El pleno del Senado, tras cuatro horas y 13 minutos de debate, aprobó este miércoles, 6 de noviembre, la que ya es nueva Ley sobre la Tauromaquia, por la que se la declara Patrimonio Cultural, se reforma y se da nuevas funciones a lo que hasta ahora era la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos y se detallan los compromisos que adquiere a corto plazo la Administración del Estado en defensa y promoción de la Fiesta. Ahora tan sólo resta la sanción por parte del Rey y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a partir de lo cual entrará en vigor.
Han bastado los 144 votos del PP para sacar adelante la proposición, que contó con la abstención de los 54 representantes del Grupo Socialista que estaban en el salón de plenos y 26 votos en contra de la izquierda y los nacionalistas.
Después de tantos debates seguidos como se han celebrado en el escaso plazo de un mes en ambas Cámaras, poca novedad hubo en la sesión plenaria del Senado. Todos los Grupos volvieron a repetir las mismas tesis que vienen exponiendo desde que el pasado 12 de febrero el pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la ILP.
De hecho, tres eran los ejes básicos de las intervenciones críticas con la que se solicitaba el veto de la Cámara a la proposición de ley: la falta de competencia por parte del Estado para legislar en esta materia, la calificación de “fraude” a las modificaciones introducidas en el texto original de la ILP y la defensa de las tesis animalistas.
Por más que haya sido documentalmente desmentidas, tampoco faltaron las referencias a la financiación pública de la Fiesta de los toros, como se volvieron a repetir los criterios de protección a la infancia, tanto en referencia a los contenidos taurinos en la televisión como a la asistencia a los espectáculos.
Frente a estas opiniones, algunas de las cuales ya se han convertido en mito, en representación del Grupo mayoritario de la Cámara intervino Sebastián Ruiz, quien además de anunciar dese el comienzo que el sentido de su voto será contrario a los vetos, se refirió específicamente a tres características que marcan la Tauromaquia: su condición de disciplina de la Cultura, sus valores ecológicos y medio ambientales y su condición de actividad socio-económica relevante.
La teoría de conflicto competencial, fue defendida básicamente por el portavoz de Convergencia i Unió, para quien las competencias en esta materia corresponden a las instituciones autonómicas. Más brevemente, y sin entrar en el fondo de la cuestión, la cuestión competencial fue también defendida por el portavoz del PNV.
La posición de los socialista se ajustó más a la modificaciones que se han introducido en el texto legislativo con respecto al original de la ILP, en tanto los criterios animalistas correspondieron a los representantes de IU y ERC.
Finalmente, en las primeras votaciones se rechazaron con los votos de la mayoría de gobierno las cinco propuestas de veto a la ley y posteriormente se aprobó el texto legal.
Los debates: algunos detalles
Si se trata de resumir las más de las más de cuatro horas de debates –cuyo texto íntegro se pubica en el adjunto archivo en formato PDF–, en su intervención del senador del PP, Sebastián Ruiz, defendió la tauromaquia como "arte nacional y popular por excelencia, base del desarrollo de la sociedad española con un importante impacto cultural e industrial, pues realza la economía española a base de generar empleo y riqueza, y que es sinónimo de biodiversidad y ecología".
Para Ruiz el gobierno y las autonomías pueden establecer "concurrencia de competencias ordenadas" para la preservación de la cultura, que debe ser de acceso "libre" y que "jamás" debería ser objeto de prohibición.
Para el también senador popular Lanzarote la Tauromaquia debe defenderse basándose en la historia y en su valor cultural y económico, configurándose en un sector de "primera magnitud", además de instar a la "libertad y libre ejercicio" de cada uno para "dictaminar el futuro de la Fiesta".
Por su parte, el senador ¡del PSOE Jesús Martín criticó que la iniciativa del gobierno "totalmente distante a la ILP inicial", una ley "innecesaria" en los tiempos que corren, que pretende "posicionar a los españoles y enfrentarlos", y por lo que su grupo político iba a mostrarse neutral basándose en el "vive y deja vivir".
El senador de IU José Enrique Iglesias, criticó la "profunda transformación" en el trámite parlamentario del texto inicial por parte del gobierno, con el que han llevado a cabo un "fraude político y legislativo" para convertir la tauromaquia en una figura "vacía de contenido a efectos jurídicos". En otro momento, calificó a la tauromaquia como "hecho reprobable" cuyo momento estelar fue "en la época franquista", y con la que se busca una "provocación internacional" al tratar de llevarla a la Unesco.
Para la senadora de ERC Ester Capella i Farré la tauromaquia es una "práctica en decadencia que nos devuelve a una sociedad salvaje y retrógrada que hace mucho daño a la marca España". Y añadió que con la entrada en vigor de esta nueva ley, España va a perder reputación en Europa, "que ven la tauromaquia con los mismos ojos con los que nosotros vemos en los informativos imágenes de lapidaciones en África".
Para el senador Jordi Guillot, de ICV, reiteró un discurso similar, para considerar la Tauromaquia como una práctica "cruel y de otra época", que nada tiene que ver con "los valores sociales y la ética ecológica actual", que hace "daño" a la imagen de España, y con la que el gobierno ha pretendido iniciar "una guerra política e ideológica".
El senador José María Cazalis, del PNV, argumentó sobre las carencias competenciales del estado, ya que la fiesta de los toros, su organización, seguridad, defensa y fomento, "ya está regulada en el País Vasco" por lo que esta propuesta de ley, "innecesaria y sin razón de ser", supone una "clara invasión competencial" por parte del gobierno hacia las autonomías.
Esta misma tesis expuso el senador de CiU, Joan Baptista Bagué, tras recalcar que esta iniciativa surgió como respuesta a lo aprobado en el Parlament catalán en 2010. Manifestó que la propuesta de ley atentaba contra las competencias de las comunidades autónomas, que tienen potestad exclusiva en materia taurina, sin entrar en un debate mayor "de gustos o moralidades".
Carles Martí, del Grupo de Entesa, calificó a la proposición como una ley "inocua" con la que el gobierno pretende "defenderse de cualquier forma al no haber cumplido lo prometido": la vuelta de los toros en Cataluña.
Finalmente, el senador Narvay Quintero, de Coalición Canaria, defendió la postura de su grupo político en contra de la Tauromaquia, porque para ellos, "no es una práctica ni rentable ni cultural".
El largo camino
Desde que la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña decidiera promover una Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la Fiesta de los toros, hasta la sesión plenaria celebrada hoy en el Senado, la ya nueva Ley sobre la Tauromaquia ha seguido un denso camino institucional, que se concreta en los siguientes hitos:
22 marzo 2012: CONGRESO. El presidente de la Cámara recibe de manos de Luis María Gibert, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, el acta de las 590.000 firmas de ciudadanos que se han sumado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
13 abril 2012: OFICINA CENTRAL DEL CENSO ELECTORAL. Se autentifican las firmas que suscribían la ILP, superándose ampliamente el mínimo legal establecido para que pueda ser tramitada.
12 febrero 2013: CONGRESO. El Pleno aprueba por 180 votos a favor, 40 en contra y 107 abstenciones la toma en consideración de la ILP, para que comience su tramitación parlamentaria.
11 y 11 julio 2013: CONGRESO. Comisión de Cultura. Comparecencia de distintas personalidades, para abordar el contenido de la ILP: Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Unversidad Complutense de Madrid; Enrique Alonso García, Consejero de Estado; Enric Argullol, Catedrático de Derecho administrativo de la Universitat Pompeu Fabra; José Antonio Soriano Cabrera, Jurista ; Luis Gilbert, Representante de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña; Mª Vicenta Vaquer Martí, Representante de la Asociación PRODA; Carlos Nuñez, Representante de la Mesa del Toro; José Enrique Zaldívar, Presidente de la Asociación de Veterinarios por la Abolición de la Tauromaquia; Leonardo Anselmi, Portavoz de la Plataforma Prou, y Andrés Amorós Guardiola, catedrático de Filología Románica y cronista de toros.
16 julio 2013: CONGRESO. Comisión de Cultura. Comparecencia del Subsecretario de Educación Cultura y Deportes, en defensa de la iniciativa legislativa.
26 septiembre 2013: CONGRESO. El Pleno de la Cámara rechaza las cinco enmiendas a la totalidad, con devolución del texto al Gobierno, que habían sido presentadas por Comprimis, ERC, Izquierda Plural, CiU y UPyD.
2 octubre 2013: CONGRESO. Comisión de Cultura. Con 24 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones la Comisión aprueba el nuevo texto el Proyecto de Ley por el que se declara a la Tauromaquia Patrimonio Cultural Inmaterial, se crea la Comisión Nacional Taurina –que viene a sustituir la Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos– y se insta al Gobierno a adoptar una serie de medidas en apoyo y protección de la Fiesta.
31 de octubre 2013: SENADO. Comisión de Cultura. Comparecencia del Subsecretario de Educación Cultura y Deportes, en defensa de la iniciativa legislativa.
31 octubre 2013: SENADO. Comisión de Cultura. Se aprueba por 16 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones la proposición de ley para declarar la tauromaquia patrimonio cultural, de acuerdo con el texto que ya había sido aprobado en el Congreso.
6 noviembre 2013: SENADO. El Pleno aprueba la proposición de Ley por la que se declara a la Tauromaquia Patrimonio Cultural.
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