No sin razón algunos empresarios consideran que a la hora de negociar un nuevo Convenio Colectivo para el sector taurino los toreros deberían sentarse del lado de la mesa que ocupan la representación patronal, en la medida que también ellos ejercen como tales a la hora de contratar a sus cuadrillas. La cuestión, que no es tan linealmente clara como aducen sus autores, viene bastante a cuento y no se trata precisamente de eso que hemos venido en denominar como una ocurrencia.
No le falta razón al empresario que ha recordado que ya no estamos en la época de los sindicatos verticales, en los que se producía una mescolanza entre empresarios y trabajadores en un espacio común, y que por tanto hoy en día cada cual debe ocupar en la mesa de negociación el lugar que le corresponde.
Lo que ocurre es que con ese empeño inveterado de los taurinos por hacer de sus respectivas profesiones algo atípico y diferente de lo que resulta usual y hasta legal en el resto de las actividades, asistimos a situaciones que no casan con los conceptos que hoy se manejan, tanto en el ámbito mercantil como en el laboral.
Y así, entre los matadores y rejoneadores se dan unas relaciones de orden laboral con los integrantes de sus cuadrillas. Sin embargo, algo tan específico como los pagos a la Seguridad Social corren de cuenta del empresario que los contrata. No hay actividad profesional alguna en la que se de semejante singularidad: una parte asume los costes salariales y otra distinta los costes sociales.
Pero no sólo es esto. Y así, si algo ha dejado claro el dichoso pleito de los derechos de imagen es que el papel de los apoderados, como representantes de los toreros, ha quedado al menos en entredicho. Resulta que delegaban en sus apoderados todos los poderes correspondientes a las contrataciones, pero dejaban al margen cuanto se refería a los derechos audiovisuales, que durante una etapa han estado delegados en otra empresa.
Por si hiciera falta algún ejemplo más de la atipicidad de la situación, muy al uso moderno en no pocas ocasiones el empresario que contrata y el apoderado que negocia resultan ser la misma persona, que se desdobla a los dos lados de la mesa de contratación, siendo así que no resulta precisamente fácil de diferenciar cuando actúa en defensa de sus intereses como gestor y cuando lo hace en defensa de su representado, porque sin duda se trata de intereses diferentes y no pocas veces confrontados e incluso incompatibles.
Estos y otros conceptos análogos deberían ser abordados, y no sólo a la hora de negociar el nuevo Convenio. Se dirá, y con razón, que es una ocasión muy adecuada para alcanzar un gran acuerdo interprofesional, que bien podría ser el embrión de una plataforma común que luego negocie con los poderes públicos y con otros sectores relacionados con la Fiesta ese plan de rescate que necesita hoy el plantea de los toros.
Por eso, fiarlo todo a establecer una tabla salarial, que luego muchos no respetan bajo cuerda, como si el objetivo –lógico y comprensible– de los empresarios se reduce a conseguir la meta de una reducción de los costes, acabarían por ser parches más o menos eficaces frente a situaciones concretas, pero no se estarían atacando los males estructurales que hoy afectan a la Fiesta.
En este sentido, convendría comenzar por delimitar las funciones del empresario, incluso llegando a un régimen de incompatibilidad en el ejercicio de competencias diferentes. Ahora que está de moda eso de acudir a la Comisión de la Competencia, ¿acaso no altera la libre competencia que un empresario negocie en nombre del torero al que apodera con otro empresario competidor que le quiere contratar? Como los desdoblamientos de personalidad sólo los arreglan los siquiatras, desde luego, en las actividades convencionales se trataría de una situación insostenible.
Por más que sea una actividad de libre contratación entre las partes, no estaría de más que los toreros se replantearan las bases económicas de su profesión. Pensar que hoy los dineros son ilimitados es una pura ensoñación. Si todos están llamados a hacer viable la Fiesta en una etapa marcada por la obligatoria austeridad, también los toreros tienen que asumir esa realidad, para ponerla en directa relación con los ingresos que son capaces de generar cuando se les anuncia en un cartel.
Pero tampoco es sostenible, por más que tenga un tanto de tradición, que el empresario sea quien tenga que afrontar los costes sociales de las cuadrillas, que en realidad dependen contractualmente de sus jefes de fila.
Tampoco es cosa marginal establecer un sistema más adecuado que el actual –de ineficiencia probada– a la hora garantizar los mínimos legales que se establecen para las contrataciones, que de paso debería ser el freno definitivo a la plaga del reparto al 33% de los gastos entre los actuantes.
Cosas no menores son también la delimitación de las cuadrillas en el caso de los espectáculos menores de la llamada “fiesta de base”. ¿Es seguro que para una becerrada resultan necesario el número de auxiliadores que hoy es obligatorio contratar?.
Se trata de un capítulo que debiera tener continuidad en una cierta regulación en torno a los festivales. No hace tanto tiempo los festivales encerraban siempre un fin benéfico. Hoy en día se han convertido mayoritariamente en una fórmula de costes reducidos, gracias a la cual algunos toreros cubren fechas vacantes, previo pago de sus honorarios. No debieran tener ambas formulaciones el mismo tratamiento normativo: una cosa es un festejo benéfico y otra un espectáculo propiamente mercantil.
Como puede verse no son pocos los asuntos que, si realmente se trata de abordar los asuntos de fondo, debieran abordar las partes negociadoras. Pero sólo desde ese gran acuerdo será posible afrontar la situación.
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