Las tres caras de la Comisión Wert

Como dijo un buen y experimentado aficionado cuando conoció la iniciativa del ministro Wert, no tiene ningún sentido ponerse de principios a la contra, incluso cuando haya más de un motivo para hacerlo, cuando alguien que se propone hacer algo por la Fiesta, sino que es mejor esperar a ver que lo que hacen. Y en efecto, es un criterio muy a compartir, que tampoco la Fiesta a estas alturas de la película anda tan sobrada de asistencias.

Pero partiendo de ese principio, ello no obsta para que la iniciativa de esta Comisión de Trabajo sobre la Tauromaquia tenga sus claros y sus oscuros, con todos los matices intermedios que se quieran poner. Si tratamos de condensarlos en tres grandes epígrafes, el paisaje que se dibuja viene a ser, en nuestro criterio, algo así como lo que a continuación sigue.

La cara previa: ¿Con BOE o sin BOE?

Por lo pronto, la tal Comisión se vincula directamente con la Subsecretaria del Ministerio, que hoy ejerce Fernando Benzo. Pero la nota de prensa oficial  no se queda ahí, sino que añade refiriéndose a la citada Subsecretaria: “que es la que ha asumido las competencias relativas al fomento y protección de la tauromaquia, el funcionamiento de los registros taurinos y el Secretariado de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos”.

A parte de confirmar lo ya adelantado, que los asuntos taurinos cambiaban de manos, hay que suponer que los servicios jurídicos ministeriales conocen que estos cambios no se pueden realizar así como así. Para que sea cierto que la Subsecretaria “ha asumido” las competencias, como dice la nota de prensa, convendría que aclararan cuándo ha entrado en vigor el Real Decreto en virtud del cual se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero,  por el que se fijó la actual estructura orgánica del Ministerio y por el que estas competencias pasaron a formar parte de la Secretaria de Estado de Cultura y, dentro de ella, de la dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas y para más concreción de su Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Se supone que el hecho de sustraerle ahora unas competencias para trasladarlas a otro organismo exige una norma del mismo rango, que por el momento no ha salido en el BOE. Por eso, en tanto esto no ocurra la decisión ministerial bordea por la parte de fuera la legalidad.

Así como por su propia naturaleza temporal la Comisión de Trabajo en nada se ve afectada por esta situación legalmente anómala, en cuanto se refiere al resto de las competencias taurinas es evidente que cualquier actuación del Subsecretario –por ejemplo, lo relativo a la Comisión Consultiva— sería manifiestamente ilegal, en la medida que estaría invadiendo las competencias que corresponden a otro organismo del propio ministerio.

La cara administrativa: carece de vinculación para la Administración

Pero si del BOE pasamos a la realidad esta Comisión de Trabajo, administrativamente hablando no pasa del umbral de ser una reunión de expertos, que a título gratuito, se brindan a colaborar aportando ideas y sugerencias, sin que las mismas tengan ningún grado de obligatoriedad para el aconsejado, que en este caso es el Subsecretario. Su único punto de unión con el mundo oficial es que ha sido dada a conocer públicamente por el Ministerio; salvo por ese factor mediático, su rango verdadero, dicho sea en el mejor sentido, no va más allá de una reunión de amigos –bastante cualificados, por cierto–, que se prestan a colaborar con la Administración.

Esta realidad, a su vez, tiene una cara buena y otra menos buena. La buena es que, al carecer de todo género de vinculación administrativa, sus componentes pueden actuar con toda libertad como consideren necesario, sin tenerse que ajustar a normativa alguna. La menos buena: que como de sus conclusiones no se sigue ningún grado de compromiso por parte de la Administración, sus trabajos pueden archivarse directamente en el cajón más próximo hasta el fin de los días; o lo que es lo mismo, se ajustaría a lo que ya encontramos en el refranero: Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión.

En suma, todo hay que fiarlo al principio de la buena voluntad de la Administración del Estado, criterio que cuando se trata de cuestiones que tienen como meta final el BOE, no parece suficiente. Ni éste ni en ningún otro caso similar. A lo largo de los años documentos privados similares al que ahora se puede realizar, llenarían bibliotecas completas y su inmensa mayoría no han servido absolutamente para nada.

La cara práctica: ¿Con el Sector o sin el Sector

Tanto por su concreta composición como por el propio hecho de configurarse al margen de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, la Comisión Wert operará al margen de los sectores profesionales de la Tauromaquia.  Se trata de una realidad muy discutible, que no resulta fácil de evaluar en sus consecuencias finales. Por un lado, puede ser positivo esta desvinculación de los profesionales, en la medida que así no se ven mediatizados por factores externos que, además, son de parte. Pero, por otro, si ya de por sí el planeta de los toros se caracteriza por su total desvertebración, prescindir de ellos en esta Comisión no resulta positivo a la hora de tratar de convocar a una actuación unitaria, que  cada día es más necesaria.

Salvo algunas excepciones, resulta bastante compartible la composición de esta Comisión de Trabajo. Junto a algún otro nombre concreto, probablemente lo más discutible se localice en su Presidente, básicamente porque se trata de una personalidad que levanta no pocas reticencias entre sectores cualificados de aficionados e incluso de profesionales. Con todo, se echan en falta algunos sectores institucionales que, como es el caso de la Asociación Taurina de Parlamentarios, por ejemplo, que tiene una trayectoria acreditada y, sobre todo, goza de buena credibilidad.

En cambio, no ofrece duda que la definición del trabajo encargado a estos expertos es un acierto, incluso aunque tenga un punto de genérico, que en la nota oficial se define en estos términos: “la actualización de la normativa básica reguladora de los espectáculos taurinos, el estudio de la extensión de las ayudas de acción y promoción cultural a las asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas con el mundo del toro y el diseño de campañas de comunicación que pongan de manifiesto los valores culturales, socioeconómicos y medioambientales de la tauromaquia en su conjunto”. Son campos de trabajo que luego se reunirán en “un futuro Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, que serán aplicadas en colaboración con el resto de Administraciones Públicas y los sectores implicados”.

Y resulta un acierto pleno las dos características básicas que se han dado a esta Comisión: trabajará a titulo gratuito y tiene fecha de caducidad. Son dos condiciones que le aportan valor a los trabajos que realicen.

Y ahora a trabajar

Con el horizonte máximo de seis meses, a contar desde su constitución, así que acabe la presente temporada se verán los frutos de esta Comisión. Hay que descartar como imposible que, sea cual fuere el contenido de su informe, vaya a ser recibido con unanimidades; siempre habrá algún sector que considerará que lo suyo no ha sido abordado adecuadamente.

Pero esa realidad tiene poca relevancia. Primero que porque no es el nuestro un país de unanimidades. Pero, sobre todo, porque los reinos de taifas del toreo no hacen posible acuerdos ni sobre lo que resulta evidente.

Por eso lo importante no es el grado de unanimidades, que para colmo en el mudo taurino son efímeras, sino que realmente aborde los problemas nucleares de la Fiesta. Y que lo haga en el marco de las actuales circunstancias económicas y sociales.