Ya se van conociendo los primeros elementos que compran el nuevo pliego para el concurso de adjudicación de la plaza de toros de Las Ventas. ABC publica este miércoles las crónicas de Rosario Pérez y de Itziar Reyero, en la que se enumeran aspectos relevantes a tener en cuenta.
Dentro de ese anunciado propósito de “introducir competencia" en el concurso, el Gobierno de la Comunidad ha establecido tres opciones a cumplir por los aspirantes a la adjudicación. En este sentido, siempre referidas a los últimos cinco años, se contemplan tres formulas para medir la solvencia profesional :
1. Haber organizado un total de 40 festejos en plazas de primera categoría.
Resulta evidente que con esta triple posibilidad se abre notablemente las posibilidades de participación, que ahora quedan preestablecidas mejor que en el anterior baremo. No obstante, los redactores del pliego a buen seguro deberán contemplar fórmulas alternativas que maticen estas tres opciones. Por ejemplo, estipulando si dichas cifras de espectáculos fueron organizados por una o por varias empresas que concurran unidas.
Pero también deberán matizar si a efectos de esta estadística se contabilizan sólo los espectáculos ofrecidos en España –que resulta la fórmula más lógica–, o si también puntúan aquellos que se organizaron en otros países. Y por añadir matices: ¿será lo mismo actuar como empresario neto –esto es a pérdidas y ganancias– a hacerlo como asesor o gestor externo contratado por otra razón mercantil?
Como muy oportunamente matiza Rosario Pérez, si deben corresponder a un mismo empresario las opciones posibles se circunscribirían en la actualidad la empresa actual, Taurodelta, y las de Simón Casas Production –si es que puntúan sus plazas en Francia–; las otras tres grandes –Chopera, Pagés y Matilla– tendrían que contar con otras empresas que sumen. Y si se abriera realmente la participación a todas las UTEs posibles, el número de aspirante de ampliaría de manera sensible.
En cuanto a la solvencia económica, el futuro pliego reduce a la mitad la hasta ahora vigente. Y así los aspirantes deberá acreditar una solvencia de 5 millones de euros, en lugar de los 10 establecidos hasta ahora.
Por otro lado, se hace un ligera modificación del canon de arrendamiento por temporada, que pasa de los actuales 2,3 millones de euros a 2,1 millones; esto es, se reduce en 200.000 euros. Sin embargo, esta reducción se ve muy matizada, dado que la empresa adjudicataria tendrá que destinar 220.00 euros para el mantenimiento de la nueva Escuela Taurina.
Por otro lado, el borrador del pliego no propone cambios significativos en la duración del contrato, que será por cuatro temporadas; en cambio, a diferencia de ocasiones anteriores tan solo está prevista una temporada como prórroga voluntaria.
Manteniéndose el criterio de “plaza de temporada”, se modifica el número mínimo de novilladas que debe organizar la empresa arrendataria: si hasta ahora era de 23, a partir de la nueva situación será de 16, esto es: siete menos. Por el momento no ha trascendido si estos siete espectáculos que suprimen del calendario o quedan en su composición a la libre decisión del empresario, que sería la opción más razonable.
Como suele ser habitual, en la baremación se tendrán en cuenta, además, las ofertas y ventajas que la empresa introduzca a favor de los abonados. A este concepto se viene a unir ahora el relativo a uno muy genérico: la promoción de la Tauromaquia y de la plaza de Madrid.
Más complicado resultará cumplir el propósito gubernamental de puntuar las mejoras en la programación. Cuando se trata del mundo del toro, esos criterios de “mejoras” resultan extremadamente cambiantes, en función precisamente del momento que en cada temporada atraviesa un torero o una ganadería, por ejemplo.
De hecho, ya se tienen experiencias de otros pliegos que exigían un determinado número de toreros en cada una de las categorías y que luego resultaban un fiasco, o una condición de imposible cumplimiento. ¿Qué empresario se atreve a asegurar en documento público que contratará un número determinado de tardes a José Tomás? Ni aunque fueran adivinos –que no lo son– nadie pone la mano en el fuego acerca de qué torero va a mandar en este mundo dentro de dos años.
En todo caso, si se trata de introducir algo de esta naturaleza, de suyo exige que se especifique paralelamente la fórmula con la que se van a medir esas mejoras a lo largo de cuatro años de contrato. Si se van a fórmulas muy rígidas, se estaría rayando en el intervencionismo; si se basan en generalidades, no habrá quien se aclare con ellas.
Y queda, naturalmente, por conocerse un punto relevante: cuáles serán los mecanismos que flexibilicen el contrato de arrendamiento, cuando las circunstancias lo exijan. Se trata de una materia compleja donde las haya, pero indispensable para toda actividad de negocio en este mundo tan cambiante.
¿Mejor o peor que el anterior? Hay que conocerlo en su integridad para poder saberlo. Pero a simple vista y por lo conocido, queda bastante lejos de las peticiones que plantearon las 75 organizaciones de aficionados de la Comunidad de Madrid.
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