La nueva Taurodelta plantea una difícil situación a la Comunidad por razones de competencia

Lo pre-anunció en su blog Zabala de la Serna  y lo desarrolló luego Manolo Molés en su programa “Los toros”. Este martes se confirmó: se ha suscrito un acuerdo  a tres bandas Taurodelta (Martínez Uranga), Simón Casas y la Casa Matilla, para presentar una oferta única en el concurso de adjudicación de Las Ventas. Será mediante la entrada como miembos del Consejo de Direccion de  la mecantil Taurodelta de los otros dos empresarios, tras descartar la fórmula con la que en principio se especuló: una Unión Temporal de Empresas (UTE). Pero con una fórmula o con otro, la empresa resultante constituye  el grupo empresarial más fuerte que se haya conocido nunca en todo el orbe taurino.

De hecho, como se reconoció durante la rueda de prensa celebrada en la mañana del martes, una vez alcanzado este acuerdo tripartito, ya no es posible que nadie entre el empresariado taurino cumpla las condiciones requeridas por el pliego de condiciones. Y esto no es otra cosa que reconocer que el acuerdo alcanzando en torno a Taurodelta impide la libre competencia, una circunstancias ante la que la Comunidad de Madrid no puede mantenerse al margen. Si tan solo  forman parte del "Consejo de Dirección", se dan problemas de competencia y colusión en la medida que al ocupar ese cargo han renunciado –según sus propias palabras– a presentarse individualmente a otros concursos de adjudicación de plazas; si trata realmente de  una verdadera  implicación mercantil, con mucho mayor motivo se ve afectada la libre competencia.

En cualquier caso, a  favor del acuerdo empresarial se aduce las complejidad y dificultad de hacer frente a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones por la Comunidad de Madrid y hacerlo, además, en las actuales circunstancias de crisis económica, que golpean al sector taurino como a los demás sectores empresariales.

Antes el pliego no era tan malo

Sin embargo, la justificación de estas gravísimas dificultades que llevan a pensar en semejante formula compartida no son del todo coherentes con las posiciones iniciales que dos de esas empresas manifestaron en el momento de conocer el pliego.

En efecto, los responsables de Taurodelta declararon: "Está hecho por la Comunidad buscando dotar a la plaza de una empresa buena y solvente. Es un pliego exigente para el empresario que nos obligará a todos a hacer un esfuerzo muy necesario para la Fiesta en esta época tan difícil que estamos atravesando". Para a continuación matiza: “es normal que estemos frente a medidas exigentes pero no hay que olvidar que de cara al abonado el pliego contiene medidas muy buenas".

Por su parte, Simón Casas, después de calificar el pliego de “muy conservador”, opinó lo siguiente: “"Por un lado bajan el canon pero por otro no marcan ningún tope y valoran con 25 puntos, que son muchísimos, la mejor oferta económica. Vuelven a subastar la plaza, vuelven a empujar al empresario a ir al alza y todo el dinero que se dé de más para el canon es dinero que existe de menos para la calidad del espectáculo. Priorizan la cuestión económica cuando no debería de ser así”. Y añadió: “A pesar de todo voy a concursar, y no lo digo hoy, lo dije hace meses. Tengo tanta afición y tanta convicción de que cualquiera que sean las dificultades si no actuamos ahora la tauromaquia se nos puede ir de las manos que, tal y como he hecho toda mi vida, voy a anteponer el interés general a mis intereses personales. Soy candidato, pero sé que el camino de gestión de Las Ventas va a ser un camino de dolor, de lágrimas, pero este es el camino que he elegido desde que estoy en el toro, por lo tanto voy a concursar con alegría, agradeciendo a la Comunidad de Madrid algunos cambios positivos, aunque finalmente no hayan sido todos los deseables".

Es decir, que ambos empresarios entendían que era un pliego según ellos “exigente”,  pero en modo alguno tanto como para no concurrir a la convocatoria de la Comunidad madrileña. ¿Qué ha cambiado en el plazo de una semana para que ahora se acuda a la fórmula unitaria, suprimiendo todo género de competencia en la adjudicación?

La razón más solida que se puede aducir para explicar esta nueva postura no es otra que la de haber hecho el estudio económico detallado, sobre las bases ya reales que establece el pliego. Es lo único que justificaría una esta inusual y problemática propuesta compartida, saltándose los criterios más elementales de la libre competencia.

Ahora bien, si de acuerdo con esos hipotéticos estudios resulta que realmente la gestión de la Plaza era inviable, lo único cierto e indiscutible es que la Comunidad ha cometido un grave error en la elaboración del pliego, planteando unas condiciones que son inalcanzables; en cuyo caso, lo que debería proceder es una rectificación por parte de las autoridades autonómicas, para modificar aquellos aspectos de los que se deriva la inviabilidad.

¿Puede vulnerar la libre competencia?

Como antes de apuntaba, habría que realizar una distinción previa muy importante, ante la confusión que crea la nota de prensa distribuida por Taurodelta. Como tan solo se afirma que Simón Casas y Antonio Matilla forman parte del "Consejo de Dirección" de la empresa, esta fórmula tan ambigua puede tener detrás cosas muy diferentes, que van desde una mera colaboraciòn asesora externa a la sociedad mercantil, a una integración previa en el capital social. Por tanto, lo primero sería clarificar este punto, que tiene una especial trascendencia en orden a la legislación mercantil. 

Pero tanto si todo fuera una mera colaboracion asesora, con  la citada condición aceptada –como los protagonistas han dicho– de renunciar a competir en otras plazas, como si se trata de una verdadera participación empresarial, aunque equívocamente expresada en la nota de prensa, parece indudable que una empresa en la que se agrupan tres de las dimensiones de la primitiva Taurodelta, Simón Casas y Matilla supera las dimensiones razonables para que la competencia sea real. El sin número de plazas que controlan va desde Madrid-Las Ventas y Madrid-Vista Alegre, a Valencia, Salamanca (de forma alternativa con otra empresa), Palma de Mallorca, Jerez, Linares, Badajoz, Guadalajara, Valladolid, Huesca, Ávila, Nimes o Mont de Marsan, por citar tan sólo las más relevantes. Pero, además, cada una de ellos resulta poseedora de una ganadería brava y apodera a una amplia nómina de matadores de toros: Manzanares, Talavante, Padilla, El Fandi, etc. Esto es: controlan gran parte de la actividad taurina en España y en buena parte de Francia, hasta el punto de resultar decisivos para que cualquiera de los demás sectores taurinos puedan desarrollar su actividad en igualdad de condiciones.

Quien tenga la paciencia de seguir la interpretación que la Comisión Nacional de la Competencia –organismo encargado de velar por las normas del libre mercado– realiza de la legislación correspondiente, comprueba que en otros sectores empresariales una operación de estas características no sería aprobada o, en todo caso, se haría con importantes condicionamientos, tales como la obligación de realizar desinversiones en el propio sector para garantizar que no se dan “posiciones de dominio”.

Cabría aducir en su defensa que en este caso no se trata de una fusión entre empresas, si no que se trata de una toma de participación de unos en la otra, o de una colaboración condicionada a la no concurrencia. Pero resulta ambos datos a estos efectos de poca relevancia exculpatoria,  en la medida que conlleva la permanencia en el futuro de una única empresa. Sin llegar a la incorporación a una misma sociedad mercantil, habría bastado que mediante esta  triple alianza se funcionara como una simple central de compras (contrataciones de toreros, compra de corridas, etc.) o  que contuviera condiciones como la obligación de no concurrirr individualmente, ya se altera de forma muy importante el funcionamiento del mercado taurino, como acaba de fallar la CNC en el caso del acuerdo entre dos medios televisivos para comercializar conjuntamente la publicidad.

Por eso, nos encontramos ante un auténtico filo de la navaja a la hora de salvar o no este principio de la competencia. Por ello, las autoridades autonómicas vienen obligadas a  estudiar con mucho detenimiento la cuestión y a justificar de forma solida su decisión al respecto.

¿Estamos ante una emergencia taurina nacional?

La otra percha en la que se podría colgar la justificación de una operación de tales dimensiones sería de la aceptar que la Fiesta atraviesa una etapa de “emergencia taurina nacional”, de esas que en el mundo financiero y empresarial lindan con lo que hoy se denomina “rescate”.

Es cierto que la crisis ha afectado seriamente al negocio taurino, tanto considerado en su globalidad como si se analiza segmento a segmento profesional. Pero no es menos cierto que si alguien se ha librado de entrar en número rojos ha sido la empresa gestora de la plaza de Madrid, con un abono consolidado que tan sólo por venta de localidades y derechos de TV ingresó la temporada de 2011 por encima de los 20 millones de euros y supuso una aportación neta a las cuentas de las Comunidad Autónoma de algo más de 2,8 millones de euros.

Con la fidelidad que mantiene el conjunto de abonados, con la garantía del contrato de televisión y con un canon rebajado y los precios las entradas incrementados por encima del IPC, tan sólo una pésima gestión metería en pérdidas a la plaza. Y en cualquier caso, resultaría extremadamente complejo que justificaran que se ven afectados en tal grado por la crisis como para acudir a un rescate, como consecuencia de una emergencia insuperable que requiere fórmulas excepcionales.

Pero es que, además, fuera de Madrid la crisis no será de tal dimensión como para considerar que la Fiesta está en situación de “emergencia” cuando los empresarios pugnan por adjudicarse todas las plazas –menos seguras económicamente que Las Ventas– que han salido a concurso. O de alguna forma le cuadrarán las cuentas, o es que el planeta de los toros está plagado de altruistas, que promueven negocios trabajando a pérdidas.

Una solución compleja

En cualquier caso, hay que reconocer que no se trata de una cuestión ni fácil ni que admita simplificaciones. Cuando dos empresarios tan enfrentados como hasta ahora han sido Taurodelta y Simón Casas, con Tribunales de por medio, deciden unir fuerzas, no puede responder a una simple ocurrencia. Y por tanto, se hace necesario que se estudie el caso con detenimiento.

En conclusión, nos encontramos ante un problema de difícil solución. En el fondo, si nos atenemos a la razones que explican una operación de estas características, sólo se justificaría realmente  en la hipótesis de que los interesados consideren que el pliego elaborado por el Gobierno autonómico resulta de imposible cumplimiento, algo que no manifestaron cuando se hizo público.

Pero si se acepta esta hipótesis de trabajo, caben cuatro salidas posibles:

►Los interesados deciden no acudir a esta convocatoria, con lo que ésta quedaría desierta y forzaría a la Comunidad a realizar un nuevo concurso.

►La Comunidad retira por inviable el pliego actual, redacta uno nuevo y vuelve a convocar el concurso de adjudicación.

►La Comunidad, antes de fallar el concurso, analiza en todos sus extremos los efectos en el mercado de taurino de esta triple alianza unificada en una sociedad mercantil, mediante un estudio externo y público.

►La Comunidad somete la oferta tripartita, antes de conceder la Plaza, al estudio por parte del propio Tribunal de la Competencia autonómico, aunque preferentemente debiera hacerse ante la  Comisión Nacional de la Competencia, dado el impacto que en toda la geografía taurina tiene este contrato.

Y fuera la que fuere, al final lo que queda es que han sido los propios empresarios los que realizan, con sus propios modos de actuar, la crítica más feroz  que haya recibido el pliego.