No resulta precisamente ninguna novedad que en cuanto guarda relación con la Tauromaquia vivimos unos tiempos nuevos. Las circunstancias de nuestro país han cambiado radicalmente. Sin embargo, resulta relativamente intrascendente entrar en el debate de si son mejores o peores que en los años pasados. Son los que nos tocan y a ellos hay que adaptarse, fuera de añoranzas inútiles. Por eso, resulta una obviedad afirmar que a tiempos nuevos le corresponden estrategias y decisiones nuevas. Lo contrario no pasaría de ser un inútil anacronismo.
Nos ha cambiado el entorno político, nos ha cambiado el escenario de la Fiesta con los grandes movimientos empresariales, nos ha cambiado, en fin, las raíces mismas del toreo como actividad social y económica. Bien podría decirse que si a comienzos del siglo XX la irrupción clamorosa de José y de Juan trajo una revolución plena que modificó las bases del toreo, cien años después los profundos cambios de la sociedad española nos sitúa en la obligación de llevar a cabo una nueva revolución, ahora sobre la vigencia de lo taurino, sobre la que construir nuestra historia.
Para abrir la nueva etapa se cuenta con instrumentos importantes, sobre la base de la vigente Ley taurina 18/2013, con la que la Tauromaquia entra por la puerta grande entre las disciplinas de la Cultura y del patrimonio de España. Este basamento institucional, del que en ocasiones parece que no hemos tomado cuenta suficientemente, abre puertas hasta ahora inéditas, siquiera sea porque nunca hasta ahora el poder civil se había comprometido a tanto en la defensa de la Fiesta.
Dentro de esa dinámica hay que situar en un lugar preferente la consolidación del nuevo entorno institucional de la Tauromaquia, que cuenta con dos pilares fundamentales y propios: de un lado, la actualizada Comisión Nacional de Asuntos Taurinos; de otro, la Fundación del Toro de Lidia, única expresión por el momento de la unidad del Sector.
Tiene toda la lógica que, por la inestabilidad política, a lo largo de 2016 la Comisión haya estado de alguna forma hibernada. De hecho, las limitaciones de actuación propias una etapa de interinidad en las Administración del Estado, parece que obligaba a ello. Pero aunque sea con una fórmula de minoría parlamentaria, ya se ha regresado a la normalidad; lo mismo debiera ocurrir con el discurrir de la Comisión.
Resulta mucho más que un cambio de ubicación administrativa el hecho de que esta Comisión antes fuera dependiente de una Subsecretaría y en la actualidad lo sea de una Secretaria de Estado. Está claro que el cambio de rango institucional debiera representar un paso hacia delante. Pueden abrigarse serias dudas que en el Sector se haya tomado conciencia de esta realidad que es muchísimo más que un cambio de ubicación o de nombre.
Sentado lo anterior, un primer paso a dar radica en la actualización de sus componentes. Carece de todo sentido, por ejemplo, que la representación de los aficionados siga marginada en el órgano fundamental de esta Comisión: su Ejecutiva. Por el temor –no sólo de los políticos, sobre todo de alguna representación profesional– de que se convirtiera en un factor crítico, la han aislado para que solo tenga acceso a los plenarios, que son pocos y nada decisorios. Seamos claros: se han venido produciendo unas fuertes reticencias frente a las organizaciones de aficionados. Incumpliendo la norma, no se permitió en su momento que fueran las distintas organizaciones las que eligiera a su representantes en esa Ejecutiva: el dedo del poder se posó encima de aquella que le parecía más colaboracionista. El temor reverencial a la simple hipótesis de una voz crítica fue suficiente para el dedazo. Craso error.
Pero es que, además, en estos momentos se produce una desigualdad de fuerzas dentro de la Comisión. Y así, la constitución de la Fundación del Toro en la práctica hace que tenga una doble voz en la Ejecutiva, reduciendo los márgenes de pluralidad que la debiera caracterizar en aras de su representatividad.
Otro campo pendiente de explorar: la presencia pública de esta Comisión. Si se tabulan sus apariciones mediáticas, la conclusión es clara: resultan muy inferiores a la que por su importancia objetiva le correspondería. Quizá con la mejor intención de no soliviantar a los críticos, pero es lo cierto que se sabe demasiado poco del trabajo que en la realidad han desarrollado.
Sin embargo, aunque no haya trascendido en la medida necesaria, hay un amplio número de proyectos en curso, sobre los que han venido trabajando. El estudio acerca de las directrices para la adjudicación de las plazas, el futuro de las Escuelas Taurinas dentro del campo de la Formación Profesional, las líneas maestras para una reforma del vigente Reglamento…. En el fondo, el desarrollo del propio PENTAURO, que por más críticas que se le puedan hacer, sigue siendo la mejor herramienta con la que ahora se cuenta para la obligación del Estado, adquirida por ley, de trabajar por la preservación y la defensa de la Tauromaquia.
Si un análisis similar de los contenidos mediáticos se realiza sobre la Fundación, se extraen, entre otras, dos conclusiones que llaman la atención. De un lado, la confusión que genera la frecuencia con la que se sigue identificando aún hoy a la Fundación con la desaparecida Mesa del Toro; de otro, la superabundancia de noticias sobre la actuaciones del bufete Cremades en los distintos pleitos que están abierto, como si esta fuera su única razón de ser.
Si se acude a su web, no se localiza ni un documento bien estructurado sobre los valores característicos e identitarios de la Tauromaquia, cuya defensa constituye una de las razones fundacionales. Realizan, eso sí, una labor callada reuniendo con cierta periodicidad a personas con alguna capacidad de influencia en los ámbitos sociales; pero en una sociedad volcada en los medios, aquello que no trasciende, no existe.
Tampoco aportan la suficiente transparencia sobre la vida de la Fundación. Conocer, por ejemplo, que temas se abordan y que decisiones se adoptan en las reuniones de su Patronato, por ejemplo, sirve para reunir voluntades. Como resulta llamativo que, si nos atenemos a su propia web, las anunciadas Comisiones de Cultura y de Eventos aparezcan vacías de todo contenido. Por no tener, no cuenta ni con un apartado de imágenes de las actividades de la Fundación y de sus gestores.
Pese a carencias como éstas, no puede negarse que la Fundación ha constituido un paso hacia delante; lo que se lamenta es que avance tan lentamente y con tan poca transparencia. Se trata de una realidad que dificulta en gran medida que la institución se constituya en un auténtico referente de opinión para todos.
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