La solución pacífica del conflicto de Sevilla es posible, si nadie se aferra a la intransigencia

Los italianos, que hilan muy fino en la utilización de las palabras,  tienen un término preciso para advertirnos de un camino equivocado. En concreto, nos llaman la atención sobre los graves perjuicios que habitualmente se producen cuando quien gana una partida, la que sea, trata de implantar lo que denominan “extravincere”, la sobrevaloración de su  victoria, el abuso de su éxito.

En el conflicto que sigue abierto de Sevilla, se equivocarían de medio a medio los componentes de lo que acabó siendo el G-4, que desde el G-10 en el camino han ido perdiendo partidarios, acudieran ahora a ese “extravincere”. Y es que un erróneo planteamiento, un equivocado abuso de la victoria, sería creer que con la jubilación de Eduardo Canorea han dado su brazo a torcer no ya la Casa Pagés, sino la propia Real Maestranza de Caballería, y si uno se descuida el toreo al completo. Naturalmente que la salida de Canorea del equipo gestor supone salvar un escollo importante para las relaciones de esas figuras con los gestores de la plaza sevillana. Pero de ahí a entonar un “extravincere” queda demasiado trecho.

En primer término, porque aunque se autoadjudicaran la victoria, algo que no debieran dar por seguro los vetantes, los cuatro protagonistas del caso tienen una importante deuda pendiente por saldar: reconciliarse con la afición y con Sevilla, después de tantos desplantes como le han hecho. No basta un comunicado maravillosamente escrito por sus equipos de imagen contándonos lo mucho que quieren a la afición y que a partir de ahora no volverá a ocurrir.

Esos aficionados a los que ellos plantaron por dos ferias, también en ocasiones critican y lamentan la gestión de Canorea, incluso con mayor dureza; pero por delante de todas esas reivindicaciones ponen el respeto debido a la cátedra del toreo que es la Maestranza y, sobre todo, a la propia ciudad de Sevilla, para la que el normal desarrollo de su feria resulta crucial en el ámbito de la economía de los servicios, cuya inmensa mayoría –como recordó hace unos meses la Cámara de Comercio hispalense– son pymes que resolvían buena parte de sus problemas en esas semanas de abril.

Semejantes realidades exige mucho más que darle a la fotocopiadora para otro papel de excusas; exige de gestos concretos y evidentes, de realidades que se puedan poner en un cartel y en un abono.

			En el fondo, todos deben buscar una excusa para una solución pacífica

Como en estos días estamos viendo en tantas y tantas instituciones públicas, después de las mil batallas dialécticas viene el reacomodo de todo lo dicho, para redirigirlo hacia lo que permita llegar a pactos. Todos tienen que desdecirse de algo, tienes que rebajar sus pretensiones iniciales, porque en otro caso no hay acuerdo posible. Es cierto que los políticos tienen un excesivo desparpajo para hoy decir lo contrario que ayer y además explicarnos que son completamente coherentes. Lo único que entre ellos se piden mutuamente para, al margen de todo lo dicho hasta entonces, poder acordar algo es que cada uno aporte una “percha” de la que colgar la nueva versión –habitualmente en radical oposición a la que fue su primera versión–  de sus reivindicaciones, salvando así la cara. 

Con independencia de que guste más o menos, no constituye un mal ejemplo para trasladarlo al conflicto sevillano. Con su jubilación Eduardo Canorea ya ha puesto esa “percha”, esa herramienta propia y exclusivamente instrumental  para que las dos partes puedan colgar dignamente en ella sus cuitas, salvar todos la cara y dar por cerrado el caso.

Pero se equivocarían si en lugar de ir a la búsqueda de una formula que propicie una solución pacífica y de consenso, trataran de laminar al enemigo. Por ejemplo, desde el entorno de Morante, tan activo como está en lo que no debe –como en el escándalo del sorteo en Córdoba–, ya lanzaron que jubilarse es poco, que aquí no cambia nada mientras Canorea siga siendo titular de un paquete de acciones de la Empresa Pagés, el que legítimamente le corresponde por herencia. Salvo en los regímenes bolivarianos, para los que la propiedad privada es un mero accidente en el camino, se trata de una pretensión impresentable, solo propia de quien desconoce por completo las realidades económicas. O de quien prefiere no verlas.

Y en último extremo, quienes se muestran hoy tan intransigentes y a los que toda concesión les parece poco, debieran entender que a todo el mundo se le debe conceder el derecho a rectificar. Aún en la hipótesis de que todas las acusaciones cruzadas respondieran a la realidad –un extremo dudoso, porque en estos conflictos nadie tiene la razón al cien por cien–, no concederse mutuamente el derecho a rectificar supone arramplar con un elemento tan básico de la convivencia, sin el cual esto sería la selva, el reino de lo irracional.

			Dejemos que Pagés y la Maestranza resuelvan su entendimiento

Por otro lado, no se puede obviar que la crisis sevillana para algunos es casi un casus belli en el que directamente se incluye a la institución maestrante, con la polémica acerca de su canon de arrendamiento. Un razonamiento en virtud del cual las responsabilidades, en el fondo, no serían tanto del inquilino como de la propiedad. Sin embargo, introducir este elemento no puede servir  como una exculpación de los errores que cometa al arrendatario: cada parte tiene los suyos.

Lo que carece de sentido es que como uno tiene problemas con su arrendamiento, la mercancía que venda esté ya caducada. Uno es el problema del casero y otro diferente el del tendero. Hay que buscar, pues, solución a dos cuestiones diferentes, por más que estén interrelacionadas.

Y no es mal ejemplo ahora que por un cambio legal en los arrendamientos de renta antigua, ha puesto patas arriba a tantos y tantos pequeños negocios. No hay más que pasear por cualquier calle para ver el estropicio que se ha producido. Y puede ser lógico que la propiedad quiera obtener la máxima rentabilidad posible de su inmueble; lo que ya no tiene tanta lógica es que la alternativa que se ofrezca al inquilino sea tan sólo la del “esto o nada”. Pues lo mismo, pero en el planeta de los toros.

Algunos elementos de los que se han ido filtrando en estos días, todavía con la única categoría de hipótesis, parece indicar que ya la Empresa Pagés ha estudiado, o está en ello,  con la Maestranza algunas fórmulas para el canon. Vamos a dejar que entre las dos partes solucionen semejante cuestión, que para ambas es “su” problema.

			Negociar sobre criterios razonables

Pero junto a ello, una vez que Canorea, con la motivación formal de la salud, se ha ofrecido como “cabeza de turco” del conflicto, el G-4 debiera entrar en razón y, salvando la cara todo lo que quieran, sentarse en su momento a negociar con criterios razonables. Y  el primero de esos criterios, como en todo régimen de libre empresa, radica en que el gestor está en su pleno derecho de comprometer y comprar la mercancía que más le convenga a su negocio, no tiene por qué adquirir todo el muestrario de su proveedor. Suyo exclusivamente será el problema si esa selección que hace resulta luego equivocada y el negocio no tira en el mercado. Pero la oferta que se le presenta tiene que ser de por sí abierta, sobre la que luego cada cuál elije lo que más le convenga.

El toreo, que se sepa, nunca fue como la troupe del circo, que se contrata en bloque: desde los payasos a los elefantes, el espectáculo completo.  Por el contrario, como se trata de una actividad esencialmente creativa y por ello básicamente individual,  como en las subastas de arte unos pujaran por las obras de Goya y otros por las de Zurbarán; incluso habrá terceros, mas osados, que pujaran por las dos.

En el fondo, así se confecciona, o al menos se debiera confeccionar, una feria, por más que en tantas ocasiones al final vengan condicionadas en lo taurino por el llamado “intercambio de cromos” y los compromisos entre empresas, que hoy a la vez son ganaderos y apoderados, que éstas sí que son circunstancias que se interfieren en el normal desarrollo del mercado y no siempre precisamente para bien del público, cuando alteran un principio tan sano como el del mérito como razón última para la contratación.

			El telón de fondo: la realidad de la economía del toro

Bajo nuestro punto de vista, como sustrato base de todo ese modo de pensar  –tan legítimo como su contrario–, se encuentra un hecho fundamental a día de hoy: la economía del toro exige de un replanteamiento de todos sus parámetros económicos, de los que todos hablan, pero que al final sólo se circunscribe en la práctica a los últimos escalones de todos los escalafones profesionales.

Tiene toda lógica que cada cual en su actividad trate de alcanzar la mayor rentabilidad posible. Pero en los mercados que no están regulados por el Estado, todos los intervinientes tienen que sopesar cuál es el gasto posible que ese consumidor que se acerca a una taquilla puede hacer. De tal forma que si los costos del negocio no se controlan para que se correspondan con los ingresos previsibles, el negocio pasa a ser una ruina, que es la antesala de bajar la persiana.

En otros momentos de mayores alegrías económicas, a lo mejor no resultaba tan perentorio estos ajustes entre gastos e ingresos. Hoy resultan indispensables. No por casualidad todos los promotores coinciden en la necesidad de reconducir los precios de las entradas para ponerlas al nivel de los posibles de que disponga el futuro comprador. Pero si se modifica la partida de estos ingresos, algún retoque habrá que hacer también en la de los gastos.

Bueno sería que unos y otros repasaran, por ejemplo, algo tan elemental como lo que vemos lamentablemente en demasiadas ocasiones: tres figuras en el cartel y poco más de medio aforo vendido. Pero también conviene repensar el motivo por el que en las grandes ferias tres toreros del segundo escalafón los empresarios los contratan por los mínimos legales, cuando luego los incluyen en carteles cuyas localidades ponen al mismo precio que aquellas tardes en las que se anuncian a las figuras.

La gran cuestión, la que a la vista salta que no se ha sabido o no se ha podido resolver, radica en cómo se redistribuye esa contención del gasto. Tan injusto es que se haga sólo contra la cuenta de resultados del empresario, como que se pretenda basarlo fundamentalmente en los honorarios del torero. Como en el viejo concurso de TVE, hay que llegar al “precio justo” para todos. Un empeño de por sí complicadísimo, pero que se hace irresoluble si cada cuál se encastilla en sus posiciones particulares.

			Estas crisis a quien más perjudican es a la Tauromaquia

Si nos retrotraemos de nuevo al caso de Sevilla, como podrían ponerse otros muchos, nos equivocaríamos si pensáramos que la drástica reducción del número de abonados es un problema exclusivo de la Empresa Pagés. En primera instancia, desde luego lo es.  Sin embargo, que la Maestranza, como cualquier otra plaza, tenga desocupados la mitad de su aforo es mucho más que un problema económico de sus gestores; quien de verdad sale dañada es la propia Fiesta como tal, que es la que pierde cada día algo tan esencial como una parte de su arraigo social, que ahonda en ese mal tantas veces denunciado de la destaurinización de la sociedad actual. Y este si que es un grave mal de naturaleza estructural. Con todo, debe advertirse que esta realidad no debiera utilizarse de forma interesada por las partes en conflcto, sino que debiera llevarles nada más que a  tener una razón más para reconsiderar sus posiciones.

De ahí que para arreglar casos de ese tipo se haga necesaria una altura de miras, unos planteamientos a futuro, que van mucho más allá de un exabrupto dicho a destiempo, de un desacuerdo económico, o de vivir sumergidos exclusivamente en el día a día, renunciando a una visión mínima de futuro. Hasta el momento este tipo de valores han brillando por su ausencia y por parte de todos.

Por eso, siendo lógico que cada cuál quiera defender lo suyo, mucho más lógico y necesario se hace que todos pongan de su parte aquello que resulte preciso para consolidar las bases necesarias para que la Tauromaquia en sí misma, como hecho cultural y como actividad socioeconómica, resulte la gran beneficiaria de esa nueva forma de gestión.

No compensa, en fin, copiar de los políticos, que llaman acuerdos programáticos a los que, en el fondo, no es más que un reparto del poder y de los despachos. En nuestro caso, la baraja que se maneja es la de la propia Tauromaquia, que va mucho más allá que de los intereses de los que se sientan a jugar esa partida. En el caso concreto de la capital hispalense, la “percha” adecuada que las circunstancias brindan para acometer ese empeño puede ser la jubilación de Canorea; encastillarse cada cual en su posición a nada conduce.