La Unión de Abonados de España ha presentado ante el Defensor del Pueblo la petición de que la ley antitaurina catalana sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, para que en última instancia sea éste quien se pronuncie en esta cuestión.
Acierta la Unión con esta iniciativa porque en lugar de promover polémicas políticas o sociales lleva a la ley catalana a su verdadero marco: el debate jurídico, que es donde de verdad se debe establecer la idoneidad o no de una ley. Pero acierta, además, por tres factores nada desdeñables.
La Unión acierta, en primer término, porque con su iniciativa traslada la cuestión a la instancia más adecuados para el caso, cuando en juego están derechos fundamentales. Como no por el cese de Enrique Múgica ha quedado inoperante, sino que continúa con sus actividades habituales, tendrá que ser ahora la Institución quien valore y decida a este respecto.
Acierta, en segundo término, por cómo ha llevado a cabo su iniciativa. De un lado, lo ha hecho con unos criterios objetivos y sólidos, bien fundamentados en Derecho; no es precisamente una hojita volandera el documento que han elaborado, sino que se trata de una argumentación bien construida, de las que no dejan huevo para que sus destinatarios puedan optar por una respuesta de meras circunstancias. Harían mal los taurinos en no leerse despacio todo el escrito, porque ahí tienen una doctrina jurídica muy a tener en cuenta.
Y acierta, en fin, porque han llevado adelante toda su iniciativa sin polémicas innecesarias y sin provocar a los adversarios, que ya han acreditado su eficacia a la hora de descalificar globalmente a quienes le llevan la contraria, para así no tener que entrar en el fondo de la cuestión. Con una iniciativa de esta naturaleza, formalizada además en un documento tan bien construido, cierran el paso a cualquier género de descalificación utilizando argumentaciones políticas o identitarias.
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