Basta aplicar la lógica más elemental para entender que si un empresario –en este caso de toros– pierde 700.000 euros en un año, eso no puede bueno para nadie, ni para su competidor. Toda actividad económica necesita alcanzar los umbrales de rentabilidad necesarios para su continuidad.
En esta temporada, los hijos de Manolo Chopera se han dado dos batacazos de aúpa. Primero fue Córdoba –plaza de propiedad privada–, en la que renunciaron al contrato de arrendamientos, al no aceptar la otra parte un cambio en las condiciones firmadas. Ahora tienen en el alero Málaga –de titularidad pública–, donde declaran perdidas de esos 700.000 euros en su primera temporada.
Para intentar salvar la gestión en la Malagueta, los empresarios solicitan, en primer término, que se reduzca prácticamente a la mitad los festejos a organizar, pasar de los 15 actuales a dejarlos en seis corridas de toros, una rejones y otra novillada, abandonando la idea –que era requisito del pliego– de convertir Málaga en plaza de temporada.
Sugieren, además, la conveniencia de una rebaja en el canon fijo a pagar, con la contraprestación de reducir en un 15% el precio de las localidades. Y aunque no se dice expresamente, no parece lógico que con esas cuentas vayan a mantener el gasto extra de organizar actos culturales.
Como es de toda obviedad aducen los efectos de la crisis económica, con sus consecuencias en la reducción del número de espectadores. Menos razón tienen cuando argumentan el subidón del IVA hasta el 21%: esa subida no se hizo efectiva hasta el 1 de septiembre, esto es: una vez acabada la parte sustancial de la temporada malagueña.
Si se mira con un punto de objetividad, sus razones son de peso. Pero también se constatan que eran el núcleo central del pliego de condiciones con el que se convocó el concurso de adjudicación. Y eso son ya palabras mayores: no tienen más que una lectura, la literal, que es bien explícita. Para colmo fueron expresamente aceptadas por todos los participantes en el concurso al firmar las distintas ofertas que presentaron.
Precisamente por eso no resulta fácil desenredar la madeja de este problema. Lo mismo que puede resultar entendible que los empresarios quieran renegociar, con la misma razón quienes no resultaron adjudicatarios en el concurso pueden ahora reclamar a la Diputación, que es la propietaria de la plaza.
Cambiar las reglas del juego, en este caso, puede incluso ser legal, si se parte de la premisa de que lo liga a la propiedad con el arrendatario tiene naturaleza de contrato de derecho privado. Pero bajo el punto de vista de la transparencia y el principio de igualdad de oportunidades en todas sus convocatorias, que es de obligado cumplimiento por las Instituciones públicas, resultaría difícilmente defendible la renegociación. Bajo este punto de vista, políticamente la Diputación viene obligada a convocar un nuevo concurso.
Entre otras cosas porque quienes perdieron el concurso anterior pueden aducir legítimamente que, en las nuevas condiciones negociadas, ellos podrían presentar ofertas más beneficiosas para la Diputación que la que ahora tratan de modificar a la baja los todavía adjudicatarios.
Con todo lo cual se llega al menos a dos conclusiones principales. La primera, que el pliego malagueño era incumplible, por la falta de realismo de sus previsiones y condiciones. Ahí está la raíz del problema, en este caso de Málaga, pero también de otras muchas plazas de propiedad pública. Se trata de una cuestión de capital importancia que exige mucho más que buenas palabras.
La segunda conclusión es más particular. Pero que en una temporada una empresa fuerte y consolidada como los Chopera se den dos batacazos tan monumentales, es algo que debe hacer pensar. A ellos, para averiguar en donde estuvieron los errores cometidos, porque perdidas de ese volumen no nacen de la nada; pero también a los demás empresarios, que a poco que nos descuidemos volverán a hacer cola ante la Diputación malagueña para hacerse con su plaza. Es la profunda contradicción que se da hoy en el negocio taurino.
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