Frente a la crisis que hoy gravita sobre la Fiesta [“Me da pánico lo que puede ocurrir”, Pablo Chopera dixit respecto a 2013], por más que los generalidad de los sectores taurinos alcanzaran la unidad para sus actuaciones, las cosas han llegado a tal extremo que se hace necesaria una decidida intervención de la Administración del Estado. Y es así porque los problemas que afectan al mundo del toreo son tan dispares y se incardinan en tantos departamentos ministeriales distintos, que sólo una actuación coordinada del sector público puede alcanzar el objetivo necesario de llevar a la práctica soluciones realistas y eficaces.
Piénsese, por ejemplo, que hoy resulta necesario acudir a demasiadas ventanillas administrativas, no siempre con criterios uniformes para más inri, a la hora de atender los problemas de unos y otros. Como es notorio, en la parte nuclear, la Fiesta depende –en la práctica de un modo muy sui generis, desde luego– de Educación y Cultura, pero además tiene que resolver sus problemas en Agricultura, en Interior, en Hacienda y Administraciones Públicas, en Sanidad y en Empleo y Seguridad Social, por lo menos.
Pero, además, todo este entramado de Ministerios se entrecruza con sus homólogos correspondientes en las Comunidades Autónomas. Para rematar la cuestión, vivimos pendientes del Congreso y del Senado en cuanto se refiere, por ejemplo, a la ILP. Y por si faltara poco, hay que estar atentos a las instituciones europeas, al menos en los que se refiere a las medidas que afectan a la cabaña de bravo, que no es pequeña cosa.
Como se puede deducir de la anterior enumeración, se trata de todo lo contrario de ese principio de la ventanilla única, que a la vista está que aún queda muy lejos de ser una realidad en nuestro país.
Sin embargo, la coyuntura taurina es la que es. Y así, tal como viene el año, ¿no sería justo plantearse un régimen adecuado para el abundante desempleo que se va a dar, por ejemplo, entre los subalternos?, ¿no es momento quizás de adoptar las medidas necesarias para atender las enormes dificultades que atraviesa el sector ganadero?, ¿resulta irrelevante plantear la necesidad de racionalizar las decisiones de las Administraciones Locales sobre la gestión de sus plazas de toros?, ¿carece de interés sentarse a hablar acerca de una política fiscal que compense el impuestazo de Montoro con el actual IVA?…
Constituye una evidencia incontestable: materia para el trabajo conjunto con la Administración del Estado hay. Otro cantar será si en el entramado estatal, entre sus responsables, se da ese principio de voluntad política como para no sólo tomar nota, sino también tratar de resolver tan enormes dificultades. ¿Acaso habría que organizarles huelgas y sentadas para que se piensen si a los taurinos hay que atenderlos?
Unas notas históricas
Frente a esta realidad, que ya vienen de antiguo, en un interesante estudio presentado José Ignacio de Prada en el Aula de Tauromaquia del CEU recordaba que “en España no ha existido nunca una instancia nacional, ni pública ni privada que personifique el sector. El propio Ministerio del Interior careció siempre de servicios propiamente taurinos. Las unidades encargadas de los asuntos taurinos, prácticamente limitados a la vigilancia y la sanción, la mayor parte de las veces de una inoperancia evidente, eran los Gobernadores Civiles y los funcionarios del Cuerpo de Policía. Sólo en un breve período se intentó paliar este modelo con la Comisión Nacional Consultiva de Asuntos Taurinos, de corta vida, hoy en hibernación y de naturaleza exclusivamente consultiva”.
Frente a este estado de cosas, apunta de Prada que “la idea de crear un Organismo público para los asuntos taurinos no es tan reciente como pudiera parecer. Antonio García Ramos postulaba en los años sesenta el paso de los toros al Ministerio de Información y Turismo – precedente del de Cultura-, al modo de una Dirección General de Cinematografía y Teatro y por aquél entones Vicente Zabala Portolés predicaba la adopción de una estructura organizativa similar a la del deporte, en el epílogo de su gran obra “ La entraña del Toreo “ oportuna mente reeditada por la Peña “ Los José y Juan “.
Con posterioridad a estas propuestas, en septiembre de 1984 el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó una proposición de Ley que proponía la creación de un organismo rector autónomo de carácter estatal que desarrollaría con unidad de gestión, las siguientes funciones: establecimiento de los principios básicos de los espectáculos taurinos, fomento de la Fiesta a través de medidas fiscales, promoción y ayuda a las escuelas taurinas, promoción de las asociaciones taurinas y de las organizaciones profesionales que inciden en la Fiesta, promoción y ayuda para los aficionados jóvenes, estudiantes, tercera edad, minusválidos etc. y hasta sugería la creación de una apuestas mutuas benéficas en la Fiesta de los Toros. Huelga añadir que se trata de una proposición de Ley que cayó en olvido.
En su ponencia “Hacia un nuevo marco institucional para el sector taurino”, presentada en unas Jornadas celebradas en 2002, el propio José Ignacio de Prada sugería un posible esquema de organización basada en la creación de un ente con personalidad jurídica diferenciada dentro de la Administración General del Estado. Su diseño no vendría predeterminado por una tipología concreta de organismos, ya que la Ley Taurina que lo habría de crear tendría el poder de adoptar un modelo adecuado a la representación y gestión del sector.
Esta Autoridad Taurina sería la sucesora de la Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos, convertida ya en un órgano de gobierno sectorial, con una composición parecida a aquellas entidades, es decir, una Presidencia, un Consejo Directivo, un Consejo Consultivo, un Comité de Vigilancia de la Integridad de la Fiesta, y una Secretaría General.
Y más recientemente, ya en el recién acabado 2012, en unas importantes declaraciones –que hoy tienen plena vigencia– a la edición digital del diario El País, el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, el buen aficionado Juan Manuel Albendea, resucitaba la tesis de Vicente Zabala: constituir dentro del Ministerio de Educación y Cultura un órgano parecido al Consejo Superior de Deportes, desde el que el Gobierno central pueda actuar en materia taurina.
Una hipótesis de solución
Tal como ésta el patio hoy en día, cualquiera de estas soluciones podría ser mejor que nada. Probablemente, todas tuvieron su momento y su coyuntura, que las hacían las más idóneas. Pero quizás, teniendo en cuenta el estado de las finanzas públicas y la propia naturaleza de los cometidos a desarrollar, en la actualidad podría ser más conveniente acudir a otra figura, perfectamente delimitada en nuestro ordenamiento administrativo público.
Es el caso de la figura del Alto Comisionado, que podría denominarse simplemente “para Asuntos Taurinos”. Se trata de un cargo con rango de Secretario de Estado, que no necesariamente tiene carácter de permanente y cuyo cometido principal constituye, precisamente, ser cauce de solución para problemas específicos que tienen muchas derivaciones dentro de la Administración.
Como ocurre actual con el caso de la Marca España, se trata de una autoridad que no recibe remuneración alguna por el desempeño de sus funciones, pero que sin embargo dispone del aparato administrativo necesario y, sobre todo, tiene las competencias y habilitaciones adecuadas para actuar en la Administración del Estado.
En el caso taurino, dada la multilateralidad de los problemas a resolver, lo adecuado sería que este Alto Comisionado dependiera directamente de la Vicepresidencia del Gobierno, porque es quien coordinada la actuación del Gabinete, y que es una dependencia perfectamente compatible con la pertenencia natural al Departamento de Educación y Cultura.
De acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento, a este cargo compete, en la materia específica para la que ha sido nombrado, “la planificación, el impulso y la gestión coordinada de las actuaciones de las Administraciones Públicas, de los organismos públicos de ellas dependientes y de cuantas entidades públicas y privadas protagonizan y están implicadas”. Justamente lo que la Fiesta necesita.
La normativa vigente hace la previsión de que el Alto Comisionado esté asistido para el desempeño de sus funciones por una oficina “que contará con el necesario apoyo administrativo y material de todos los órganos de los distintos Departamentos ministeriales”. Y en lo que hace a la organización interna, se contempla la formula de constituir grupos de trabajo para cada uno de los aspectos específicos que necesite abordar.
De hecho, no hace falta forzar la interpretación de la normativa para concluir que perfectamente el Alto Comisionado puede encabezar lo que hoy es la Comisión Consultiva Nacional, debidamente actualizada –para lo que puede bastar una simple Resolución ministerial– y a partir de esa estructura operar coordinadamente con los sectores taurinos y con las propias Comunidades Autónomas.
La solución es posible
Desde el descreimiento al que nos han llevado los políticos a quienes participamos de la Fiesta desde cualquiera de sus ángulos posibles, bien pudiera parecer que se trata de una solución utópica. Pero no, no estamos en el Día de los Inocentes. Se trata de una fórmula perfectamente realizable, que tan sólo exige la necesaria decisión política de ponerla en marcha y de hacerla plenamente operativa.
Por no exigir no necesita ni dotación económica propia, porque ni es un cargo retribuido, ni se sirve de otros medios materiales diferentes de los que ya dispone la propia Administración del Estado.
Por eso no resulta ninguna utopía contemplar esta fórmula como una solución ad hoc para los problemas taurinos. En todo caso la utopía radicaría en pensar que la clase política, y en concreto el Gobierno y su Presidente, van a tener la sensibilidad y el propósito de apoyar a la Fiesta, fuera de las grandes elocuencias de las declaraciones que luego quedan en nada.
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