La Generalitat catalana no sabe hacer las cuentas

por | 23 Jun 2011 | Informes

La ley del Parlamento catalán en virtud de la cual se decidió la abolición de la Fiesta en aquella Comunidad autónoma hacia la previsión de indemnizar al sector empresarial al que se impedía el ejercicio de su actividad profesional. Era una disposición indispensable, porque en otro caso nos encontraríamos ante una pura y simple incautación, inviable en un sistema democrático.
 
La decisión prohibicionista se pudo evitar, si no hubiera sido por el pasotismo por razones electorales los socialistas catalanes,  que de bien poco les ha servido, a la vista de los dos batacazos que ha sufrido en las autonómicas y en las locales.
Pues bien, cuando  se votó en el Parlamento la petición de los grupos abolicionistas –que escasamente representan el 0,30% de la sociedad catalana–,  se realizaron diversos estudios económicos de lo que supondrían tales indemnizaciones. Ahí se concluía que la Generalitat debería abonar no menos de 300 millones de euros. Y no era más que una evaluación preliminar, sin tener en cuenta los ingresos inducidos que la Fiesta generaba en sus entornos sociales.
 
Los estudios que ha venido realizando el profesor de Teoría Económica de la Universidad de Extremadura, Juan Medina, estima que sólo en la temporada 2010 el impacto económico de la temporada taurina superó  los 15 millones de euros, como queda de manifiesto en el siguiente cuadro:
 
 
Como especifica el profesor Medina, el desglose de este impacto es el siguiente:
 
EFECTOS DIRECTOS: ingresos en taquilla derivados de la venta de entradas. La aportación económica directa de los espectáculos taurinos en Barcelona ascendió a 6.450.000 € en 2010. Durante esa temporada, se vendieron 129.000 entradas en los 18 festejos organizados, a un precio medio de 50 €. Incluso con la Monumental al 50% de su aforo, los ingresos por taquilla ascienden a 490.000 €.
 
EFECTOS INDIRECTOS: se incluyen gastos en transporte, hostelería y alojamiento, que suman 1.737.808 €, de los cuales 605.833 € corresponden al gasto satisfecho por los turistas, y 1.131.975 € al realizado por los visitantes de un solo día.
 
EFECTOS INDUCIDOS: permiten cuantificar las repercusiones de un aumento de la demanda de festejos taurinos sobre el conjunto de la economía. Los efectos inducidos de la temporada taurina en Barcelona se elevan a 7,4 millones de euros, de los que 5,6 millones son directos y 1,8 millones indirectos.
 
Si estos datos se extrapolan simplemente en la próxima década, nos acercamos ya a los 170 millones de euros. Si, además, se cuenta con las compensaciones correspondientes por la prohibición de actividad, no se andará lejos de los 300 millones que se calcularon en un principio.
 
De forma que prohibir los toros costará  57 euros a cada catalán, según el estudio que realizó la Plataforma para la Promoción y Difusión de la Fiesta de los Toros.
 
El cálculo se remite a los 4,4 millones de ingresos que generó la temporada taurina de Barcelona en 2007, a razón de las más de 111.000 localidades vendidas en La Monumental a una media de 40 euros cada una, y apela al derecho civil catalán para asegurar que en caso de impedir el uso de una licencia de actividad se debe indemnizar el ejercicio de la misma durante los siguientes 99 años.
 
El informe de la plataforma hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, y se fundamenta en que, como en la actividad económica que generan las corridas de toros intervienen muchos actores –toreros, ganaderos y propietarios del coso, entre otros–, también son muchos los actores a los que se debería indemnizar.
 
En concreto, la plataforma calculó entre 50 y 150 millones de euros el daño emergente que supone la prohibición y el consecuente pago que se produciría únicamente por la compensación del uso que se hace de La Monumental. Para los taurinos, en la medida que se prohíba desarrollar una actividad económica, la Administración debe hacerse cargo del lugar donde se produce, basándose en el valor catastral.
 
Al mismo tiempo, y en virtud del llamado "lucro cesante" y el derecho civil, la Administración debería reparar los ingresos que se generan cada temporada en la Monumental, que a razón de 4 millones durante el próximo siglo suponen unos 400 millones. Con el descuento del interés y de la inflación, la cifra se sitúa en los 253 millones.
 
La suma de ambos conceptos arroja una cantidad final entre los 300 y los 500 millones de euros que, según los cálculos, suponen que cada catalán debería pagar unos 57 euros de su bolsillo para permitir la prohibición de las corridas de toros en la comunidad.
 
Frente a esta realidad se ha venido  hablando por parte de dirigentes del PP que, en el actual proceso de elaboración de los Presupuestos de la austeridad, una de las partidas que debería suprimirse es precisamente la relativa a las indemnizaciones por la prohibición taurina, mediante una moratoria de uno par de años en la aplicación de la ley. Se trata de una propuesta llena de sentido común: cuando se deciden recortes en áreas tan sensibles como la Sanidad, más lógico es acudir a esta otra partida, cuya prioridad no parece esencial.
 
Pues bien, frente a una propuesta tan lógica el portavoz de la Generalitat, Francesc Horm, se ha apresurado a rechazarla, declarando que la ley se aplicará en la fecha prevista, esto es: a partir de primeros de 2012.
 
El portavoz catalán  ha negado que las indemnizaciones al sector por cese de actividad puedan ser una razón para alargar la moratoria que prevé la norma y ha ido más allá al cuestionar las cantidades de dichas compensaciones que reclama el sector. "Al final no se hablará ni siquiera de millones sino de unos pocos miles de euros", ha asegurado.
 
Con los datos económicos ya conocidos –que en este Informe se han resumido escuetamente–, se puede concluir sin duda que el Gobierno catalán no hace o no sabe elaborar las cuentas reales de este caso. Cuando todos los estudios sitúan el costo de la prohibición por encima de los 300  millones de euros, no se entiende como se puede defender que no pasaran de tan sólo  unos pocos miles de euros. Son ganas de engañarse.
 
O la mejor se trata de algo más complejo. Y en este sentido, no hay que descartar que los nacionalistas lo que traten con este absurdo cálculo es poner en marcha la abolición para así adelantarse a una eventual sentencia en contrario del Tribunal Constitucional.
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Taurología

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Portal de actualidad, análisis y documentación sobre el Arte del Toreo. Premio de Comunicación 2011 por la Asociación Taurina Parlamentaria; el Primer Premio Blogosur 2014, al mejor portal sobre fiestas en Sevilla, y en 2016 con el VII Premio "Juan Ramón Ibarretxe. Bilbao y los Toros".

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