Fundamentos jurídicos para anular la prohibición de las corridas de toros en Cataluña

Como ya resulta sabido, la sentencia aprobada por el Tribunal Constitucional estableció “la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del art. 6 del Texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por incurrir en un exceso en el ejercicio de las competencias autonómicas que invade o menoscaba las que el art. 149.2 CE otorga al Estado”.

A esa conclusión  se llega después de un prolijo y detallado análisis jurídico acerca de las competencias del Estado y de las que corresponden a las Comunidades autónoma, con todo tipo de circunstancias condicionantes de las mismas.

Sin embargo, el Constitucional entendió que una vez alcanzado esa conclusión final, no resultaba ya preciso “analizar la norma ni desde la perspectiva de la posible vulneración del art. 149.1.13 en relación con el art. 139.2 CE, ni desde la de la vulneración de los arts. 20.1.d) y 38 CE”.

Se trata de tres aspectos relevantes que afectan de lleno a la Tauromaquia: la libertad de expresión y creación, la libertad circulación de bienes y servicios y la libertad de Empresa.

El hecho que no hayan sido contemplados y analizados en la sentencia no puede interpretarse como que no son de aplicación a las actividades taurinas; el Tribunal constata, simplemente, que el fundamento competencial que ha elaborado resulta suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la norma recurrida, siendo innecesario acudir a otros.

A la espera de la publicación oficial de la sentencia y de los votos particulares, si los hubiere, la base argumental contemplada en su último borrador conocido ya contiene toda una arquitectura jurídica de particular interés, tanto para el caso catalán como para otros intentos en la misma dirección que se trata de promover en otras Instituciones locales y regionales. Esos razonamientos jurídicos se trata de recopilar en el adjunto informe, que el lector puede consultar en formato PDF.

Como contrapunto documental, incluimos como archivos anexos también los textos íntegros del recurso de inconstitucionalidad y de la Ley 28/2010.