Tras el acuerdo de la Mesa del Congreso, en su reunión de este martes, el plazo de enmiendas al proyecto de ley nacido de la ILP queda pospuesto hasta el 3 de septiembre. Pero julio no quedará vacío: se espera que este miércoles, día 26, la Mesa y portavoces de la Comisión de Cultura de la Cámara baja establezcan el calendario que se va a habilitar durante este mes para una serie de comparecencias sobre el proyecto de ley.
En este sentido, en la reunión celebrada el pasado miércoles por la Mesa y la Junta de Portavoces de la Comisión de Cultura se decidió que las comparecencias de expertos tuvieran lugar los próximos días 10 y 11 de julio, en sesiones de mañana y tarde.
La relación de comparecientes consensuada entre todos los grupos la integran: Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo; Luis María Gibert, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, promotora de la ILP; Carlos Núñez, presidente de la Mesa del Toro; Andrés Amorós, catedrático de Literatura; Enrique Alonso García, José Antonio Soriano, un representante del PRODA aún por designar; Enrique Argullol; José Enrique Zaldívar y el animalista Djane Godall, que si no pudiese asistir sería sustituido por el argentino Leonardo Anselmi, instigador de la prohibición catalana
En estos días en el seno del Grupo Popular se concluye el proceso de elaboración de los estudios preliminares y la posterior redacción de las enmiendas. Según noticias de fuentes fiables, el núcleo del proyecto se centrará en la declaración de la Fiesta como Bien de Interés Cultural de ámbito y carácter nacional.
Aunque algunos medios han hablado de un hipotético enlace con una futura ley de unidad de mercado, tal posibilidad resultaría ajena al proyecto de ley surgido de la ILP. De hecho, si esa norma sobre la unidad de mercado fuera de aplicación a la Fiesta no lo sería por ninguna causa diferente de las que se refieren a cualquier otra actividad profesional y empresarial.
Con bastante buen criterio, fuentes conocedoras de todo este proceso legislativo insisten en afirmar que resulta extremadamente aventurado predecir si en la práctica la futura ley taurina pueda tener efectos inmediatos respecto a la prohibición que rige en Cataluña.
De hecho, esta regreso de los toros a Cataluña queda más pendiente a efectos jurídicos de la resolución que adopte el Tribunal Constitucional en el recurso planteado contra la ley abolicionista del Parlamento catalán. Pero incluso en la hipótesis de un fallo que anule la citada ley, el regreso de los toros a las plazas catalanas dependerá de la voluntad política de las autoridades de la Generalitat por cumplir con la legalidad vigente. No sería el primer caso en el que optan por incumplir estos fallos del alto Tribunal y de otros.
Sin embargo, aunque no conviene abrigar optimismos excesivos acerca de los efectos inmediatos que la entrada en vigor de lo que nació como una ILP sobre el regreso de las actividades taurinas a Cataluña, ese hecho no puede llevar a considerar que esta ley resulta innecesaria o, más simplemente, de orden menor. Incluso en la hipótesis más negativa de las posibles, que con carácter general para toda España la Fiesta sea declarada Bien de Interés Cultural sigue teniendo una gran relevancia.
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