El Gobierno de Artur Mas han advertido ya que no tiene intención alguna de aceptar una moratoria en la entrada en vigor de la prohibición taurina en Cataluña, como proponía el PP como condición para apoyar la aprobación de las cuentas del Ejercicio 2011. De esta forma, tratan de cerrar el paso a la posibilidad de que la Fiesta pueda seguir estando presente en Barcelona al menos hasta el año 2015, en tanto se pronuncia el tribunal Constitucional.
Como se sabe, el Partido Popular de Catalunya ya lo insinuó en la negociación de los presupuestos para el 2011 pero se acabó echando atrás. Ahora ha recuperado la idea y, según declaró su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, exigirá al Gobierno de la Generalitat “una moratoria de la prohibición de las corridas de toros” si quiere aprobar las cuentas del 2012 con su voto a favor. La cantinela no es nueva, como tampoco lo es la respuesta negativa del Ejecutivo catalán.
Los diputados del PP ya votaron en contra del veto a los toros cuando lo aprobó el Parlamento en julio del 2010. Después fueron rechazadas varias propuestas suyas para que no se aplicara la prohibición el 1 de enero del 2012 y se postergara, cómo mínimo, hasta el 2015. Sin embargo, esas derrotas no les han disuadido y Sánchez-Camacho ha decidido volver a insistir. Y lo hará de tal manera que ya ha anunciado incluso que el próximo domingo asistirá a la última corrida que se celebre en la Monumental de Barcelona para mostrar su rechazo a la prohibición y su «defensa de la libertad».
La líder popular aseguró que su prioridad es que CiU cumpla con los acuerdos que propiciaron la abstención del PP en los Presupuestos del 2011 y que estaban relacionados con el fomento del empleo y la reducción del sector público empresarial, entre otros asuntos económicos. La segunda condición es que se posponga la prohibición de “una tradición histórica” porque, además de garantizar «una expresión de libertad», la Generalitat evitaría “pagar indemnizaciones millonarias mientras a los catalanes se les perjudica en la sanidad y la educación”.
Según los datos de informes de expertos independientes, las compensaciones por cerrar las plazas a este espectáculo deberían oscilar entre los 300 y los 500 millones de euros. El Gobierno nacionalista, en cambio, sostiene que a lo sumo se tratará solo de unos miles de euros y ya ha manifestado en varias ocasiones que no está dispuesto a reabrir el debate.
La prohibición de las corridas de toros en Cataluña se perpetró por vía política. Y éste es el mismo itinerario que pretende seguir el PP catalán para impedir que el próximo domingo muera definitivamente la Fiesta en esta comunidad. La presidenta de este partido, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado que en las negociaciones de los Presupuestos catalanes para 2012 se pondrá sobre la mesa la moratoria de la abolición que reclaman los populares. En otras palabras: que la continuación de la Fiesta, al menos hasta 2015, será una de las condiciones que pondrá para revalidar su apoyo al gobierno de CiU, tal como ha hecho con los Presupuestos de 2011.
Sánchez-Camacho ha anunciado que el domingo, cuando José Tomás toreará por última vez en Barcelona junto a Serafín Marín y Juan Mora, asistirá a la corrida, al igual que otros dirigentes del PP catalán, como el líder del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández. La dirigente popular explicó que acudirá a esta gran cita taurina como ejemplo de la apuesta de su partido por el derecho de los catalanes a acudir libremente a las corridas de toros.
Añadió que, en plena crisis económica, no resulta coherente que la Generalitat tenga que pagar “indemnizaciones millonarias” al sector taurino, tal como establece la ley aprobada por el Parlamento autonómico en julio de 2010 con los votos de ERC, ICV, CiU y PSC; como se recordará éstas dos últimas formaciones dieron libertad de voto a sus diputados, lo que resultó decisivo para que saliera adelante la proposición abolicionista
En efecto, fue sobre todo la tibieza del entonces líder del socialismo catalán José Montilla lo que propició que los que apoyaban a los animalistas sacaran adelante su proposición de ley. Inicialmente, los socialistas habían anunciado que se votaría en contra, pero luego cambiaron de opinión, sin duda ante la proximidad de las elecciones autonómicas. Sin embargo, estos cálculos electorales no salieron y el PSC cosechó una severa derrota en las urnas, perdiendo el Gobierno de la Generalitat y provocando dimisiones en la dirección del partido.
Ya el pasado mes de julio, el PP y Ciudadanos se quedaron solos en el Parlamento defendiendo sendas proposiciones de ley para aprobar una moratoria, en el primer caso, o suspender la prohibición, en el segundo.
Sánchez-Camacho asegura que su partido seguirá impulsando iniciativas en la Cámara catalana con la finalidad de posponer la entrada en vigor de la prohibición cuyo coste, reiteró, supone un sinsentido en un momento en que la Generalitat aplica importantes recortes en ámbitos como el sanitario o el de educación.
0 comentarios