La Tauromaquia supera el pleno del Congreso; ahora viene el trabajo en la Comisión de Cultura

Todo discurrió según estaba previsto. Casi un calco de lo que fueron los debates en el pleno del pasado mes de febrero  en el que se tomó en consideración la ILP. Incluso se repitieron los mismos argumentos demostradamente carentes de toda verdad. Pero lo importante ha sido que el proyecto de ley ha superado este segundo trámite plenario y ahora pasará a la Comisión de Cultura, para su debate final al articulado, que es donde se van dilucidar  los contenidos definitivos.

Relevante ha sido, igualmente, que varios grupos hayan coincidido en la necesidad de articular la futura ley con una mejor apoyatura jurídica, que no sólo salve cualquier conflicto competencial –que no tiene por qué darse— sino que se alcance además la fórmula necesaria para una mejor definición de la Tauromaquia como una rama más de la Cultura y una adecuada protección como integrante de un patrimonio común.

Las enmiendas de la izquierda

Así como los textos alternativos que presentaban  tenían unas enormes semejanzas, de la misma forma la defensa de las tres enmiendas de la izquierda parlamentaria –a la que brindó su apoyo el BNG– fueron como tres gotas de agua.

Rompió sesión el diputado valenciano de Compromis-Equo, Joan Baldoví, con un breve intervención en la que adjudicó a la futura ley el propósito de legalizar la barbarie, dado que su único objetivo era el maltrato animal, construido siempre en torno al slogan “la tortura no es cultura”. Una intervención monocorde y en la que no aportó fundamentación alguna.

El diputado Alfred Bosch, por ERC, consumió su turno complementando la intervención anterior con su habitual recurso a la inviabilidad de la Fiesta si careciera de abundantes fondos públicos, una afirmación desmentida ya por reputados expertos como carente de todo fundamento, y una particular y errónea interpretación de la PAC y las ayudas al ganado bovino de lidia. Se felicitó, naturalmente, porque este jueves se cumplían dos años y un día desde la última corrida de toros celebrada en Barcelona, en lo que consideró “dos años y un día de felicidad”.

Dió por hecho que los favorables a la Tauromaquia “esta batalla la tienen perdida, porque no tienen razón” y atribuyó a los defensores de la ley el propósito de “torear” a los promotores de la ILP –“porque no van a poder cumplir lo que les han prometido”, dijo–, pero de torear igualmente a sus propias conciencias –“lo que ustedes hacen con toro, ¿lo harían también con sus mascotas”, matizó–.  Y, naturalmente, les adjudicó la voluntad de torear a los catalanes, al tratar de neutralizar la ley del Parlament por la que se prohibieron los toros.

Aunque en anteriores ocasiones la posición de Izquierda Plural (IU, ICV, Chunta Aragonesista)ha sido habitualmente defendida por el aragonés Chesús Yuste, quizás por la proximidad de la feria del Pilar o por otra causa, en esta ocasión cedió  el turno de su Grupo  a Laia Ortiz,  diputada por Barcelona en las listas de ICV.

Una intervención que reiteró las tesis de los dinero públicos y la protección de los menores y de los animales, ambos bajo la condición de “seres vivos”.  Tras destacar que la propuesta carece de apoyatura legal, muy en línea con los nacionalistas, afirmó sin rodeos que lo que se trata de imponer una forma de entender la cultura y una identidad colectiva, así como rescatar a Cataluña frente a su prohibición.

Como constancia no les falta, también la señora Ortiz se explayó en explicar como la Fiesta de los toros vive gracias a las subvenciones púbicas, que con recursos destinados al maltrato animal.  También invitó a sus señorías a “abandonar la barbarie”. Pero como el peso de la historia no se puede borrar desde la tribuna, tuvo que reconocer el arraigo histórico y social de la Tauromaquia, para a continuación puntualizar que lo que era aceptable hace unos siglos no tiene por qué ser aceptado hoy.

Las enmienda de UPyD

Toni Cantó se hizo cargo de la defensa de la enmienda a la totalidad presentada para por UPyD, que básicamente propone el cambio de “Bien de Interés Cultural” por el concepto “Patrimonio Cultural Inmaterial”.

En su justificación se basó en un argumento menor –que la declaración como BIC puede conllevar subvenciones públicas, a las que su Grupo es contrario–, pero también con una razón más fundada: la mayor seguridad jurídica que aporta la figura de Patrimonio Cultural Inmaterial como competencia que corresponde al Estado.

Entiende Cantó que de lo que trata es de definir un marco legal de ámbito nacional sobre un patrimonio inmaterial, con historia y arraigo social, no entrar en el debate “toros si, toros no”, que esa es una cuestión que la sociedad decide por sí misma con su asistencia o no al espectáculo taurino.

La enmienda de CiU

Entre los firmantes de las enmiendas a la totalidad, sin duda fue la diputada Monserrat Surroca, la que en nombre del Grupo parlamentario de CiU tuvo una intervención mejor construida y hasta mejor dicha. Siendo opositora frontal a la iniciativa, al menos se preparó a conciencia su intervención.

Como era de esperar, consideró la diputada Surroca que la ILP constituye casi una ofensa a la ley prohibicionista de Cataluña, para luego explayarse en la carencia de competencias por parte del Estado para legislar sobre la materia. Entiende que se trata de un objetivo recentralizador, en virtud del cual se  vaciarían de contenidos las competencias que la legislación adjudica como propias de las Comunidades Autónomas.

En lo que era más que un matiz parlamentario, y quizá en previsión de los cambios ya anunciados por el PP de modificaciones profundas de la literalidad de la inicial ILP, tuvo el buen cuidado de en todo momento hacer referencia siempre al texto de la propuesta inicial que 600.000 ciudadanos entregaron en el Congreso, dedicando casi más atención a su exposición de motivos que a su articulado.

Dentro de una intervención bien estructurada y nada agresiva, al final sorprendió ofreciendo los votos de CiU a las tres enmiendas de los grupos de la izquierda radical.

En apoyo de las tesis de CiU intervino también el portavoz del PNV,  Joseba Aguirretxea. Eludiendo formalmente entrar en el fondo de la cuestión, pasó  a sostener y defender el conflicto competencial que la futura ley plantea entre el Estado y las Comunidades Autónomas, conflicto que en su criterio debe ser favorable  a éstas por mandato constitucional. Pero así como anunció su voto favorable a la propuesta de CiU, anunció el voto en contra de las otras cuatro enmiendas a la totalidad.

El turno del PSOE

En el turno de fijación de posición, por el Grupo parlamentario del PSOE intervino el diputado Torres Mora. Quiso que la suya fuera lo que denominó “una posición templada”  –“en este tema no somos tibios, sino templados”, distinguió– en un fiel de una balanza de muy difícil equilibrio, como demostró en sus propias argumentaciones.

Como otras veces, su núcleo central lo resumió en cuatro palabras: “no promover, no prohibir”. Pero a continuación, con una cintura poco comprensible, anunció desde el inicio que votaría a favor de la propuesta de CiU, votaría en  contra de la UPyD y se abstendría en las tres propuestas de quienes se sitúan a su izquierda.

En el fondo, trasladó toda la cuestión a un debate con las Comunidades autónomas, que es precisamente el escenario en el que el PSOE se siente más cómodo, porque en su  diversidad le permite defender a la vez  una posición protaurina y otra antitaurina.

Por lo demás, auguró que al final de todo este proceso los promotores de la ILP se sentirán decepcionados, pero de esa decepción serán responsables los que les hicieron caso y les animaron en su día.

La defensa del PP

El turno correspondiente a la mayoría de Gobierno lo consumió el diputado  sevillano Juan Manuel Albendea, presidente de la Comisión de Cultura. Una intervención impecable la suya.

Enfatizó en especial la posición de su Grupo para alcanzar acuerdos con todos los demás a la hora de elaborar enmiendas al articulado, así como reconoció que coincidía con algunos aspectos de la propuesta de UPyD, con los que confiaba poder alcanzar acuerdos.

Pero no dejó de entrar en cada una de las intervenciones anteriores. Y así desmintió por enésima vez y con datos concretos –de los que citaba la fuente, por si quedaban dudas– la tesis de los dineros públicos de los que habían asegurado otros intervinientes que vive la Tauromaquia. Acudió a estudios científicos solventes para poner en su sitio las tesis de la tortura y malos tratos. Pero también le interpeló a la izquierda hoy beligerantemente antitaurina qué postura habrían adoptado hoy, de estar presentes, muchos de sus correligionarios, de pasado  y de presente, que siempre se declararon a favor de la Fiesta.

Entrando en el fondo de las intervenciones, Albendea  afirmó de manera rotunda que   «las tres enmiendas presentadas por ERC, IP y Compromís son un atentado a la ecología, a la Cultura, a la libertad, a la lengua, a la tradición, al sentido común, y lo que es más grave, a la economía«.

En este sentido, les recordó, entre otro  aspectos,  «los 2.100 millones de euros que los toros ingresan en las arcas del Estado» y cómo en nuestro país “contando los festejos populares, han pasado por taquilla 40 millones de personas y 60 en todo lo mundo«.

Pero también le recordó a CIU que  no buscan otra cosa que “desnudar al Estado de cualquier competencia sobre festejos taurinos pero se olvida que las Comunidades Autónomas tienen competencia para regular pero nunca para prohibir como ha hecho Cataluña«.

El ministro Wert pide la palabra

Aunque durante los días anteriores se había especulado –en realidad, lo habían declarado fuentes del propio ministerio– que en este debate el ministro Wert no  intervendría, al final del turo de intervenciones hizo uso de la facultad del Gobierno para intervenir en las sesiones plenaria.

Una intervención medida y dialogante, en la que reiteró la oferta de Albendea sobre los consensos futuros sobre el articulado y enfatizó el respeto del Gobierno por todas las posiciones, aunque no las pueda compartir. 

De forma bien argumentada defendió la compatibilidad de la coexistencia de competencias taurinas en el ámbito del Estado y en las Comunidades autónomas, destacando además que no está entre los propósitos del Gobierno desposeerlas de ninguna de las competencias que les corresponde, sino que se trata de ejercer el deber de protección que al Gobierno encomienda la Constitución.

Tras destacar la viabilidad de definir una fórmula de protección para la Tauromaquia, llamó la atención sobre la importancia que debe concederse a su arraigo social pero también su dimensión socioeconómica.

Por dos veces explicó que en los Presupuestos Generales del Estado ni figura ninguna partida de ayudas o subvenciones, aclaró  de forma minuciosa la naturaleza de las ayudas que puedan derivarse de la PAC.

Finamente, solicitó del grupo mayoritario de la Oposición que mantuviera una posición constructiva, porque si se eluden  motivaciones ideológicas –que en este caso están de más– hay muchos temas en los que el entendimiento es posible.