La Defensora del Pueblo en funciones recibió este martes al Presidente de la Unión de Taurina de Abonados y Aficionados de España, quien había solicitado una entrevista para abundar en la conveniencia de recurrir ante el Tribunal Constitucional La Ley de prohibición de las corridas de toros en Cataluña.
La Unión Taurina de España, que agrupa a 11 asociaciones regionales y que presentó el pasado 27 de agosto ante la Defensora del Pueblo un escrito impugnatorio de la Ley, adelantó a Dña. María Luisa de Cava que algunas de las organizaciones más representativas del sector estaban preparando peticiones fundamentadas en derecho con la misma finalidad.
El plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad por el Defensor del Pueblo, de acceder a la petición formulada, finaliza el próximo 6 de noviembre.
Se aclaró que impugnar la Ley de la Generalitat no implica connotación política alguna pues, contra lo que se ha informado erróneamente en algunos medios, la Ley catalana es la primera que plantea la abolición de las corridas de toros en nuestra historia constitucional.
En este sentido, como ha declarado recientemente D. Lorenzo Olarte, ex Presidente de la Comunidad Canaria y promotor de la Ley de Protección de Animales de 1991, tal prohibición no existe en Canarias, donde podrían celebrarse festejos taurinos si lo demandaran los aficionados y los empresarios taurinos tomasen una iniciativa en ese sentido. Así, pues, no se puede alegar sin pecar de tendenciosidad un precedente que sencillamente no existe.
Por tanto, según la postura expresada por la Unión Taurina a la Defensora del Pueblo en funciones, es completamente necesario dar ocasión al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la primera Ley que atenta contra la integridad de nuestro patrimonio cultural taurino y que discrimina a los aficionados por motivaciones ideológicas ajenas a los valores de tolerancia y pluralismo de la sociedad española actual.
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