En el inicio de la actual feria de Córdoba, la autoridad tuvo que decidir la suspensión de la primera del abono, al no haberse podido aprobar seis toros que cumplieran las disposiciones reglamentarias. Estaban anunciada una corrida de Jaralta para Juan Diego, Ángel Luis Dorado y Paco Ureña. L Suspensión fue debida –según reza en el acta correspondiente— “en vista de los informes veterinarios, en los que por unanimidad son rechazadas las reses de la ganadería "JARALTA", con número 33, 23, 7, 55, 131, 70, 6, 43 y 12, por falta de peso mínimo reglamentario, los cuales son vinculantes para el Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 37,3 del Reglamento y ante la falta de presentación de reses por parte de la Empresa organizadora en sustitución de las rechazadas”.
La empresa Ramguertauro, cuya gestión viene plagada de polémicas de todo tipo, ha tratado de poner en cuestión la decisión gubernativa. Pero son los más adecuados para estas cosas, después de la trayectoria que siguen en la gestión del coso de Los Califas. Frente a esta polémica ANPTE ha mostrado su apoyo a la decisión. Pero al hacerlo, en su declaración se contienen una serie de consideraciones importantes
El papel de los Presidentes
Al solidarizarse con la decisión de Córdoba, afirma: “No todo vale en el mundo de los toros: Nos guste o no, la realidad existente es que la celebración de un festejo taurino está fuertemente intervenido a través de normas jurídicas, es decir, leyes y reglamentos de obligado cumplimiento para todos tal como sucede con el resto del ordenamiento jurídico. Y, concretamente, el encargado y obligado de velar por el cumplimiento de la normativa es el Presidente del festejo. Hay, además, hechos que motivan la suspensión y que no admiten prácticamente discrecionalidad en cuanto a la interpretación de la normativa por parte del presidente. Es el caso presente de Córdoba como fue el peso de las reses: Es una cuestión objetiva, si no se llega al peso mínimo, poco se puede interpretar al respecto”.
Para que recordar después que si se quieren modificar las normas, se trata de una cuestión que corresponden a las Administraciones, añade: “Lo que no es de recibo, en referencia general al mundo del toro y no ya al particular de Córdoba, es pretender variar la normativa por la vía de los hechos. Es decir, no nos parece adecuado que se exija a los Presidentes que “miren para otro lado” ante el cumplimiento flagrante de normativas; bien sea la obligación de garantizar la integridad de los toros, bien saltándose la obligatoriedad de los sorteos, o bien cualquier otra pretensión que suponga dejar de aplicar la normativa de obligado cumplimiento la cual vela, además, por el mantenimiento no sólo de unos principios básicos que nos ha sido legado en la tauromaquia actual sino también por los intereses de un sector vital para la fiesta como es el de los aficionados”.
Pero más adelante, la Asociación de Presidente se enfrenta al fondo de los problemas de los palcos. Y a este respecto afirman de manera rotunda:
“El desarrollo de las labores presidenciales no es, precisamente, sencillo. Por ello esta Asociación ha instado en diversos foros y ante multitud de administraciones públicas a que se adopten medidas para garantizar al aficionado que el palco está presidido por personas competentes e idóneas tal como exigen los reglamentos taurinos. Por ello, hemos sido los primeros en exigir medidas de inspección hacia los propios presidentes –y así fue introducido como objetivo y criterio orientador en el PENTAURO– con ánimo de expulsar de los mismos a quienes no garanticen a los aficionados el cumplimiento de la normativa. No es, precisamente, el caso del Presidente de Córdoba quien actuó correctamente en cumplimiento del reglamento taurino andaluz.
Pero sí estamos hastiados de comprobar como una y otra vez existe una gran dejadez por parte de las Administraciones públicas competentes que, no queriéndose complicar la vida, optan por mantener en la presidencia a personas por el mero hecho de “ser conocidos de” o de ser “dóciles a otros intereses”.
Si en verdad queremos velar por la tauromaquia entendemos que los representantes de las administraciones y sus políticos, lejos de limitarse a declaraciones grandilocuentes y fotos en callejones, deberían mostrar su compromiso con la tauromaquia cumpliendo y haciendo cumplir la normativa en el día a día. Y entre ello, exigiendo presidencias de calidad ya que, a fin de cuentas, el Presidente del festejo es nombrado por la propia Administración.
Sobre lo demás, sobre si se ha de permitir toros supuestamente afeitados o no, sobre si deben existir controles para garantizar la pureza e integridad de los toros, sobre si es justo o no la existencia de unos pesos mínimos, sobre tantas y tantas cosas que pueden incomodar a unos y agradar a otros, reiteramos que es cuestión de plantearlo en los foros de reforma legislativa que corresponda. Mientras tanto, estas son las leyes y éstas son las que el Presidente debe velar por su cumplimiento, tal como hizo el Presidente del festejo de Córdoba. Y si se pretende que se apliquen otras leyes diferentes, cambien primero los reglamentos taurinos para que todos los sectores puedan opinar al respecto”.
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