La Unión de Toreros exige garantías de cobro

 “La Asamblea acordó por unanimidad no aceptar el planteamiento realizado por las empresas en la negociación del Convenio, con el que se pretendía separar la negociación entre empresas y matadores de la negociación entre estos y sus cuadrillas, por entender que dicho planteamiento puede, a la larga, atribuir al matador, novillero o rejoneador la condición de empresario, a todos los efectos, de los subalternos que integran su cuadrilla”. De forma tan taxativa se ha pronunciado la Asamblea General de la Unión de Toreros, celebrada en estos días.

Y por si un texto tan evidente como el anterior levantaba algunas dudas, han remado diciendo: “La Asamblea ha entendido que ese planteamiento de las empresas puede poner en riesgo, precisamente, la consideración jurídica del matador como jefe de grupo, dando pie a que en el futuro sea considerado como empresario a todos los efectos y, en consecuencia, sujeto a las cargas empresariales en materia de seguridad social y, de seguido, privado de la protección que le dispensa el Convenio Colectivo”.

Está clara la postura de los “jefes de cuadrilla”: hay que mantener la actual fórmula del convenio tripartito, una herramienta que consideran “indispensable para proteger los derechos básicos de la gran mayoría de los compañeros”.

Es posible que, en efecto, el Convenio Tripartito les resulte a los toreros más cómodo que otro de naturaleza más convencional, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores.  Donde ya no se da tanta seguridad en la argumentación que ofrecen los “jefes de cuadrilla”: su negativa a que “en el futuro sea considerado como empresario a todos los efectos y, en consecuencia, sujeto a las cargas empresariales en materia de seguridad social”.

Dejemos al margen que, quieran o no, los jefes de cuadrilla mantienen con sus auxiliadores una relación de naturaleza laboral. Pero no puede olvidarse que en un número muy amplio de matadores de toros, incluso algunos novilleros, operan a través de sociedades mercantiles. Y les guste o no eso es ser empresarios. Sería interesante calcular el número de festejos que suman quienes actúan con esta fórmula con respecto al total de espectáculos mayores que se celebran. 

Sabido es que el mundo taurino está lleno de singularidades, pero no siempre ni todas son sostenibles. Sin entrar en mayores encajes de bolillo, nos encontramos con una situación de hecho que llama la atención. Los banderilleros, picadores y demás auxiliares tienen de hecho una doble dependencia a efectos socio-laborales: con los empresarios y con quienes les contratan para formar parte de su cuadrilla. Con una singularidad añadida, como es el cruce de responsabilidades entre empresarios y “jefes de cuadrilla”.

Un ejemplo basta: los jefes de cuadrilla elijen libremente a los auxiliadores que le van a acompañar,  un proceso en el que los empresarios no intervienen; pero, sin embargo, el empresario si debe asumir determinadas responsabilidades en el orden socio-laboral con quienes no mantiene una relación propiamente laboral.

Una reivindicación práctica más relevante

Bajo nuestro particular punto de vista, mucha más importancia objetiva tiene sin embargo otra de las reivindicaciones, que por la redacción que se ha dado a los acuerdos de la Asamblea puede pasar más desapercibida.

Nos referimos a ese punto en el que afirman: “la Asamblea ha indicado a la Junta Directiva que cualquier recorte económico para los toreros que se llegue a pactar en la oportuna negociación, habrá de verse necesariamente acompañado de la adopción de medidas efectivas que garanticen el pago de los honorarios mínimos por actuación, ya sea mediante avales bancarios o seguros de caución a constituir por la empresa organizadora, ya sea mediante fórmulas de centralización de los pagos”.

Cuando al comienzo de una nueva temporada hay muchos contratos por liquidar por los organizadores y por cobrar por los respetivos “jefe de cuadrilla”,  en tiempos de crisis este sí que es un verdadero y grave problema. Ni sólo cuando se trate de obtener los honorarios mínimos, sino en todos los casos.

Si nos fijamos en las reformas que viene haciendo el actual Gobierno, una de sus grandes líneas se encamina precisamente a acortar los plazos de cobro. En especial, cuando se trata de pymes y autónomos, que en el orden económico es el que se correspondería con  la situación real de una mayoría de toreros. Y en esta materia no se trata sólo de salvar el cobro de los honorarios pactados, es que a su vez ello lleva parejo una serie de medidas de orden fiscal, que tal como está el actual modelo impositivo no resulta nada despreciable.

La Unión de Toreros liga el establecimiento de estas garantías como contraprestación a una posible reducción de los honorarios. Desde luego, en ese supuesto es evidente que tienen razón. Pero las leyes no distinguen en las garantías de cobro en razón de su dimensión económica: debiera regir en todos los casos.

Evitar el “choque de trenes”

Por más que se hagan declaraciones sobre su disposición favorable a la negociación con los empresarios, algunas de estas posiciones suponen como punto de partida plantear un elemento frontalmente opuesto a lo que pretende ANOET. Si la organización de los empresarios. no cambia de criterio estamos en las puertas de un “choque de trenes”, que probablemente acabe por no beneficiar a nadie.

Sin embargo, partiendo de ese principio de la “buena fe”, que la ley establece para estas negociaciones, el choque no es algo irremediable. En primer término por que en las relaciones de esta naturaleza hoy está en vigor una fórmula muy adecuada: el arbitraje, ya sea acudiendo a las instancias oficiales, ya otras de naturaleza privada.  Siempre será mejor un acuerdo razonable a un pleito o a unas medidas de fuerza.

La información oficial de la Asamblea

Como elemento de documentación, se incluye a continuación el texto íntegro difundida por la Unión de Toreros sobre su Asamblea:

Con la participación de un importante número de asociados, presentes o representados, los toreros hicimos un exhaustivo análisis de la situación que atraviesa la profesión, especialmente marcada por el planteamiento de las empresas en la negociación del nuevo Convenio Colectivo Nacional Taurino.

Una conclusión resultó clara: los toreros no estamos dispuestos, bajo ningún concepto, a poner en riesgo, y mucho menos prescindir, de la cobertura que desde hace décadas nos ha venido dispensando el Convenio Colectivo, herramienta por tanto indispensable para proteger los derechos básicos de la gran mayoría de los compañeros.

Partiendo de esta premisa, la Asamblea acordó por unanimidad no aceptar el planteamiento realizado por las empresas en la negociación del Convenio, con el que se pretendía separar la negociación entre empresas y matadores de la negociación entre estos y sus cuadrillas, por entender que dicho planteamiento puede, a la larga, atribuir al matador, novillero o rejoneador la condición de empresario, a todos los efectos, de los subalternos que integran su cuadrilla. La Asamblea ha entendido que ese planteamiento de las empresas puede poner en riesgo, precisamente, la consideración jurídica del matador como jefe de grupo, dando pie a que en el futuro sea considerado como empresario a todos los efectos y, en consecuencia, sujeto a las cargas empresariales en materia de seguridad social y, de seguido, privado de la protección que le dispensa el Convenio Colectivo.

No obstante lo anterior, los toreros hemos convenido en la necesidad de apurar al máximo las posibilidades de provocar un acuerdo tripartito (empresas-matadores-cuadrillas) que supere la actual situación de bloqueo de las negociaciones y posibilite la necesaria adaptación del sector a la crisis económica y estructural que padece, adjudicando para ello plenos poderes a la actual Junta Directiva. En todo caso, la Asamblea ha indicado a la Junta Directiva que cualquier recorte económico para los toreros que se llegue a pactar en la oportuna negociación, habrá de verse necesariamente acompañado de la adopción de medidas efectivas que garanticen el pago de los honorarios mínimos por actuación, ya sea mediante avales bancarios o seguros de caución a constituir por la empresa organizadora, ya sea mediante fórmulas de centralización de los pagos.

Precisamente, y al menos hasta que se firme un nuevo Convenio, los asistentes han decidido por unanimidad prorrogar el mandato de los actuales integrantes de la Junta Directiva, presidida por José Mari Manzanares e integrada por El Juli, Miguel Ángel Perera, El Fundi, Gómez Escorial y Juan Diego.

En otro orden de cosas, los asistentes debatieron acerca de diversas cuestiones que se consideran de interés para la mejor ordenación de la profesión y para dar mayores oportunidades a los jóvenes con proyección. Entre ellas, destaca la decisión de promover los cambios normativos necesarios para que en las plazas de cuarta categoría (portátiles) al menos dos de los puestos queden reservados para matadores de los grupos B y C. De esta forma, se ofrecerían mayores posibilidades de actuación a los toreros de tales grupos, siendo además congruente con el deseo de la mayoría de las figuras de no actuar en cosos de inferior categoría.

Asimismo, los asistentes encomendaron a la Junta Directiva la elaboración de una propuesta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en orden a la concesión del próximo Premio Nacional de Tauromaquia, para lo que se valorarán distintas sugerencias recibidas en el transcurso de la Asamblea.

Por último, todos los presentes convinieron en la necesidad de que se hagan más frecuentes los encuentros de toreros para confraternizar y debatir asuntos de interés para el colectivo, acordándose a tal efecto la convocatoria de reuniones informales de carácter mensual. La primera de ellas tendrá lugar el próximo 21 de marzo, a las 16:00 horas, en la sede de la Unión de Toreros.