de un derecho fundamental de la persona, que lo ejerce de la forma que considera más conveniente o ventajosa para sus intereses. Los toreros, probablemente con buen criterio, han preferido que sus intereses taurinos los gestione una persona y otra distinta se haga cargo de sus derechos de imagen.
Aciertan no sólo por razones de especialización: no es lo mismo seleccionar qué corridas se van a matar en tal feria, que cuáles son los formulas extra taurinas de la utilización de su imagen. Aciertan, sobre todo, porque se trata de una materia en la que de ser unificadas acabarían produciendo conflicto de intereses. Por ejemplo, qué deberá hacer un apoderado/empresario, que son muchos, cuando como empresario necesita de los ingresos extras que le genera la televisión, pero a su torero no le conviene tal acuerdo con la televisión.
La responsabilidad es de los empresarios
Nos equivocaríamos si creyéramos que el problema es de los toreros. O de las cadenas de televisión. No, el problema lo tienen los empresarios, que sin contar con ninguno de los intervinientes en los espectáculos, han adquirido compromisos plurianuales de carácter general con una empresa audiovisual. A ellos les corresponde resolver su problema.
¿Qué es una circunstancia sobrevenida? Es posible, pero no es razón suficiente para justificar que trasladen a terceros las responsabilidades. En el Derecho Mercantil hay mil formulas para incluir en un contrato cláusulas de salvaguarda, precisamente para resolver los problemas posibles de futuro, no previstos en el momento de la firma. Si ellos o sus asesores legales no tuvieron esta precaución, es cuestión de la que sólo ellos son responsables.
Pero todo lo anterior no obsta para reconocer que no es fácil ni cómoda la posición en la que quedan los gestores taurinos, cuando ahora tienen que cumplir los compromisos que adquirieron cuando se adjudicaron la explotación de las plazas. Si firmaron que tenían que incluir a un determinado número de torero según su categoría, la propiedad está en su derecho de exigir que se cumplan esas cláusulas y los aficionados, otro tanto. Ellos verán qué equilibrios en el alambre realizan para cohonestar todos esos compromisos con los que tienen adquiridos con las empresas audiovisuales.
No pueden esperar que los aficionados den su aprobación, o al menos sean benevolente, a unos carteles sin alicientes, porque es la única fórmula de completar el serial sobre la premisa de su retrasmisión en directo por TV. Los aficionados quieren ver en su plaza a todos aquellos que tienen interés en el escalafón. Y de eso le van a pedir cuenta al empresario.
De ahí que el “llanto” que en estos días viene prodigando Simón Casas, como responsable de organizar la feria de Fallas, por las dificultades que encuentra en la contratación de toreros, no se puedan considerar ni siquiera como un “brindis al sol”. Si tiene comprometida, contractual o moralmente, con la Diputación y/o con los aficionados la elaboración de unos carteles acorde con el rango de la feria, eso es lo que manda; en cambio, si ha contratado por adelantado la retransmisión en directo con Canal + Toros, lo hizo fue porque empresarialmente le convenía. Y lo hizo sin preguntar a los protagonistas.
¿Qué estamos en años de crisis? Evidente. Pero la crisis no es algo exclusivo del empresario taurino; lo mismo afecta a los toreros, a los ganaderos o a las televisiones. Por eso, si piden una especial comprensión o benevolencia por la coyuntura económica, lad mismas comprensión hay que concederle a todos los demás estamentos. Y más cuando se trata de un espectáculo en el que el precio de las localidades se ha puesto por las nubes.
Se pongan como se pongan, al final lo prometido hay que cumplirlo. O denunciarlo, con la correspondiente indemnización por incumplimiento a la otra parte firmante del contrato.
Pero también afecta a la televisión
Este caso no termina con la solución que busquen los empresarios con compromisos adquiridos. También llega hasta la propia televisión. En concreto, a los sistemas de redifusión gratuita y sin permiso que algún canal venía realizando y que, a la postre, constituía la columna vertebral de su programación.
En adelante, para poder mantener ese sistema de redifusiones tendrán que negociarlo con los propios toreros, en este caso con All Sports Media. Ni más ni menos que lo que hacen con las productoras de cine para visionar una película, donde se pacta el precio y el número de veces que serán difundidas.
Como se recordará, de este punto nacieron las iniciales reivindicaciones de los toreros hace unos meses. Entonces dio la impresión que los afectados creyeron que aquello no era más que una nube de verano, fiados quizás en el enorme individualismo de los toreros. Pues ahora la nube se puede convertir en tormenta.
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