Con independencia de la opinión que cada cual tenga sobre este caso, algo debe quedar al margen de toda la polémica que se vive en estos días. El prestigio de la Feria de Sevilla no es lo que está en juego. Tenga la Empresa organizadora que tenga, se anuncien los toreros que se anuncien, la importancia objetiva para la Fiesta de este ciclo ferial está fuera de toda duda. Circunstancialmente podrá verse afectada por unos mayor o menor asistencia de espectadores, en función de carteles o de depresiones económicas. Pero su trascendencia taurina está por encima de cualquier género de controversia. Así fue siempre a lo largo de la historia. En el fondo, los únicamente afectados serán siempre los aficionados, que se encuentran con unos carteles que no son los que desearían ver. Pero lo que es esta feria y esta Plaza en sí se mantienen incólumes.
Sentado lo anterior, con el comunicado difundido por “El Juli”, que viene a confirmar los hechos denunciados días antes Miguel A. Perera –dos denuncias que son extraordinariamente infrecuentes en el mundo taurino–, la situación de Sevilla sube de grados, en la medida que la gestión de la Maestranza ha quedado abierta en canal. Frente a esta realidad, sería irresponsable mirar hacia otro lado, porque aquí está en juego mucho más que lo que se refiere a la organización de la feria de 2014 y hasta un pleito intestino entre protagonistas taurinos.
No se sabe si habrá más comunicados y en qué línea andarán por parte de este Club de los 5. Hasta ahora, lo cierto es que sobre la mesa hay dos denuncias preocupantes de dos de los toreros citados, mientras Manzanares ha optado por posicionarse en tierra de nadie: él no tiene ningún agravio con la empresa, pero se solidariza con los demás compañeros. Queda por saber si el silencio al respecto de Morante y Talavante es una posición definitiva, o es que están esperando a un mejor momento para pronunciarse. Por lo pronto, hay un pequeño dato que no deja de ser significativo: las denuncias concretas contra la Empresa Pagés vienen de dos toreros que van independientes, mientras quien está al amparo de una casa grande, como la de Matillas, busca las templadas aguas de no entrar en el fondo del tema.
Pero si vamos más allá, se observa como cada día con más intensidad las miradas se dirigen a la Real Maestranza de Caballería y a los dineros que ingresa por el contrato vigente con la Empresa Pagés. Siendo una posición a la que debe concederse toda legitimidad, bajo nuestro punto de vista distraeríamos la atención si ahora nos centramos en la discusión de si 3 millones de euros son muchos o son pocos. No decimos que carezca de relevancia; nos limitamos a afirmar que para llegar al fondo de la cuestión actual que nos ocupa, no es el dato para servir de punto de partida.
Por el contrario, consideramos que, incluso antes de conocer la dimensión económica del contrato, hay dos cuestiones que parecen evidentes: primero, no puede decirse que tales ingresos sean ilegítimos, sino que responden a un contrato vigente y libremente suscrito por las partes; segundo, sea cual sea su cuantía verdadera, la realidad parece confirmar que si los empresarios no han denunciado nunca el acuerdo será porque el resultado final les resultaba positivo.
Por eso, para no desviarnos de lo más nuclear, lo que queda claro es que ante lo que en estamos es ante un pleito entre una Empresa y unos toreros; todo lo demás son cuestiones colaterales, por más importancia que se le quieran dar.
Con las anteriores premisas por delante, lo que viene ocurriendo exige ya una solución. Si son ciertas las denuncias, que desde luego son concretas, la gestión de la Empresa Pagés queda en entredicho. Y eso para una plaza de la importancia de la Maestranza no es asunto precisamente marginal; en la misma medida obliga a mucho más que a una explicación mediante otro comunicado. Si como denuncian dos de los protagonistas resulta ser cierto que se han dado incumplimientos de contratos –sean escritos o verbales siguen siendo contratos–, nunca puede considerarse anecdótico: constituye una irregularidad importante, que debe ser clarificada.
Como los juicios y las valoraciones morales que unos hagan de otros es asunto que siempre resultarán subjetivas y discutibles, hay que buscar un camino mucho más objetivo. En este sentido, este cruce de acusaciones tendría una fácil solución si el mundo taurino no fuera tan opaco como históricamente lo ha sido. Por ejemplo, si todos contaran con las auditorias externas correspondientes –a las que por volumen de negocio vienen obligados, porque todos los afectados operan como sociedades mercantiles– bastaría contrastar unas con otras. De la comparación nacería la verdad. En cualquier caso, ha llegado al momento de que cada uno pruebe documentalmente cuanto dice. Del “yo digo que tu dices” y del “tu más” nunca ha salido ni la verdad ni la solución; de todo eso solo nace el barullo y el ruido, como en estos días ocurre.
Si se quiere llegar al fondo de la cuestión, a la búsqueda de esa medicina que cure una enfermedad que se predica endémica, de lo que se trata es de probar o desmentir si hubo o no gestión irregular y/o incumplimientos contractuales. Todo lo que no sea eso no pasará de ser unos fuegos de artificios, por más brillantes y entretenidos que resulten para quienes los contemplan desde la barrera.
Planteada así la cuestión, la obligación de dirimir el conflicto recae sobre las dos partes protagonistas: la Empresa y los toreros. A la Real Maestranza de Caballería le tocará el papel de tomar nota del resultado final y obrar en consecuencia; mientras tanto, su papel no puede ser otro que mantenerse al margen de un pleito que les resulta ajeno y sobrevenido.
Sin embargo, si hacemos abstracción de los intereses cruzados –que son muchos y muy variados–, encontramos otra conclusión segura: el importamte daño reputacional que viene sufriendo como institución la Real Maestranza de Caballería, pese a lo cual ha optado por mantenerse oficialmente al margen del pleito. Debe reconocerse que no es fácil salir de la dinámica que marcan los protagonistas, porque tantas contraindicaciones encierra inclinarse hacia unos como hacia otros. Pero la realidad es que la institución, que sin quererlo se ha encontrado en medio de un fuego cruzado que le resultaba ajeno, se ve afectada y de modo relevante. Frente a ello, en términos comunicacionales el silencio nunca ha sido rentable.
Y una última consideración necesaria. Los toreros reclamantes –que están en su derecho de hacerlo– podría ser muy oportuno que repensaran acerca del peso que realmente tienen en la Fiesta y sobre todo de la posición en la que van a quedar una vez que este pleito concluya. A este respecto, da mucho que pensar, por ejemplo, que si un solo torero, llamado José Tomás, se quisiera ajustar ahora para dos tardes en Sevilla, aquí ya “no ha pasado nada”. Sus reclamaciones mantendrían la misma vigencia, su “fuerza” profesional no tanto.
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