Como hiciera la Unión de Abonados de España durante el pasado mes de agosto, la Mesa del Toro ha acudido a la Defensora del Pueblo en funciones, para solicitar que se presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana que ha prohibido la celebración de festejos taurinos en aquella Comunidad autónoma.
En esta nueva gestión, los miembros de la mesa del Toro han presentado un informe jurídicos apoyando la oportunidad y viabilidad de ese recurso. Además, ha presentado un dictamen, elaborado por el Tribunal de Garantías Estatutarias de Cataluña, en el que se muestra una resolución favorable a la presentación del recurso de inconstitucionalidad.
La representación estaba integrada por Carlos Núñez, Presidente de la Unión de Criadores y de la propia Mesa del Toro; Juan José Rueda, ganadero y secretario general; Eduardo Martín-Peñato, director gerente y Antonio García Jiménez ´Matilla´, actual responsable de la organización de espectáculos en la Plaza de Barcelona.
De aquí hasta el 6 de noviembre, fecha límite para presentar el recurso, se sabe que al menos otras dos organizaciones más seguirán los pasos que ya diera la Unión de Abonados y que ahora ha imitado la Mesa del Toro. Esta coincidencia de organizaciones sociales diversas se considera de especial interés, por cuanto supone de respaldo a la decisión que pueda adoptar la Defensora del Pueblo.
Como se sabe, desde que concluyera el mandato de Enrique Múgica, el cargo lo viene ostentando en funciones María Luisa Cava de Llano.
Como se recordará, en su escrito de petición, que ahora es seguido por las demás organizaciones en sus aspectos sustantivos y que por su solidez argumental ha sido reiteradamente reconocido en medios jurídicos, la Unión de Abonados de España realizaba una amplia y documentada fundamentación jurídica, apoyada en los preceptos constitucionales que garantizan el estatuto de las libertades de los ciudadanos, los derechos de producción y creación artística, de ejercicio profesional y empresarial, y los principios de igualdad y no discriminación en todo el territorio del Estado.
Se insistía en las obligaciones de los poderes públicos de preservar el patrimonio artístico y cultural, del que la Fiesta de los Toros forma parte, y especialmente en el deber del Estado de ejercer como atribución esencial el servicio de la cultura en cuanto atañe al patrimonio cultural común de la nación.
Como matizaba el escrito de la Unión, esta competencia constitucional resulta incompatible con regulaciones autonómicas que afecten a aspectos esenciales de la cultura común pues el Tribunal Constitucional tiene declarado que los “ tratamientos generales “ de esta materia corresponde sólo al Estado.
Por ello, la Unión de Abonados consideraba que la prohibición de los festejos taurinos en Cataluña supone una intromisión anticonstitucional en la esfera de libertades de los ciudadanos, y un perjuicio grave del patrimonio cultural común, todo para instrumentar unos fines ideológicos impregnados de intolerancia social y de exclusión territorial incompatibles con el orden constitucional vigente.
Como se sabe, según el ordenamiento jurídico, para poder acudir al Tribunal Constitucional sólo están habilitadas cuatro instancias: el Presidente del Gobierno, el correspondiente de las Comunidades Autónomas, 50 diputados y/o senadores y el Defensor del Pueblo.
Aunque en algún momento se pensó en pedir a un grupo de diputados y senadores que hicieran uso de esa facultad, se comprobó que no existís voluntad política de llevarlo a cabo, de acuerdo con lo que ha trascendido en algunos círculos parlamentarios, que basan la negativa en razones de oportunidad.
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