Con ocasión del Pregón Taurino de la reciente feria de Almería, hace escasamente unas semanas, Beatriz Badorrey Martín, catedrático de Historia del Derecho y Vicerrectora de Formación de la UNED en Madrid, realizó un recorrido sobre los momentos históricos en los que las corridas de toros y los espectáculos taurinos han sufrido algún tipo de prohibición, refiriéndose entre otros episodios a la Bula Papal ordenada por el Papa Pío V en 1567, por la que “se desaprobaba la pagana costumbre de lidiar toros”, y la Real Cédula promulgada en 1805 por el rey Carlos IV, que prohibía las fiestas de toros en España.
Pero tras analizar lo ocurrido en la etapa ilustrada y las Cortes de Cádiz, Badorrey Martín se refirió también a la ley aprobada hace ahora un año por el Parlamento catalán que prohíbe la celebración de corridas de toros, una norma que según la pregonera de este año supone “borrar una antigua tradición taurina en Cataluña y que atenta contra varios preceptos constitucionales, precisamente en un momento en el que se destaca que nos encontramos en la era de la tolerancia y el respeto a las libertades. Por ello, quienes entendemos la fiesta como un espectáculo y la tauromaquia como un arte debemos poner nuestro granito de arena y blindar la fiesta, incluso a nivel internacional, como ha sucedido en países como Francia”.
La profesora Badorrey Martin, participante habitual en actividades de cultura taurina, venía a resumir en este Pregón almeriense un estudio realizado hace unos años, que constituye uno de los análisis más documentados sobre los diferentes intentos abolicionistas. Se trata del ensayo “Principales prohibiciones canónicas y civiles de las corridas de toros” , publicado en la revista científica de la Universidad de los Andes, en Venezuela
Pero no es la única incursión que ha hecho en la historia taurina. Y así, en 2010 publicó “Ignacio Sánchez Mejías: crónica de una fiesta vivida”. Pero antes había ya publicado trabajos como "Antonio Company y Monpalau un catalán defensor de las corridas de toros en las Cortes de Cádiz" (2007), "Víctor Balaguer: Otro ilustre catalán aficionado a las corridas de toros" (2008) o "Los toros en el virreinato de Perú" (2006).
Estudiosa del Derecho taurino, Beatriz Badorrey explica que “las primeras disposiciones jurídicas que se conservan sobre la fiesta de los toros, las más antiguas, proceden de la Edad Media y son dos fueros castellanos, uno de Madrid y uno de Zamora. La primera norma, la de Madrid, es de 1235 y la segunda, la de Zamora, es de 1279. Son las primeras normas que se conservan y creo que es difícil que haya normas más antiguas, aunque antes con toda probabilidad ya se habían celebrado corridas de toros. Pero como el derecho era oral, no hay normas anteriores por escrito”
Entiende que estas primeras normas sobre toros “no regulaban el espectáculo en sí, sino que eran capeas populares y lo que trataban era de evitar daños a las personas. Por ejemplo, el fuero de Madrid dice que se corran los toros en un lugar muy concreto que era el coso, una especie de paseo público que había cerca del puente de Segovia. En el caso de Zamora, en lugar de un espacio abierto para correr los toros se elegía una plaza”.
Pero en referencia directa a la evolución de los movimientos prohibicionistas, como el caso del ensayo antes referenciado, resultan de especial interés, no sólo por su proximidad en el tiempo, las polémicas que nacen del debate entre los ilustrados del último tercio del siglo XVIII y principios del XIX, siendo Jovellanos el nombre que más asiduo. Entonces las razones esgrimidas eran fundamentalmente económicas, prevaleciendo el argumento del poco o nulo aprovechamiento agrícola de aquellos terrenos que se utilizaban como pasto para el ganado. Fue precisamente en ese ámbito donde se sitúa la Real Cédula de 10 de febrero de 1805, por la que Manuel Godoy dispuso la supresión de los espectáculos taurinos, que a la postre fue efímera, porque la inmediata Guerra de la Independencia un personaje José Bonaparte decidió restablecer las corridas de toros, como forma para paliar la poca popularidad que gozaba entre el pueblo.
En este contexto, la cuestión taurina llegaría a debatirse en las Cortes de Cádiz. El 12 de septiembre de 1813 tuvo lugar un curioso debate donde fue puesta en cuestión la licitud de las corridas de toros. Todo ello vino motivado por la petición de un empresario gaditano, Iglesias Darrac, al solicitar el permiso oportuno a las Cortes para dar una serie de corridas de toros en Cádiz. En aquel debate –como ha estudiado la profesora Badorrey en una monografía— el bando de quienes defendían la continuidad de la Fiesta lo encabezaba el liberal Antonio Capmany, diputado por Cataluña, Secretario de la Real Academia de la Historia, y uno de los diputados más destacados de aquellas Cortes; la oposición la protagonizaba el diputado por Murcia, Simón López de Or, de pensamiento abiertamente absolutista. En uno de sus discursos, Antonio Capmany hizo una sólida apología de las corridas de toros, calificándolas como nacionales.
Sometidas ambas propuestas a votación, se aprobó que se dieran espectáculos taurinos. En consecuencia, unos días después y atendiendo a esta resolución de las Cortes, la prensa gaditana se hacía eco de los diez festejos que seguidamente se celebrarían en los meses de diciembre y enero, pese a ser fechas lo que pone de relieve las ganas del vecindario gaditano por presencia de nuevo corridas de toros. A partir de ahí ya no habría más problemas para los festejos taurinos en España, aunque si hubiera intento de resucitar el debate abolicionista.
El último de estos intentos data de 1877 cuando el Marqués de San Carlos y Montevirgen, José María de Quiñones de León y Vigil, lo intentó por última vez en 1877, ante un parlamento atemorizado y sabedor que de votar por la prohibición equivaldría a no revalidar nunca su acta de diputados, se negó a aprobarla. No era raro: en aquellos días, Lagartijo y Frascuelo eran más populares en España que cualquier otro personaje. [Entre paréntesis, un matiz: en realidad, el marquesado de San Carlos como título nobiliario español fue creado el 8 de junio de 1901 por la reina regente María Cristina de Habsburgo Lorena, a favor de Ana de Francisco-Martín y Orrantía, viuda de uno de los descendientes de la familia Quiñones de León y Santalla, que ostentaba un titulo de marqués de San Carlos pero correspondiente al Reino de las Dos Sicilias.]
La fotografía que ilustra nuestra página de inicio es de autor desconocido y está fechadas entre 1890 a 1900 y situadas en Barcelona. Están incluidas en la serie que The Library Of Congress tiene dedicada a imágenes coloreadas de la última década del s. XIX.
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