Las dos líneas rojas para el debate sobre el futuro normativo de la Tauromaquia

En los últimos días hemos asistido a dos declaraciones de dirigentes políticos que no conviene dejar pasar por alto, en la medida que ponen de relieve dos situaciones que hoy marcan y hasta condicionan la situación de la Fiesta de los toros y su futuro. No es que se trate de posiciones contrapuestas, porque en el fondo caminan de forma paralela. Pero ambas marcan unas líneas rojas que resulta obligado tener en cuenta.

Y así, en unas declaraciones a la edición sevillana de “ABC”, Juan Manuel Albendea ha dicho negro sobre blanco lo que muchos aficionados opinan: transferir las competencias de la Fiesta a las comunidades autónomas fue un error. Pero añadía, además, el Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso: “no tiene sentido que cada comunidad autónoma tenga un reglamento; cada torero casi tiene que llevar con su cuadrilla a un asesor jurídico, lo cual es un poco disparatado”.

“Estamos volviendo al pasado, cuando cada plaza tenía su reglamento. En cualquier caso son competencias de gestión, en mi opinión, que no faculta para prohibir la celebración de corridas”, dijo más adelante Albendea.

Por su parte, el líder del PSOE y de la Oposición parlamentaria, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido –según contaba “El confidencial digital”– que tuvo que cambiar el sentido del voto socialista en cuanto a la toma en consideración de la ILP ante la presión de parlamentarios de Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla y León, quienes argumentaban: “A quien vote contra la iniciativa legislativa viviendo en Madrid no le pasa nada. Pero si nosotros rechazamos la ILP, nos cuelgan en nuestros pueblos, donde existe gran tradición taurina y todos nos conocen”.

Y es que, en efecto, la Ejecutiva socialista había decidido que se votara ”no” a la ILP, lo mismo que antes había pretendido sin éxito que el voto fuera secreto.  Pero una vez tomada la decisión del “no” se encontró con la oposición frontal de sus compañeros de cuatro comunidades autónoma muy relevantes dentro de su  partido. No quedaba otro remedio que dar marcha atrás. Por eso se quedó todo en la “abstención”.

Pero los colaboradores de Pérez Rubalcaba son conscientes que la situación no se ha resuelto. Como bien reconocen algunos dirigentes socialistas, lo sucedido en el pleno del Congreso “en el fondo ha sido es una huida hacia adelante sin sentido, porque dentro de pocos meses el PSOE tendrá que volver a decidir qué posición tomar sobre la declaración de los toros como bien de interés cultural”.

La desarmonización reglamentaria

Es cierto, como sostiene Albendea,  que a la vista de la experiencia hubiera sido más oportuno no transferir a las autonomías las competencias taurinas; pero también hay que entender el contexto en el que se adoptó esta decisión, en plena construcción del Estado de las autonomías, un empeño en el que todas las partes tuvieron que ceder.

Lo que Juan Manuel Albendea vuelve a plantear hoy es una realidad: la desarmonización reglamentaria que innecesariamente sufre la Fiesta y que llevada a sus últimos extremos puede desvirtuarla. Con ello, no hacía otra que reiterar lo que ya mantuvo la Asociación Taurina Parlamentaria en las jornadas de estudio celebradas en Sevilla en marzo de 2011, cuando pidió a los poderes públicos un compromiso para «propugnar y aplicar todo tipo de medidas que favorezcan el desarrollo y promoción de la Tauromaquia en su conjunto, mediante la implantación de una normativa taurina básica y única para todo el territorio nacional«.

Sin embargo, esta armonización reglamentaria que reclama, con buen criterio el diputado sevillano, en nada afecta a los niveles competenciales de las Comunidades Autónomas, tan celosas como todas son por este asunto. Por poner un ejemplo límite: la existencia de una normativa básica común a toda España en nada hubiera impedido para que la Generalitat catalana asumiera la prohibición de celebrar espectáculos taurinos, decisión que en ningún caso tuvo relación con el Reglamento Taurino, sino que se incardinó en la reforma de una ley anterior, la relativa a la Ley protección de los animales, aprobada en 2008.

Pero es que, además, contar con una normativa unificada es perfectamente compatible con el respeto a la singularidad de cada comunidad autónoma e, incluso, de cada una de sus demarcaciones territoriales. Nada impide incorporar  al articulado de ese Reglamento unificado la regulación de las propias peculiaridades.

De hecho, sin acudir al argumento de la unidad de mercado, bajo un punto de vista cívico y administrativo esa armonización puede ser de interés general, por ejemplo, cuando se trata de los festejos populares, que aún siendo diversos tienen un base común, resulta muy beneficioso que cuenten con una normativa clara en materias como la seguridad, la asistencia sanitaria, las labores de inspección y policía, las competencias locales, los procedimientos administrativos, etc.

Ahora que estamos en vísperas de un plenario de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos bueno ha sido que Albendea recordara esta cuestión, porque sin duda se trata de uno de los temas que debieran ser prioritarios para este órgano consultivo.

La realidad social española

Pero el líder de la Oposición, por otro lado, ha vivido en primera persona lo que es la realidad social de la Fiesta de los toros, su enorme arraigo popular, que constituye un capital permanente de la Tauromaquia.

Por más que los abolicionistas y los tibios se empeñen en repetir la ausencia de peso social de los toros, la realidad camina por otros senderos muy distintos. Ese “como votéis que “no”,  nos cuelgan en nuestros pueblos” representa mucho más que una frase ocurrente. Tan es así que incluso los más radicales abolicionistas no se atrevieron, por ejemplo, a prohibir en Cataluña determinados festejos populares que se celebran con el toro bravo como punto central.

En la defensa de la Fiesta y en concreto de las espectáculos taurinos, se acude, y con razón, al argumento de las libertades civiles. Pero incluso antes hay que contemplar esta otra realidad del arraigo social continuado desde hace siglos, que es mucho más que aducir como todo argumento si hoy hay un mayor o menor número de espectadores en las plazas, que es cuestión que responde a criterios muy distintos, como es el caso concreto y real de los efectos de la crisis económica.

Frente a estas realidades, los dirigentes pueden tratar de ponerse de perfil con estos temas, para que pasen de largo, pero les servirá de poco. Tal como se desarrolla el proceso parlamentario en curso con la ILP, de ahora en adelante no tendrán más remedio que aportar su colaboración a la elaboración de una ley bien estructurada y clara. De lo contrario volverán a tener que oír como sus compañeros les repiten que cuidado con lo que deciden, que luego son ellos los que tienen que dar la cara en sus respectivos pueblos.