No porque haya tenido un reducido eco informativo deja de ser muy relevante el nacimiento en Madrid de la Plataforma para la Defensa de la Tauromaquia, que pone voz y documenta de forma exhaustiva una petición que comparten tanto los profesionales como los aficionados: que el libre acceso y el normal desarrollo de los actos taurinos, ya sean un festejo ya una actividad cultural, no pueden verse alterado porque en el mismo lugar y hora se produzca una concentración de antitaurinos, por más que la misma cuente con la preceptiva autorización gubernamental.
Nadie pretende acallar ninguna voz ni ninguna manifestación pública. Lo que el mundo del toro pide –habría que decir: exige– es que todas las actividades taurinas se puedan desarrollar en un clima de libertad y sin alteraciones extrañas. Hasta en la ciudad más pequeña hay muchos otros lugares para celebrar esa muestra de opinión contraria a la Tauromaquia, sin que necesariamente tenga que ser a las puertas de una plaza de toros –o de otro local– en la hora y fecha en la que se reúnen los aficionados en el ejercicio de su libre derecho a participar en aquello que se haya organizado.
El ejemplo que ahora ha dado la Subdelegada del Gobierno (especifiquemos: del Gobierno de Rajoy) en Sevilla resulta lamentable. El día 18, si la señora Panadero no cambia de criterio, o si no le obligan a ello, ha autorizado una concentración promovida por los antitaurinos del PACMA en las proximidades de la Real Maestranza, coincidiendo con la celebración de una de las corridas estrellas del abono de la Maestranza. ¿No hay otro lugar en todo Sevilla para organizar la protesta? Por tanto, lo que pueda ocurrir será responsabilidad, al menos en grado de “in vigilando”, de la Subdelegada del Gobierno.
Algo tan natural y tan lógico como reclamar libertad y paz para que cada cual participe en las aficiones que sean de su agrado, constituye una reclamación que en el mundo del toro vienen ya de bastante atrás. Se nos adelantaron las autoridades francesas, que ya impiden este tipo de coincidencias; aquí las autoridades se debaten mientras tanto entre las dudas.
De hecho, en España se intentó que esta salvaguarda de seguridad y ausencia de desordenes públicos ante hechos taurinos se incorporara a la reciente Ley de orden público aprobada por el Parlamento. Hasta el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno dejó en solitario a aquellos de sus diputados que trataron de incorporar este asunto a ese nuevo texto legal. Habría sido la solución más idónea y ajustada, pero se vio frustrada por una especie de temores enfermizos a contrariar a quienes jamás le darán la razón a este Gobierno, proponga lo que proponga. De hecho, la referida Ley la tuvo que sacar adelante el Grupo Popular en solitario.
Ahora, con el preocupante precedente que ha sentado la Subdelegada del Gobierno en Sevilla, la representante de Moncloa en la Comunidad de Madrid tiene encima de la mesa, y de acuerdo con todas las formalidades administrativa, el escrito presentado por la Plataforma para la Defensa de la Tauromaquia, que no hace más que explicitar lo que ha pasado a ser una necesidad. Habrá que esperar cuál es su respuesta, porque por ahora tan sólo ha sido de silencio.
No deja de resultar llamativo que en la España de hoy, la España de las libertades civiles, unos ciudadanos tengan que soportar los insultos de algunos grupos muy minoritarios, si es que no se producen cosas mayores, por la sencilla razón de hacer pública su afición a la Tauromaquia. Pero todavía mucho más llamativo resulta que el Gobierno por el momento se encoja de hombros y mire para otro lado.
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