El Gobierno, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deportes, ha decidido que la Tauromaquia no pueda inscribirse en el Catálogo de los bienes considerados Patrimonio Cultural Inmaterial; por ello, la ha dejado fuera del proyecto de Ley que acaba de aprobar, como desarrollo legislativo de la Convención de la UNESCO acerca de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (BOE nº 31, de 5 de febrero de 2007, pág. 5242 y ss)
Nadie puede negar que un Gobierno democrático está legitimado para adoptar una decisión de esa naturaleza. Lo que nadie puede aceptar es que, a la hora de justificar esta decisión, ese Gobierno quede legitimado para buscar razones que, además de dudosamente ciertas, entren en abierta contradicción con sus propios planteamientos anteriores. Eso supone engañar al ciudadano, sobre todo cuando hubo pronunciamientos en contrario incluso en sede parlamentaria.
Sin embargo, eso es lo que ha ocurrido con el recién aprobado proyecto de Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que el pasado viernes, día 24, el Gobierno del Presidente Rajoy remitió a las Cortes Generales.
Desde la todopoderosa Vicepresidenta del Gobierno a los portavoces parlamentarios habían dicho en el último año lo contrario de lo que ahora afirman, tratando de dar unas explicaciones que constituyen un asombroso juego de malabarismo dialéctico.
Resulta tan evidente que se hace incluso innecesario acudir a una exhaustiva investigación; basta un simple consulta a través de cualquiera de los buscadores de internet para obtener testimonios incontestables de lo que antes dijeron y ahora defienden.
Y así, ahora nos cuentan que resulta innecesario un tratamiento específico de la Tauromaquia, porque ésta ya cuenta con una Ley propia. No es precisamente eso lo que se argumentó en el Parlamento, por ejemplo cuando se estudió la enmienda presentada por UPyD respecto a este punto concreto, cuando se debatía lo que luego fue la Ley 18/2013, por la que se declaró a la Tauromaquia “Patrimonio Cultural” a secas, esto es: desprovista del término "Inmaterial".
Ni lo dicho en sede parlamentaria –que en esta misma página se pueden consultar las transcripciones íntegras de todos los debates–, ni lo afirmado luego por los responsables gubernamentales se compadecen con la actual argumentación.
Dice el refranero español que “de sabios es rectificar”. Pero lo que en ningún sitio está escrito es que esa rectificación se haga en base a falacias comprobadamente inciertas. Resulta hasta más honorable decir, sencillamente, “me equivoqué y por eso rectifico”, si es que no se quiere entrar en el fondo de la cuestión.
Sin embargo, digan lo que digan desde el Gobierno, el resultado final ha sido una literal chapuza legal, que por más que la adornen no dejará de serlo. Constituyen un verdadero insulto a la inteligencia y a la memoria todos y cada uno de los argumentos que han dado, además de ser contradictorios con posturas pasadas.
Pero es que, además, incumplen la palabra dada en su día. Y así, sostenían antes los responsables gubernamentales –comenzando por la Vicepresidenta del Gobierno– que con el proyecto de ley ahora aprobado se completaría el entramado jurídico para la protección y promoción de la Tauromaquia, dado que entonces no se podía incorporar a la Ley 18/2013 el concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial, precisamente porque faltaba el desarrollo legislativo de la proposición de la Convención de la Unesco de 2003 en esta materia.
Por eso, una vez puesto en marcha ese desarrollo legislativo, ahora resulta una verdadera falacia pretender defender que no es oportuno ni necesario que la Tauromaquia quede amparada y protegida como Patrimonio Cultural Inmaterial cuando, por ejemplo, “el bien supere el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y no exista un instrumento jurídico de cooperación entre Comunidades Autónomas para su protección integral”. Otro ejemplo: no menos clamoroso resulta considerar que la Tauromaquia no necesita de esta protección específica en el caso “que para la comprensión del bien se requiera una consideración unitaria de esa tradición compartida, más allá de la que pueda recibir en una o varias Comunidades Autónomas”.
No entramos en otras consideraciones menores porque producen hasta cierto bochorno intelectual, como aquellas que buscan justificar la decisión gubernamental en base a la diferencia de valoración –por cierto: ¿quién tiene la vara para medir esas valoraciones?– entre los bienes que pasarán a formar parte del Catálogo del Patrimonio Cultural Inmaterial y la propia Tauromaquia.
Seamos claros y directos que, como ha dicho en otro contexto diferente un miembro de este Gobierno, todos "ya somos mayores para conocer las consecuencias de nuestros actos". Aquí lo que ha ocurrido, lisa y llanamente dicho, es que el Gobierno padece, al menos en materia de Tauromaquia, un verdadero “pánico escénico” cada vez que en un tema aparecen las competencias de las Comunidades Autónomas. Y en el proyecto de Ley que ahora se comienza a tramitar era un elemento que necesariamente se debía tener muy en cuenta.
Pero no nos engañemos, aunque hoy los responsables gubernamentales se vuelvan olvidadizos de sus antiguas palabras, precisamente por esos argumentos de los que hoy abjuran resultaba tan importante para la Tauromaquia estar incluidos en este proyecto de ley; precisamente por eso, también, se han apresurado a decir que la Tauromaquia queda fuera.
Los fuegos de artificios pueden ser hasta divertidos como culminación de una ciudad que celebre sus fiestas patronales. Cuando se llevan al terreno del ordenamiento jurídico, además de un error constituyen un engaño a la ciudadanía. Y, desde luego, son muchos los que hoy en el mundo del toro se han sentido engañados. Al final, van a tener razón todos esos profesionales de lo taurino que sostienen que la política y los políticos cuanto más lejos mejor para la Tauromaquia.
0 comentarios